EFE - Brasilia - 21/12/2009 El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha presentado un plan nacional de derechos humanos, que entre otros puntos propone crear una Comisión de la Verdad para esclarecer los crímenes cometidos durante la última dictadura.La creación, el alcance y el marco de acción de esa instancia deberán ser definidos por el Congreso, pero aún así el castigo de las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1964 y 1985 -período en el que gobernó el último régimen militar- dependerá de una decisión del Supremo Tribunal Federal.
Desde hace más de un año, la corte estudia una demanda presentada por la Orden de Abogados en la que se plantea la revisión de una Ley de Amnistía dictada en 1979 que benefició a los opositores de la dictadura pero también a los acusados de infligir torturas. La demanda, respaldada por organizaciones humanitarias, sostiene que las violaciones de los derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad que, según acuerdos internacionales de los que Brasil es signatario, no prescriben y deben ser juzgados.
En un acto público realizado para presentar el programa, que abarca también otras áreas de los derechos humanos, Lula ha reiterado su opinión de que lo más importante no es buscar castigo para los militares.
"Sufriremos mucho menos si convertimos a nuestros muertos en héroes", ha declarado el presidente, quien apuntó que "lo importante es saber y tener conciencia de que valió la pena" la lucha contra la dictadura que imperó entre 1964 y 1985. Lula ha admitido, en alusión a los cerca de 200 desaparecidos por causas políticas que hubo en Brasil, que "una madre nunca se va a quitar de su corazón el sufrimiento de no enterrar a su hijo", pero ha insistido en que "lo más importante es saber que la vida de ese chico valió la pena".
Crear un banco de datos
El secretario nacional de Derechos Humanos, Paulo Vanucchi, explicó que el trabajo de la comisión que propone el Gobierno será "escuchar a los familiares de las víctimas y esclarecer qué pasó con ellas", con el objetivo de constituir un banco de datos que sea público y también que se "impida la repetición de hechos semejantes". Vanucchi admitió que, para su despacho, no es una "propuesta ideal", pero sí la que "es posible" dentro del "juego democrático".
En otros aspectos, el programa anunciado también plantea la redacción de un proyecto de ley que regularice el casamiento de parejas homosexuales y otro que incluya en la educación pública la enseñanza de lo que define como "diversidad religiosa".
El programa contempla además los derechos de las personas con deficiencias físicas y propone proyectos especiales dirigidos a garantizar el acceso de individuos con problemas de locomoción a los estadios deportivos y centros culturales
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