Garzón, a un paso de ir a juicio por investigar los crímenes franquistas

• El instructor del Supremo afirma que el magistrado incumplió la ley de memoria histórica

• Varela solicita a la sala penal que le ayude a inhabilitar al juez de la Audiencia Nacional

MARGARITA BATALLAS MADRID 5/2/2010
El magistrado Baltasar Garzón se halla a un paso de sentarse en el banquillo por investigar los crímenes de la dictadura franquista. El juez del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela afirmó ayer que su colega prevaricó cuando decidió abrir un proceso penal para que la exhumación de las fosas de los desaparecidos durante ese periodo corriera a cargo del Estado y no de los familiares, como estableció la ley de memoria histórica, aprobada en el 2007. También le acusa de incumplir la ley de amnistía de 1977, pues sostiene que dichos crímenes han prescrito y están amnistiados.

No obstante, en el auto Varela lanza la piedra y esconde la mano, ya que pasa la pelota a sus colegas de la sala penal al posponer su decisión de abrir juicio contra Garzón hasta que los magistrados que admitieron la querella contra el juez de la Audiencia Nacional ratifiquen su decisión de negarse a archivar esta causa que fomentó el sindicato ultraderechista Manos Limpias y a la que se acabó sumando la Falange.

Garzón conservará su plaza en la Audiencia Nacional hasta que la decisión de llevarle a juicio sea firme. Llegado ese momento, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría acordar su suspensión de la carrera judicial hasta que el Supremo dicte sentencia. El magistrado se enfrentaría entonces a un pena de inhabilitación que puede alcanzar incluso los 20 años.

Varela aprovecha su resolución para saldar cuentas con Garzón por haber atendido las peticiones de los familiares de las víctimas del franquismo que le solicitaron que localizara a sus allegados desaparecidos y que esa labor fuera costeada además por el Estado y no por ellos, como establece la ley de memoria histórica, impulsada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

«CONTROLAR LAS EXHUMACIONES» / El Supremo sostiene que Garzón comenzó a instruir este proceso para «controlar las exhumaciones», y que lo hizo además incumpliendo la ley de amnistía de 1977, que «fue aprobada por las mismas Cortes que elaboraron la Constitución democrática». Por esta razón, Varela acusa al togado de la Audiencia Nacional de «hacer inefectiva la voluntad que la sociedad democrática y los poderes legítimos y democráticos del Estado» habían expresado en esta norma.

El juez del Supremo subraya asimismo que «nunca antes» de las pesquisas de Garzón se habían investigado dichos crímenes y «que no es razonable pensar que nos encontramos ante una especie de conspiración de silencio de la que serían protagonistas todos quienes le precedieron en el escalafón judicial y en el ministerio fiscal». Además, Varela afirma que la competencia para resarcir a las víctimas «viene atribuida a las administraciones públicas», aunque admite que los familiares de los desaparecidos han intentado «buscar atajos en el uso indebido del cauce penal» para que el Estado costee las labores de exhumación.

«POSICIÓN INACEPTABLE» / Finalmente, señala que los delitos perpetrados durante la dictadura franquista están «prescritos y amnistiados». Y acusa a Garzón de mantener una posición «jurídicamente inaceptable» por calificar las desapariciones como crímenes de lesa humanidad para evitar su prescripción. El juez del Supremo sostiene que los móviles «altruistas» de su compañero de la Audiencia Nacional de amparar a las víctimas «no eximen ni atenúan» su responsabilidad penal.

En el auto de 51 folios, Varela dicta más una sentencia condenatoria que una resolución de trámite. Además, convierte un debate jurídico y político sobre la dictadura en una actuación delictiva de Garzón.