DIEGO BARCALA - Madrid - 08/07/2009 20:23
Ya hay dos jueces de instrucción que consideran que los generales sublevados en 1936 cometieron delitos que deben ser investigados por la Audiencia Nacional por tratarse, entre otros asuntos, de crímenes contra la humanidad. El juez de San Lorenzo de El Escorial, Miguel Ángel Aguilera, se sumó ayer a la jueza de Granada, Aurora Fernández. Son los únicos de los 43 jueces en los que se inhibió Baltasar Garzón el pasado noviembre que han optado por devolverle la competencia de la causa contra el franquismo.
Ya hay dos jueces de instrucción que consideran que los generales sublevados en 1936 cometieron delitos que deben ser investigados por la Audiencia Nacional por tratarse, entre otros asuntos, de crímenes contra la humanidad. El juez de San Lorenzo de El Escorial, Miguel Ángel Aguilera, se sumó ayer a la jueza de Granada, Aurora Fernández. Son los únicos de los 43 jueces en los que se inhibió Baltasar Garzón el pasado noviembre que han optado por devolverle la competencia de la causa contra el franquismo.
El juez de San Lorenzo estaba encargado de investigar las tumbas que se esconden en el mausoleo del Valle de los Caídos. Sin embargo, considera, en un auto del pasado 2 de julio, que no puede investigar estos hechos de manera "independiente del resto de hechos delictivos". El juez, al igual que su compañera de Granada cuyo cometido era investigar la fosa de Federico García Lorca, argumenta que las "detenciones, secuestros, asesinatos y torturas" pretendían subvertir "el orden constitucional y el poder legítimamente constituido". Por tanto, es un delito contra el Gobierno que corresponde a la Audiencia.
La denuncia analizada por el juez Aguilera fue presentada por Fausto Canales. El padre del denunciante fue asesinado y enterrado en un pozo en Aldeaseca (Ávila) en 1936. Después de 68 años, Canales fue a buscar los restos en 2004. Para su sorpresa no encontró nada y tras investigar en el Archivo General de la Administración descubrió que había sido trasladado al Valle de los Caídos pocos días antes de su inauguración en marzo de 1959. "Se lo llevaron antes para su inauguración, pero a mi tío, que murió en el frente de Brunete, lo trasladaron en 1968", recuerda. Los traslados al Valle de Cuelgamuros, sin el consentimiento de las familias, se prolongaron hasta 1982.
Sólo tres juzgados han asumido la tarea
La devolución de la causa al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional obliga a su titular, Baltasar Garzón, a elevar ante el Tribunal Supremo una nueva cuestión de competencia. El Alto Tribunal agrupará todos los autos en el mismo sentido para dictar un auto único. La mayoría de los juzgados en los que se inhibió Garzón han archivado la causa. Tan sólo tres juzgados han asumido la tarea y han practicado nuevas diligencias como aperturas de fosas o tomas de declaración a los familiares.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que añadió gran parte de la información al sumario de Garzón, espera que más juzgados tomen la misma postura que el de Granada o San Lorenzo de El Escorial. "El de Palencia acabará reenviándolo", pronostica el abogado de la ARMH, Fernando Magán. Este juez señaló en un auto que la competencia correspondía a la Audiencia Nacional.
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