Las fosas gallegas de Garzón

Las asociaciones solicitan a la administración que se encargue de las excavaciones

13 de abril de 2009
Las asociaciones gallegas que trabajan en la apertura de fosas comunes en las que han sido enterradas víctimas del franquismo han iniciado la presentación de denuncias en los juzgados gallegos. Siete enterramientos de la represión en esta comunidad aparecen en el proceso iniciado por el juez Baltasar Garzón para investigar las desapariciones de la Guerra Civil y que tuvo que paralizar en noviembre pasado. El pasado día 18 de marzo, se presentó el primer escrito en un juzgado de la localidad de Porriño solicitando una exhumación.

GABINO PORTO - VIGO “A volta dos nove”, situada en Baredo –Baiona–, recibe ese nombre porque allí fueron fusilados nueve republicanos. En el lugar se encuentran nueve cruces dibujadas en la roca sobre las que todavía de puede leer la frase “Viva la república”, palabras pintadas años más tarde. Tras el fusilamiento, los restos fueron trasladados al cementerio de Baiona; a las puertas de este fue cavada una fosa en la que fueron depositados y cubiertos con tierra.

La de Baiona es una de las siete fosas comunes de Galicia que aparecen en las diligencias abiertas por el juez Baltasar Garzón para investigar las desapariciones del franquismo y que ahora las distintas asociaciones integradas en el proyecto de la recuperación de la Memoria Histórica quieren excavar. Garzón dictó el 18 de noviembre un auto en el que se inhibe en favor de los juzgados locales donde se encuentran los cuerpos. En España hay fosas judicializadas en 64 localidades de 26 provincias.

El pasado día 18 se inició el proceso para realizar las exhumaciones de cuatro cuerpos con la presentación de una denuncia en el Juzgado de Porriño, donde está la fosa de San Salvador de Budiño, también a las puertas del cementerio. “Una vez que estas fosas están judicializadas, esto es, existe una denuncia formal sobre la existencia de las mismas en las diligencias abiertas por Baltasar Garzón, lo que tenemos que hacer es pedir a los juzgados de la zona que inicien el proceso”, indicó Ángel Rodríguez Gallardo, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Ponteareas y uno de los firmantes de la denuncia ante Garzón.Con el proceso, se pretende no sólo que se excaven las fosas sino también que la administración de haga cargo de los trabajos, especialmente de la identificación de los esqueletos, que posteriormente deben ser devueltos a sus familias. Hasta ahora, las fosas se excavaban por voluntarios con donaciones y ayudas y los huesos se enviaban a identificar al País Vasco; la asignatura pendiente para los grupos, que trabajaban en las distintas zonas, era que la identificación también se realizase en Galicia.

Las asociaciones indican que además de estas siete fosas existen otras muchas en la comunidad gallega, algunas de ellas todavía desconocidas y que se van documentando cuando llegan testimonios o se consiguen documentos. A medida que pasa el tiempo y los recuerdos de los mayores se van borrando, quedan menos posibilidades de conocer los lugares y los hechos.

En San Andrés de Xeve –Pontevedra– se encuentra otra de las fosas, cuya apertura debe autorizar el juzgado, donde estarían siete represaliados. El investigador Xosé Álvarez describe en su trabajo Os anos do Medo el testimonio de una niña que tenía diez años y que contó que “fixeron un burato xunto ao cemiterio e botáronos nel colléndoos polos pés, o cura mandou buscar unha saba e tapalos antes de botarlle a terra dicindo: “pobrecitos, no son animales”.

Las fosas gallegas tienen muy pocos cuerpos, salvo en Aranga (Betanzos) donde se cree que están enterrados más de cincuenta represaliados algunos echados dentro sin conocerlos y colocando en los informes “sin identificar”, lo que se intenta ahora determinar por los investigadores voluntarios. Para las asociaciones es necesario que las familias de los fallecidos estén de acuerdo para poder actuar.