Juristas europeos acusan a España de violar el convenio de derechos humanos con la ley de la memoria

5/04/09. El acuerdo de Europa obliga a los Estados a investigar las desapariciones forzosas mientras la norma española lo deja en manos de sus familiares

Levante-EMV, Valencia Jueces y fiscales europeos pertenecientes a la asociación Medel (Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades,) que aglutina a una veintena de organizaciones entre las que se encuentran las progresistas Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, acusan al Gobierno español de incumplir el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos al no investigar por propia iniciativa las desapariciones forzosas durante el franquismo. Así se desprende de las conclusiones a las que llegó la asociación tras unas jornadas celebradas la semana pasada en Madrid, coincidiendo con el 70 aniversario del fin de la Guerra Civil española.

Los magistrados europeos de Medel, que instaron al Gobierno a crear una comisión de búsqueda de esas víctimas y especialmente de los niños desaparecidos durante el franquismo, apoyaron sus conclusiones en los últimos trabajos del profesor del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-la Mancha, Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El investigador, y autor del libro Los casos de los niños perdidos del franquismo, destaca en una de sus últimas publicaciones que la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero viola los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. En éstos se recoge la obligación del Estado de investigar "ipso facto" los casos de desapariciones forzosas de los que se tenga noticia, y a hacerlo "por propia iniciativa de sus autoridades" que deben emprender "una investigación oficial, efectiva e independiente" , reza el convenio.

Sin embargo, el artículo 13 de la Ley de Memoria Histórica deja la localización y recuperación de las víctimas en manos de sus propios familiares o las entidades que actúen en su nombre. Algo que han censurado los magistrados y fiscales de Medel, que recordaron al Gobierno que el citado convenio ha sido además reafirmado por jurisprudencia constante del Tribuna Europeo de Derechos Humanos. Rodríguez cita en su investigación hasta una veintena de sentencias en este sentido.

Para el investigador, el caso español tiene además varias peculiaridades que lo agravan y hacen más necesario si cabe que el Gobierno tome la iniciativa en este asunto. En primer lugar, por el hecho de que se produjeran miles de desapariciones de niños, que se prolongaron hasta mediados de los años cincuenta, y que son personas de las que hay razonables expectativas de vida y a las que se les podría ayudar a reunirse con sus familiares o a conocer al menos su historia. Sin embargo, la Ley de la Memoria, señala Rodríguez, ni siquera hace referencia a estos niños robados de sus madres por su ideología en las cárceles o las colonias infantiles. Pero además, estas desapariciones se produjeron con la participación de los agentes del Estado instaurado con la Guerra Civil, que robaron estos niños a sus madres y se encargaron de modificar los registros civiles, razón de más, apunta el investigador, para que un Gobierno democrático quisiera ayudar a conocer qué ocurrió con los más de 130.000 desaparecidos durante la dictadura, como sí han hecho otros países tras sus dictaduras. "Auto-restitutio" familiar.

Sin embargo, el Gobierno deja en manos de los familiares o de las asociaciones la búsqueda de sus víctimas, limitándose a subvencionar los gastos de las exhumaciones. "Una subvención para desenterrar a sus propios muertos de allí donde el Estado los asesinó de forma atroz y masiva", señala Rodríguez en su trabajo en el que censura también que "a las alturas de 2007 dicha suerte de 'auto-restitutio' familiar haya sido estimda por nuestras autoridades democráticas como un mejor modelo a seguir".

A esto se une la dificultad de familiares y asociaciones para iniciar este proceso. Tras la inhibición del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de la causa abierta por los desaparecidos del franquismo, hace unos días el caso llegó al juzgado de instrucción número 12 de Valencia. Sin embargo, para abrir diligencias este juzgado necesita casos concreetos que investigar porque los familiares que sabían de niños robados en el franquismo han muerto en su mayoría y muchos de aquellos niños son hoy personas de más de 70 años que en muchos casos no saben o no quieren saber. Será el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia la que tendrá que emplearse a fondo para recuperar casos concretos que investigar si no quiere que la causa se cierre en falso.

Pero además, según Rodríguez, el hecho de que el Estado delegue "impropiamente" las exhumaciones en manos de los familiares compromete la validez probatoria de los restos que se puedan encontrar en fosas comunes, que "son el escenario de un crimen".