MOCIÓN Que presenta el portavoz del grupo de Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía, Pedro Moreno Brenes, a la consideración de la Comisión de Pleno de Cultura, Educación, Turismo y Deportes, en relación a la memoria histórica en nuestra ciudad.
La presentación del informe final de sobre las fosas comunes de San Rafael, una investigación ha contado con el respaldo de las tres administraciones (Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno) y de la Universidad de Málaga, y a la que asistió por parte de consistorio los portavoces de los grupos municipales y el alcalde de la ciudad, revela que los fusilamientos duraron más de dos décadas.
Nuestro grupo ha conocido, que los asesinatos llevados a cabo en el antiguo cementerio de San Rafael se prolongaron durante más de dos décadas, según se desprende de las excavaciones del camposanto, que fechan inhumaciones que van desde el mes de febrero de 1937 al mes de mayo de 1957. La cifra da buena cuenta de la magnitud de la represión en el recinto, considerado como el mayor cadalso de la represión en el conjunto del país.
Los trabajos, pioneros en España, han permitido recuperar los restos de 2.840 personas. Los cuerpos fueron localizados en diferentes estratos de un total de nueve fosas, la mitad de las consignadas en los archivos oficiales consultados por la Asociación por la Memoria Histórica contra el Silencio y el Olvido. La investigación del colectivo, revela un cómputo de 4.471 fusilados, muchos de los cuales, registrados en primera instancia en San Rafael, fueron trasladados a otros lugares.
El periodo de represión al que se circunscribe la memoria se limita a los restos hallados en el camposanto. Las fosas comunes, y su cotejo documental, demuestran que las ejecuciones se dilataron más allá del fin de la contienda, aunque de manera cada vez más dosificada. Buena parte de los restos corresponde a la primera etapa de la represión. Las semanas posteriores a la toma de Málaga fueron las más cruentas.
La investigación recoge la eliminación de 3.002 personas en 1937 en lo que respecta únicamente en el cementerio, a las que se agregan los cientos de desaparecidos en la huida por la Carretera de Almería, esto demuestra la crudeza de los meses iniciales de la represión.
El Domingo 7 de febrero de 1937, las fuerzas republicanas dan la orden de evacuar la ciudad de Málaga. Es entonces cuando miles de personas huyeron de la ciudad antes la inminente llegada de las tropas franquistas, aunque muchos esperaron hasta el día siguiente para partir.
Finalmente cerca de 200.000 personas huyeron por miedo a la ofensiva lanzada por el general Queipo de Llano. Los malagueños provenientes de diferentes puntos de la provincia comenzaron así su terrible odisea de hambre, terror, desaparecidos, muertes, etc.
La carretera de la muerte fue testigo de la crueldad infinita. Algunos huían en sus coches, otros en tren, pero por la escasez de gasolina, muchos huyeron a pie cargando con comida, ropas y demás utensilios, utensilios de los que después se tendrían que desprender para intentar sobrevivir.
A la vez que intentaban la huida en terribles condiciones, eran bombardeados por tierra , mar, y aire, eran masacrados de forma indiscriminada hombres, mujeres y niños, esos niños que perdieron su infancia en esa carretera de la muerte.
La carretera estaba formada por una alfombra humana de varios kilómetros , alfombra que se iba mermando a medida que tropas, aviones o barcos bombardeaban y asediaban a las miles de personas que trataban de huir de la muerte. La cifras de que pudieron perder la vida en esta carretera en torno a 15.000 personas.
La célebre Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939, declara fuera de la Ley a partidos políticos democráticos y sindicatos. Para esa fecha, miles de personas habían sido ya fusiladas o asesinadas. El gobierno del General Franco llevó a la muerte a miles de personas por el mero hecho de estar afiliadas a un partido, ser republicanos, o profesar los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad.
El 1 de marzo de 1940 se dictó la principal ley represiva del Régimen, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo. La dictadura franquista quiso destruir todo lo que significara o simbolizara el régimen democrático republicano anterior con un ensañamiento tan brutal, que llevó a personas por la simple denuncia de un vecino o adversario ante el tribunal de represión de la masonería y el comunismo. Muchos fueron condenados a la muerte y otros muchos sufrieron años y años de cárcel, fueron desposeídos de sus bienes, etc. El Tribunal Especial estuvo en vigor hasta la creación del Tribunal de Orden Público en 1963, otro tribunal represivo.
El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó por unanimidad, sustituir de una manera inmediata las calles dedicadas a los principales artífices del golpe de estado y la posterior dictadura franquista, así como someter al pleno en un plazo una relación de nombres que deban ser eliminados de la nomenclatura de las vías públicas del Ayuntamiento, de acuerdo a la Ley 52/2007, contando para ello con las opiniones de la Universidad de Málaga.
La ciudad de Málaga tiene una deuda con las víctimas de la brutal represión franquista que sufrió. En el seno del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al igual que en otras Comunidades Autónomas y muchos Ayuntamientos, se han tomado diversas iniciativas para recuperar la dignidad y la Memoria Histórica de las victimas del golpe de estado franquista y la posterior guerra y Dictadura, que en algunos casos han reclamado la incorporación de mejoras en la Ley de Memoria Histórica.
Muchas de las víctimas están siguiendo con extraordinaria preocupación la situación que se está produciendo en relación con la actuación del Tribunal Supremo con motivo de las acusaciones por prevaricación contra el Juez Baltasar Garzón por investigar la represión franquista.
Al margen de consideraciones sobre el trabajo del juez Baltasar Garzón, parece sorprendente que se le abra un expediente de suspensión en base a la admisión a tramite de un querella criminal interpuesta contra el mismo por su actuación judicial para intentar investigar los crímenes imprescriptibles del franquismo.
Produce indignación comprobar que en vez de animar la persecución de los delitos cometidos durante el franquismo contra muchos ciudadanos de nuestro país se persiga a aquellos que intentan contribuir a hacer justicia, es increíble que se ampare a los verdugos y se abandone una vez más a las víctimas.
Es igualmente sorprendente que se pretenda mediante querellas criminales constantes, minar el esfuerzo judicial por intentar esclarecer casos de corrupción. De continuarse la tramitación contra el juez Garzón se estaría poniendo en peligro la investigación de casos de corrupción y del terrorismo criminal que azota España.
No es de extrañar que los demócratas del mundo, organizaciones judiciales, de derechos humanos se hayan escandalizado ante esta campaña de acoso y que hayan mostrado su solidaridad con el juez Baltasar Garzón.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA propone los siguientes:
A C U E R D O S
1.- Que se inicien las actuaciones necesarias para rendir un homenaje de la ciudad a las víctimas de la brutal represión franquista, con especial reconocimiento a aquellos que perdieron su vida en defensa de la libertad y la democracia para nuestro país.
2.- Que se avance en los trabajos de la Comisión Municipal de la Memoria Histórica para someter al pleno La relación de nombres para ser eliminados de la nomenclatura de las vías públicas del Ayuntamiento, de acuerdo a la Ley 52/2007, contando para ello con las opiniones de la Universidad de Málaga.
3.- Que se impulse, dentro del proyecto de uso social de la antigua prisión provincial, la creación del Centro Museo Documental de la Memoria Histórica, dotado de un espacio dentro del equipamiento público previsto en la cárcel de Málaga.
4.- Mostrar la solidaridad y apoyo al juez Baltasar Garzón, ante la campaña de acoso y derribo al que esta siendo sometido, y exigir que las víctimas del franquismo que instaron la iniciación del procedimiento judicial abierto por crímenes del franquismo puedan ser parte en el procedimiento judicial abierto contra el Juez Baltasar Garzón por el Tribunal Supremo.
5.- Pedir garantizar que los procedimientos por terrorismo y corrupción, investigados hasta el momento por el juez garzón continúen y amplíen el ámbito de investigación con objeto esclarecer las responsabilidades penales a que hubiera lugar.
Pedro Moreno Brenes
Portavoz
Málaga, a 9 de Marzo de 2010
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