- En el juzgado de María Servini de Cubría se esperaban la decisión de la Fiscalía de no ordenar la detención de los torturadores franquistas. "No han colaborado con la investigación en ningún momento".
- El auto de la jueza describe cómo la Fiscalía tardó más de siete meses en responder a los pedidos de información de Argentina y que al hacerlo enviaron algunos documentos con errores o sin validez judicial.
El escrito presentado por la Fiscalía ante la
Audiencia Nacional en el que rechaza la detención de los cuatro
imputados por torturas cometidas durante el franquismo no ha causado
sorpresa. "Es lo que esperábamos", reconocen en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº1 de Buenos Aires. "No han colaborado con la investigación en ningún momento", explican .
Pero el equipo de la jueza argentina María Servini de Cubría no cree, ni mucho menos, que esta decisión paralice el proceso.
"Estamos acostumbrados a trabajar contracorriente en esta causa",
explica a eldiario.es el secretario de la jueza, Alfredo Mangano. La
querella no lo ha tenido fácil en España -acabó con la imputación del
juez Baltasar Garzón por prevaricación por considerarse competente para
juzgar esos delitos- y ha debido superar varios escollos también en
Argentina.
Entre ellos la suspensión de las videoconferencias
que se habían organizado en el consulado argentino en Madrid para que
prestaran declaración ante la jueza varios querellantes. El ministerio
de Exteriores había mandado una carta al embajador argentino presionando
para que no se realizaran.
La Fiscalía española respondió al exhorto en mayo de 2011, y en muchos
casos los documentos que enviaban como respuesta a esa solicitud de
octubre de 2010 no tenían ni siquiera una firma, por lo que carecían de
validez judicial. Estas incidencias están recogidas en el auto de la
jueza, que también describe las supuestas inexactitudes que encontraban
en la información remitida por España de acuerdo con organismos como
Amnistía Internacional.
Independientemente de
lo que decida la Audiencia Nacional -España, como país soberano, puede
decidir no detenerlos-, la petición de detención internacional ya está
cursada, de modo que los imputados ya no pueden salir del país sin que les aprese Interpol.
El inconveniente para la causa es que si España no colabora con la
extradición y los acusados no pueden declarar ante la jueza, no pueden
ser juzgados. "La declaración indagatoria es una medida de prueba. Según
la legislación argentina, nadie puede ser juzgado en ausencia", explica
el secretario judicial Alfredo Mangano.
El siguiente paso será resolver las posibles imputaciones
del ex ministro de Interior Rodolfo Martín Villa; el exministro
franquista y suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
José Utrera Molina; el exministro de Trabajo Fernando Suárez; y los
exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rafael Gómez Chaparro.
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