DIEGO BARCALA - MADRID - 30/06/2009
Los juzgados territoriales no quieren saber nada de las víctimas de la represión franquista. Más de ocho meses después de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibiese en favor de 43 tribunales según el recuento de los denunciantes para investigar esos delitos, tan sólo tres magistrados han aceptado la investigación. La gran mayoría ha optado por archivar la causa y sólo cuatro están pendientes de decidir qué hacer.
Los juzgados territoriales no quieren saber nada de las víctimas de la represión franquista. Más de ocho meses después de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibiese en favor de 43 tribunales según el recuento de los denunciantes para investigar esos delitos, tan sólo tres magistrados han aceptado la investigación. La gran mayoría ha optado por archivar la causa y sólo cuatro están pendientes de decidir qué hacer.
Los denunciantes que acudieron a la Audiencia Nacional están recibiendo un portazo similar por parte de jueces y fiscales. Según la información que han podido recopilar de las inhibiciones, el proceder usual de los jueces está siendo el siguiente. En primer término, se acepta la inhibición de Garzón. Analizado el caso, es considerado un delito común que ha prescrito puesto que fue cometido hace más de siete décadas y, por último, se archiva. La fiscalía está apoyando estas decisiones, por lo que los casos están cayendo en saco roto.
Tan sólo los juzgados de Benavente (Zamora), Palencia y Villacarrillo (Jaen) han optado por otra vía y están investigando el asesinato. En su opinión, no es un delito común, sino de desaparición forzosa, lo que obliga a esclarecer el casos hasta que se conozca todo sobre la víctima. Otros juzgados, como los leoneses de Villablino y Astorga, Ejea de los Caballeros (Aragón) o el de Bilbao están estudiando su decisión. Los juzgados de instrucción de Madrid y Zaragoza han desestimado la denuncia sin más.
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