Más de 100 profesores, investigadores y docentes de EEUU apoyan al Juez Garzón y denuncian la perpetuación de la impunidad en el Estado español

Entre los firmantes hay catedráticos, profesores titulares, investigadores, y doctorandos, que representan a universidades de todo el país
Rebelión 22/4/10
Como profesores e investigadores de la Guerra Civil y la dictadura franquista de distintas universidades norteamericanas queremos expresar nuestro más profundo desacuerdo con la reciente decisión del Tribunal Supremo de procesar al juez Baltasar Garzón. Independientemente de la opinión que nos merezcan las actuaciones del Juez Garzón en otros ámbitos, estamos convencidos de que la decisión y los argumentos del Juez Luciano Varela contribuyen decisivamente a consolidar la impunidad y ampliar la situación de desamparo que sufren las víctimas de la represión franquista. Los sobrevivientes de la violencia exterminadora del franquismo y sus familiares llevan décadas esperando que la justicia española esclarezca y castigue a quienes sean responsables de delitos tan graves como la desaparición forzada, la tortura o el secuestro de niños.
La causa abierta contra el franquismo por el Juez Garzón era un primer paso para revertir una situación de impunidad y desamparo establecida durante la dictadura y consolidada durante la transición a la democracia. Por ello, invocar la ley de amnistía de 1977 como fundamento para procesar al Juez Garzón por carecer de competencias no es más que una fórmula legal para seguir perpetuando la impunidad dictada por el aparato legal del franquismo. El propio Juez Garzón en su auto de procesamiento contra Pinochet y otros jueces de la Audiencia nacional en casos similares, han revocado leyes de amnistía por entender que el delito de desaparición forzada no prescribe y por considerar que el exterminio planificado y sistemático de un grupo (i.e. “los rojos”) constituye un delito de crímenes contra la humanidad y/o genocidio que, como tal, puede ser perseguido en cualquier juzgado del mundo. En este sentido, cabe señalar que estos argumentos legales aplicados a otros países (Chile, Argentina) se llevaron a cabo sin que ningún juez fuera procesado por ello y con el apoyo mayoritario de la sociedad civil española. Por tanto, exigimos al Tribunal Supremo y a la judicatura española que sea coherente con sus propias decisiones legales y que aplique en España las leyes del derecho internacional que con tanta vehemencia ha aplicado en otros países que han sufrido episodios similares de violencia política y exterminio
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