La Falange pide apartar 20 años a Garzón de la carrera judicial

El Poder Judicial a plaza el debate sobre la suspensión del magistrado.´Financial Times´ denuncia el "intento de acabar con un valiente funcionario".
20/04/2010 EL PERIÓDICO La Falange Española de las JONS se ha dado prisa y ayer presentó ante el Tribunal Supremo (TS) su escrito de acusación contra el juez Baltasar Garzón. La organización heredera de uno de los pilares de la dictadura del general Francisco Franco coincide con el instructor del caso, el magistrado Luciano Varela, en pedir que se abra contra el magistrado de la Audiencia Nacional un juicio oral por prevaricación al haberse declarado competente para investigar los crímenes de la guerra civil y la dictadura. Además, la organización propone la sanción más alta prevista por el ordenamiento jurídico español: 20 años de inhabilitación y 24 meses de multa.
CAUSA POLÍTICA En el escrito, los falangistas acusan al juez de la Audiencia Nacional de pretender hacer desde su juzgado "una causa política para la que sabía que no era competente" e invocan numerosa legislación, como la ley de amnistía de 1977. También reclaman al juez 300.000 euros de fianza para hacer frente a los gastos en los que ha incurrido la Administración por la instrucción de la causa.
El pasado 7 de abril, el juez Varela dio a las partes un plazo de 10 días hábiles para que presentaran un escrito de acusación o pidieran el sobreseimiento. Otro de los querellantes, Manos Limpias, lo hará mañana, mientras que la fiscalía solicitará en los próximos días el cierre del caso.
El jueves estaba también previsto que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiara la suspensión cautelar del magistrado de la Audiencia Nacional, pero el debate finalmente se ha aplazado. El auto de Varela instando a la suspensión no ha llegado antes de que se cerrara el orden del día, por lo que habrá que esperar al siguiente pleno.
ATAQUE INJUSTIFICADO Mientras, la prensa internacional sigue ofreciendo muestras de perplejidad y apoyo al magistrado. Ayer fue Financial Times, nada sospechoso de progresismo, el que se pronunció sin ambigüedades.
En su editorial, el periódico británico presentó el caso como un "intento políticamente motivado de difamar y acabar con la carrera de un valiente funcionario que ha combatido terroristas y a los artífices de la guerra sucia contra ETA, que ha luchado contra la corrupción y la tiranía". El rotativo británico añadía también que se trata de "un ataque injustificado que habla muy mal del sistema judicial español, cada vez más politizado".