15 de enero de 2014

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"Muero contento, porque equivocado o no, muero por una idea" Manuel Barreiro dos días antes de ser fusilado 12/3/1939

jueves, 28 de mayo de 2009

La justicia da la espalda a las víctimas de Franco

La mayoría de juzgados ignora las demandas de apertura de fosas de la Guerra Civil. Sólo tres jueces, de Palencia, Zamora y Jaen, han atendido ya a las asociaciones que acudieron a Garzón

DIEGO BARCALA - MADRID - 28/05/2009 07:22
Las asociaciones de víctimas del franquismo llevan una década llamando sin éxito a los juzgados para que los crímenes que dejaron a sus antepasados bajo una cuneta sean juzgados. Cada vez que un fusilado es exhumado, informan al magistrado correspondiente. La respuesta habitual suele ser el silencio. La mayoría de jueces no acude a la fosa ni para identificar si los restos son humanos. Desde que fue aprobada en diciembre de 2007 la Ley de la Memoria Histórica tienen una excusa más. "La apertura de fosas corresponde al Gobierno", argumentan.

El intento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir un juicio contra el franquismo basado en las denuncias de familiares de fusilados en 63 fosas tampoco ha tenido éxito. Tan solo tres juzgados Benavente (Zamora), Palencia y Villacarrillo (Jaen) de los 43 tribunales provinciales en los que se inhibió el pasado noviembre han continuado con la causa.

Uno de los últimos juzgados que ha escurrido el bulto ha sido el de la jueza de Ponferrada (León), María del Carmen Santos, que ha intentado adjudicar el caso a su colega de guardia, a pesar de que fue su sala la que recibió la inhibición de Garzón para investigar la fosa de Toral de Merayo. La magistrada admite que los hechos contituyen un delito pero niega su competencia. Sin embargo, esta misma magistrada sí abrió diligencias previas en 2002 para investigar una fosa en Magaz de Abajo (León). Las asociaciones creen que la presión mediática suscitada por las diligencias abiertas en 2008 por Garzón ha inyectado miedo en algunos jueces.

Archivo de la causa

La mayoría de los jueces en los que delegó Garzón no ha tomado una decisión, aunque los denunciantes creen que la postura mayoritaria será el archivo del caso, como ya ha ocurrido en O Porriño (Pontevedra) y en Moguer (Huelva).

El magistrado del juzgado de Palencia, Miguel Ángel Martín Maestro, es por contra el que más entusiasmo ha puesto en continuar la investigación. En un auto de "obtención de información" del pasado 15 de abril argumentó su decisión: "La identificación de los responsables, la reparación de las víctimas y la hipotética depuración de responsabilidades obliga a los Gobiernos y a la Administración Pública, entre la que se encuentra la Administración de Justicia, a no limitarse a una simple declaración de prescripción[de los hechos]".

Este juez ha enviado esta semana a agentes de la Guardia Civil a entrevistar a aquellos que han trabajado en la recuperación de los restos humanos de la fosa de Villamediana (Palencia). Los agentes han tomado asimismo declaración a los familiares de las 13 personas de Dueñas que fueron secuestradas y posteriormente asesinadas en Villamediana. El juez asegura que son pruebas para investigar un posible crimen por "desaparición forzosa". El auto llega a pedir pruebas que identifiquen a los "autores materiales de la detención, secuestro, traslado y asesinato de las víctimas (...), así como responsables militares, policiales o políticos".

Otro de los juzgados favorables a la apertura de una causa penal, el de Benavente (Zamora), ya ha puesto fecha a la exhumación de los restos de la fosa de Santa Marta de Tera. Será el próximo 8 de junio.

La Guardia Civil también ha tomado testimonios de familiares de los asesinados en la fosa de Sorihuela de Guadalimar (Jaen). El juez de Villacarrillo, Florencio Rodríguez, les ha pedido que informen sobre "si se han exhumado cadáveres y, en su caso, si están identificados, así como su actual localización". Uno de los fusilados en esta fosa es el abuelo de la mujer del juez Garzón.

O Porriño se niega

El tribunal de O Porriño (Pontevedra) se niega a investigar el crimen de cuatro canteros asesinados en 1936 y enterrados en la localidad pontevedresa de Salceda de Caselas. El juez archivó el pasado 29 de abril la causa al considerar que el hecho denunciado "no es constitutivo de delito" al no tener una finalidad penal. El magistrado añade la siguiente reflexión: "Si aún así se abriese, se pondría en marcha un mecanismo de diferentes diligencias y actuaciones procesales dirigidas a la nada, lo cual conllevaría retraso y acumulación de otros asuntosmerecedores de tal labor".

Los denunciantes han recurrido a la Audiencia Provincial de Pontevedra. La Asociación Memoria Histórica Do 36 de Ponteareas cree que el archivo les deja "indefensos".....

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