19/11/2009DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
DELEGADA, DÑA. AMPARO VALCÁRCE
C) Miguel Ángel, 25
28071 - MADRID
Estimada Sra.:
La Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo (CCVF) ha tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que la Fundación Nacional Francisco Franco, así como Fuerza Nueva y otros grupos fascistas, han convocado nuevamente este año en la Comunidad de Madrid actos para recordar y honrar la memoria de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera. La Fundación invita a la asistencia de dos misas públicas, una en la Basílica del Valle de los Caídos, a las 11 de la mañana del día 20 de noviembre y otra en la Iglesia de San Jerónimo el Real, a las 8 de la tarde del día siguiente, 21 de noviembre. Fuerza Nueva, por su parte, convoca a una concentración en la plaza de Oriente el día 22 de noviembre a las 12 de la mañana.
Como representantes de numerosas víctimas del genocidio franquista, denunciantes de sus verdugos ante la Audiencia Nacional por crímenes de lesa humanidad, nos dirigimos a usted para exponerle lo siguiente.
Durante los últimos 34 años, sin que los poderes públicos lo hayan impedido, la Iglesia Católica y la Fundación Nacional Francisco Franco, además de algunos otros grupos fascistas, han venido conmemorando y ensalzando las figuras del dictador y de José Antonio Primo de Rivera, jefe del partido fascista español y uno de los cabecillas de la trama civil del golpe de Estado contra la República. Estos actos conmemorativos se han venido llevando a cabo en locales pertenecientes a la Iglesia católica, así como en carreteras de la Comunidad de Madrid y en diversas calles de la capital.
Si es ya de por si indigno que el estado español haya consentido, durante estos 34 años, el ensalzamiento de los cabecillas de una banda armada que se alzó contra el Gobierno de España, destruyó los cimientos del estado democrático, extermino a más de 140.000 españoles y españolas, y violó todos nuestros derechos durante 40 años, es esperpéntico que ni siquiera haga prevalecer la legalidad que el mismo ha elaborado y aprobado.
En efecto, la Ley 52/07, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, a pesar de su extrema cicatería para con los cientos de miles de demócratas asesinados, encarcelados, depurados, secuestrados y exilados, y a pesar de su exquisita delicadeza para con los asesinos a los que ni siquiera menciona, dice en su preámbulo que:
“nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática”.
Si esto es así, nos preguntamos cual es la razón de que el año pasado, primero de vigencia de la Ley 52/07, el estado español consintiera la celebración de actos de ensalzamiento de los golpistas. Actos públicos y publicitados, celebrados en establecimientos de la Iglesia católica y en la vía pública, en los que los asistentes hicieron ostentación de fotos de los homenajeados, carteles y otros símbolos de exaltación personal y colectiva de la sublevación militar, además de provocar altercados y disturbios que produjeron alteraciones del orden público con el consiguiente peligro para la seguridad ciudadana.
¿Puede la Iglesia católica realizar actos públicos de ensalzamiento de personas que establecieron regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, condenables y repudiables por nuestra sociedad democrática? ¿Sería permisible la invitación, realizada a través de un medio de comunicación, de asistencia a un acto público de enaltecimiento del terrorismo aunque éste tuviera lugar en el interior de un local de una institución privada?
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