13.12.09 - MARÍA JOSÉ PACHECO Las dos Españas, ésas de las que habló Machado, siguen sin reconciliarse del todo. Ni siquiera la tan conocida como polémica Ley de la Memoria Histórica, de la que hace apenas unos días se celebró el segundo año de su entrada en vigor, ha sido la herramienta que muchos esperaban para dejar atrás el pasado y «para ampliar los derechos de los que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, para promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar y para adoptar medidas que supriman aquellos elementos que creen división entre los ciudadanos».Dos años después de la aprobación de esta norma por las Cortes Generales, en la ciudad de Jerez la memoria histórica es un tema olvidado, en el dique seco, sobre todo porque los iniciales intentos del gobierno local por crear un grupo de trabajo en el que todas las sensibilidades estuvieran representadas aún no ha dado frutos concretos, aunque sí sirvió para avivar la polémica en la calle, entre unos ciudadanos que no siempre se mostraron a favor de cambiar la nomenclatura de algunas calles que recordaban a políticos o militares del régimen franquista. Lo cierto es que en Jerez todo sigue igual que a final de 2007 pese a que el artículo 15 de la mencionada Ley de Memoria Histórica dice textualmente que «las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas». La misma normativa incluye excepciones en los casos en los que «las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley», lo que protege al patrimonio de las iglesias.
Así, en la ciudad, y pese al mandato de esta ley, los ciudadanos pueden seguir contemplando el gigantesco escudo preconstitucional con el emblema franquista de «Una, grande y libre» que preside la entrada al colegio Isabel la Católica; o los escudos, yugos y flechas de la fachada de la Escuela de Arte y Oficios; sin olvidar los nombres de calles, barriadas, colegios y hasta pedanías y poblaciones rurales que recuerdan a políticos y militares del régimen. Por poner sólo un ejemplo, ahí está Majarromaque, que sigue siendo conocida -y así lo atestiguan los paneles informativos a su entrada- como barriada José Antonio (en recuerdo al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera).
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