Urge al Gobierno a colaborar con la justicia Argentina y a dotar a la Ley de Memoria de fondos adecuados para su eficacia
EUROPA PRESS
- MADRID 30/09/2013
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de
Naciones Unidas, que ha visitado España durante la última semana y se
ha reunido con distintas autoridades y con asociaciones de víctimas del
franquismo, ha instado al Estado español a juzgar las desapariciones que
tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la Dictadura, así como a
emprender las reformas necesarias para que éstas no se consideren
crímenes sujetos a la Ley de Amnistía de 1977.
Así consta en el informe preliminar aprobado por los dos miembros de
este grupo de trabajo -Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky- que han
mantenido contactos con representantes del Gobierno central y de varias
comunidades autónomas, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y la
sociedad civil.
El objetivo de su visita, que tiene
su base en una invitación del Gobierno, era examinar las principales
iniciativas y políticas emprendidas por el Estado español sobre
cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias, en
particular los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la
reparación y la memoria para las víctimas de estos crímenes.
En su primer informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo de
trabajo constata que en España no se tiene en cuenta "el carácter de
delito de lesa humanidad" en el caso de las desapariciones cometidas
durante la Guerra Civil y la dictadura. "Esta interpretación es
contraria a las obligaciones internacionales de España y se recomienda
su modificación", reza el texto.
Delitos imprescriptibles
En concreto, instan "al Estado español a juzgar las desapariciones
forzadas a la luz de estas obligaciones internacionales y a establecer
legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas o
la determinación de que la prescripción solo puede comenzar a
computarse a partir del cese de la desaparición forzada".
En paralelo, solicitan la puesta en marcha de medidas legislativas y
judiciales, para asegurar que las desapariciones forzadas "no sean
crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto la
Ley de Amnistía de 1977", como, según recalcan, ya han recomendado
distintos organismos internacionales.
Asimismo,
constatan que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009
restringió "manera considerable la competencia de los tribunales
españoles y la aplicación del principio de jurisdicción universal", en
contraste con la legislación anterior.
De hecho,
subraya que antes de esa reforma España había realizado "importantísimas
contribuciones al desarrollo de la jurisdicción universal" mediante por
ejemplo la investigación de crímenes de las dictaduras
latinoamericanas", lo que demuestra "la capacidad de la judicatura
española de investigar seria y sancionar cabalmente las graves
violaciones a los derechos humanos, incluidas las desapariciones
forzadas".
El tiempo apremia
Por ello, el grupo de trabajo llama a los tribunales españoles a
asegurar que aquella reforma de 2009 "no obstaculice el ejercicio de su
jurisdicción universal sobre actos de desaparición forzada". También
anima a España a ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de
los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y a incluir
en el nuevo Código Penal como delito autónomo la "desaparición forzada".
En su informe también remarcan que, ante la "situación de impunidad de
los responsables de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la
dictadura", las víctimas españolas han "solicitado a los tribunales de
Argentina ejercer la jurisdicción universal" y emplaza al Gobierno a
"prestar todo el auxilio judicial en lo que respecta a cualquier
procedimiento penal relativo a delitos de desaparición forzada que se
lleve a cabo en cualquier país por casos de desapariciones forzadas en
España".
Para los expertos de la ONU, la avanzada
edad de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez
con vida a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura
hace necesario que el Estado actúe "urgencia y celeridad" en esta
materia.
La labor del juzgado de Garzón
El grupo de trabajo también llama al Estado a proporcionar los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente, a abrir un proceso regular de consulta con los familiares y las asociaciones así como a proporcionarles un mayor apoyo institucional y financiero.
Además, abogan por la
creación de una entidad estatal "con pleno apoyo institucional" que se
encargue de todas las cuestiones relativas a las desapariciones
forzadas, incluyendo el establecimiento y la gestión de una base de
datos central sobre las desapariciones con los datos que ya tienen
distintas asociaciones y expertos.
En este punto,
defienden que la base de datos elaborada por el Juzgado de Instrucción
Penal número cinco --que en su momento ocupó el juez Baltasar Garzón que
inició una investigación sobre los crímenes del franquismo-- contiene
información sobre más de 114.000 victimas, "debería ponerse a
disposición del publico de manera inmediata".
También
demandan desde la ONU un "plan nacional de búsqueda de personas
desaparecidas", que garantice la coordinación de las actividades de
exhumación e identificación y actualización de los Mapas de fosas
desarrollados de acuerdo a Ley de Memoria Histórica. Recomiendan,
asimismo, que responsables de la administración y la Justicia "se
personen en el momento de las realizaciones de las exhumaciones y luego
analicen y actúen sobre los resultados que las mismas arrojan".
"El Estado Español debería asumir el liderazgo y comprometerse de
manera más activa y urgente para atender la demanda de miles de
familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres
queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Todas las
iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos tienen que ser
parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente,
cooperativa y colaborativa", reza el informe preliminar.
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