ElPaís.com. J. Y. - Madrid - 14/02/2010. El magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina participó en la redacción de la sentencia que acabó con las dos leyes de Obediencia Debida y Punto Final que perdonaban los delitos cometidos por el régimen durante la dictadura militar en ese país. El juez, considera que el juicio a su colega de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón "da la sensación de que España trata de ocultar la existencia de crímenes contra la humanidad". Zaffaroni, que ha sido propuesto por Garzón como testigo en la causa que se sigue contra él en el Supremo, considera que la situación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo "se parece un poco a lo que ocurre en Turquía". "No hay sobrevivientes que pudieran ser responsables de los crímenes, pero está en juego el derecho a la verdad y la recuperación de restos".
Sobre cómo se ve en Argentina el proceso contra Garzón, Zaffaroni responde: "Se tiene una impresión bastante negativa. Garzón ha luchado para que no queden impunes crímenes ocurridos durante la dictadura militar en Argentina, por lo que no se entiende que pueda ser imputado por intentar perseguir ese tipo de delitos ocurridos en España durante la dictadura del general Franco". Zaffaroni explica los argumentos que siguió la Corte Supremo para invalidar las leyes de amnistía para los militares argentinos. "Nos basamos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la matanza de Barrios Altos, en Perú, donde se declararon nulas las autoamnistías que se otorgaron los militares", declara. El magistrado explica que hay más de 500 procesados por los crímenes cometidos durante la dictadura militar y que ya hay muchas sentencias definitivas.
Respecto a cómo se juzgó en Argentina el secuestro de niños y su posterior entrega a las familias de los secuestradores, Zaffaroni destaca que "la privación del estado civil, y el secuestro de niños lo es, es un delito permanente. Es decir, el delito se sigue cometiendo mientras no se dé cuenta del paradero del secuestrado. Es doctrina universal aceptada por todos los países, no tiene que ver con el código penal de cada país".
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