Sólo el PP y descendientes de los fascistas presentan alegaciones contra la supresión de símbolos de la dictadura en A Coruña
PAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 10/12/2009
La lenta retirada de la abundante simbología franquista en A Coruña, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en vigor desde hace dos años, tendrá segunda parte en los tribunales. La familia del teniente coronel Jesús Teijeiro Pérez, activo colaborador de los sublevados bajo las órdenes de Franco, denunció la decisión del Ayuntamiento de retirar su nombre de una calle.
La lenta retirada de la abundante simbología franquista en A Coruña, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en vigor desde hace dos años, tendrá segunda parte en los tribunales. La familia del teniente coronel Jesús Teijeiro Pérez, activo colaborador de los sublevados bajo las órdenes de Franco, denunció la decisión del Ayuntamiento de retirar su nombre de una calle.
La lenta retirada de la abundante simbología franquista en las calles y edificios de A Coruña, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en vigor desde hace dos años, tendrá segunda parte en los tribunales. La familia del teniente coronel Jesús Teijeiro Pérez, fallecido en Asturias a los pocos meses de estallar la Guerra Civil en la que fue un activo colaborador de los sublevados bajo las órdenes de Franco, denunció en los juzgados la decisión del Ayuntamiento de retirar su nombre de una calle. Los descendientes de este destacado organizador de las milicias armadas denominadas Caballeros de La Coruña y al frente de las tropas que irrumpieron en Oviedo en noviembre de 1936 son, de momento, los únicos que recurrieron la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
El gobierno local, sobre todo los socialistas, que llevan más de un cuarto de siglo en la alcaldía, temían más oposición vecinal a la retirada de símbolos franquistas, como la imponente estatua de Millán-Astray, y al cambio de nombre de una veintena de calles dedicada a los que participaron en el golpe de Estado de 1936 o durante la posterior dictadura. Fue una de las causas por las que se tardó en aplicar la ley en vigor desde hace dos años. Pero al final, contra el complejo proceso ideado por los poderes locales, que se valió de un informe de expertos para llevar adelante la supresión de un listado recortado de títulos y conmemoraciones a represores, sólo se presentaron ese recurso judicial y previamente tres alegaciones.
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