Comunicado del Equipo Nizkor

Equipo Nizkor

Quienes hacemos posible el trabajo del Equipo Nizkor y Radio Nizkor deseamos que el nuevo año 2010 sea un año en el que la justicia, las libertades civiles y los derechos económicos se fortalezcan.

Este deseo es idéntico al que hacíamos el pasado 2009, cuando decíamos que era “especialmente importante dado que hemos entrado en una etapa de deflación económica internacional para la que, a pesar de los discursos gubernamentales, no hay una hoja de ruta, por lo que debemos estar atentos a que las soluciones no se pretendan implementar sin justicia, sin libertades civiles y sin respeto a los derechos económicos y sociales”.

Esta situación es, en gran parte, consecuencia de la denominada desregulación de los agentes económicos, de las privatizaciones masivas del sector público y de la violación sistemática de las normas éticas y legales de administración y gestión en las grandes instituciones financieras y bancarias.

En general, los Gobiernos de los países centrales han decidido financiar con fondos públicos a instituciones financieras que son responsables de esta crisis sistémica y han dejado tanto a los trabajadores, como a los pequeños y medianos empresarios, sin la asistencia social y financiera necesaria. Esta asistencia responde, no sólo a una evidente cuestión de solidaridad y justicia social, sino también a la necesidad de mantener la denominada “demanda agregada”.

Durante 2010 los efectos de la crisis económica se harán presentes de forma violenta en millones de familias en todo el mundo. Es éste, pues, el momento de recordar la vigencia de los derechos económicos y sociales, de la justicia social y que se apliquen instrumentos como la "Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional" y la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción".

En el ámbito de la impunidad en derechos civiles y políticos, ha habido avances importantes en el desmantelamiento de los sistemas de impunidad en Argentina, donde en 2009, en once juicios orales, han sido condenados por crímenes contra la humanidad 34 oficiales militares, frente a los seis juicios y 20 condenados durante 2008; a finales de 2009 son 88 las causas elevadas a juicio.

En Chile se han dictado aproximadamente 275 condenas de oficiales militares y responsables de graves violaciones contra la derechos humanos durante la dictadura del General Augusto Pinochet, si bien no se han cumplido las demandas que la Corte Interamericana de Derechos humanos realizó al sistema judicial chileno en la sentencia del Caso Almonacid.

Sin embargo, en Uruguay se perdió una vez más la oportunidad de terminar con las leyes de impunidad y, a pesar de un avance claro en el campo de las libertades civiles, queda aún casi intacto el modelo de impunidad implementado a partir del modelo español.

Precisamente en España se han cumplido dos años de la promulgación de la denominada Ley de la Memoria, calificada por nosotros y otras setenta organizaciones de víctimas del franquismo como una “ley aberrante”. Estos dos años de vigencia han demostrado que la voluntad de la práctica totalidad de los partidos políticos es continuar defendiendo la “legalidad” del régimen jurídico impuesto por el General Francisco Franco. Se ha continuado con la práctica de los desenterramientos ilegales, esto es, sin participación de autoridad judicial alguna. El último de los incidentes de esta naturaleza fue el vergonzoso y patético intento de utilizar perversamente la memoria del poeta Federico García Lorca.

También debemos recordar a todos los hondureños que han hecho frente al golpe conservador y reaccionario acaecido en la República de Honduras y que ha sido apoyado silenciosamente por los Gobiernos estadounidense y español, con la clara intención de promover el enfrentamiento entre los países latinoamericanos justamente cuando comenzarán los festejos de los 200 años de la independencia. Esperemos que durante 2010 los países de UNASUR, encabezados por Brasil, y los del ALBA, encuentren una solución que permita restablecer la normalidad democrática.

En Colombia se ha puesto en evidencia – mediante procedimientos judiciales y con un nivel de prueba jurídica indisputable–, cómo un gobierno puede utilizar las denominadas “últimas tecnologías” para implementar un modelo de control político social.

El DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), que depende jerárquicamente del Presidente de la República, a través del G-3 (nomenclatura estandarizada de los departamentos o secciones de contrainteligencia), llevó a cabo la ejecución de un plan, como mínimo desde 2003 a 2008, para perseguir a organizaciones de derechos humanos, periodistas de investigación y magistrados de las Altas Cortes. Esperamos que los dos procedimientos judiciales existentes en este momento puedan probar las responsabilidades penales individuales de cuantos participaron en lo que podemos calificar como “organización criminal”.

Este caso debe servir para que se comprenda el funcionamiento de este tipo de modelos de control político social, los cuales pueden ser desarrollados en cualquier país, incluso en aquéllos que tienen sistemas democráticos estables. Es, a nuestro entender, la primera vez que se llega a probar el funcionamiento práctico de un sistema de contrainteligencia utilizado para inducir, destruir, perseguir y neutralizar a movimientos y organizaciones sociales.

Nuestra intención como organización especializada en la aplicación del derecho penal internacional es agotar todos nuestros esfuerzos para que los responsables de estos hechos sean llevados ante un tribunal y depuradas sus responsabilidades según los estándares propios del derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, los cuales son de aplicación obligada por parte de la justicia colombiana.

Al terminar un año y comenzar otro nuevo debemos un especial recuerdo hacia aquéllos que hicieron frente a la opresión o fueron víctimas de modelos de control político social basados en el exterminio.

Por la memoria de todos ellos, los que no olvidamos, los que recordamos siempre, debemos continuar con la defensa de la paz con justicia y derechos humanos para eliminar por siempre los modelos de impunidad y sus perversas consecuencias sobre las libertades civiles.

Equipo Nizkor 31 de diciembre de 2009