NOTA DE PRENSA Hoy, 10 de septiembre de 2009, poco después de mi comparecencia ante el Juzgado de Ejecutorias Penales, número 7 de Madrid, un portavoz del servicio de prensa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha declarado a los medios de comunicación que: 'el condenado no dispone de recursos económicos para proceder al pago de la multa', omitiendo deliberadamente la primera parte de mi declaración (de cuya literalidad existe prueba documental certificada), en la que yo manifesté que: 'El condenado no tiene intención de pagar la multa'.
El portavoz ha indicado también, que se podría disponer la prestación de servicios a la comunidad (a lo que no se me puede obligar, porque nuestra legislación no contempla la posibilidad de condena a trabajos forzados, por lo que debería contar con mi aceptación, que no obtendrá). En mi opinión, 'servicios a la comunidad' sería una forma de describir los hechos que originaron este proceso penal.
Pero la realidad es bien distinta a las declaraciones del portavoz de los servicios de prensa del TSJM: esta mañana, en mi comparecencia ante la secretaria judicial ME HE NEGADO explícitamente a pagar la multa, alegando que ello 'sería contrario a mis convicciones políticas'. Mi declaración se ha efectuado en presencia de cinco funcionarios del Juzgado de Ejecutorias Penales número 7 de Madrid y además, dos testigos que me acompañaban.
El portavoz de los servicios de prensa del TSJM también ha comunicado a la prensa que, 'se puede proceder al embargo de mis cuentas bancarias, u otros bienes' (en referencia a mi domicilio conyugal), algo ante lo que no puedo más que mostrar mi asombro: francamente, si eso llegara a ocurrir, sería más propio de la administración de justicia norcoreana, que de la de un Estado Democrático y de Derecho.
Por su parte, la secretaria judicial ha tomado nota de mi declaración y ha anunciado que el Juzgado aplaza su decisión para los próximos días (probablemente, cuando remita la presión mediática).
En cuanto a mi: mantengo y mantendré firme mi posición: por el hecho de restituir la bandera republicana en el lugar de la monárquica, no tengo conciencia de haber cometido el delito de ultrajar a mi país, por lo que declaro mi intención de negarme a satisfacer voluntariamente cualquier tipo de pena. Si la Justicia decide ejecutar su condena, deberá hacerlo mediante el uso de la Fuerza Pública.
Un cordial saludo,
Jaume d'Urgell
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