Joan Busquets*
La democracia española con la amnistía aprobada en 1977 dio por resuelto todos los crímenes que hubo durante la guerra civil y la dictadura. Para las víctimas fue un duro golpe constatar que los responsables de aquel genocidio no serán nunca inquietados por sus execrables crímenes. Es difícil de digerir que un simple decreto Ley sin ningún valor moral y jurídico, pueda anular en unos segundos tantos años de sufrimiento. Todo aquel horror no se puede borrar ni olvidar como pretenden nuestros políticos.
Por ello el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas amonestó a España por el mantenimiento en vigor de la Ley de amnistía, recuerda que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, y que las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto Internacional.
La memoria histórica vuelve a ser un tema de actualidad, con el caso del Juez Garzón, acusado de prevaricación por no tener en cuenta la Ley de Amnistía; denuncia formulada por el sindicato falangista Fet y de las Jons "Manos Limpias". Querella aceptada por el Magistrado Luciano Varela de Castro, de la Sala del Penal Supremo.
El juez Garzón no supuso que sus investigaciones sobre las fosas comunes y desapariciones forzosas, pudiera llevarle al banquillo de los acusados. Sólo pretendía una reparación moral a los familiares de las victimas, descartando que esa reparación degenerara en una confrontación política a escala Internacional.
El juez Garzón en una entrevista con la prensa que tuvo en París, declaró, "que la Amnistía fue la solución en aquellas circunstancias de transición de la dictadura a la democracia". Actualmente, admite que la democracia está bien asentada, y no necesita mantener una Amnistía carente de legitimidad en un Estado de Derecho.
Mientras tanto esta ilegalidad ha hecho su camino, los militares responsables que tomaron parte en los tribunales represivos de la dictadura, gozan de una protección jurídica, que los exime de toda culpabilidad. "El Comité Internacional de los Derechos Humanos en múltiples ocasiones instó a España a tomar medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales militares franquistas, y como paso previo la inaplicable Ley de amnistía de 1977". A la cual se acoge el Magistrado Luciano Varela.
La Falange partido implicado en el golpe de Estado de 1936, debería de estar prohibido en España. La izquierda tuvo una gran responsabilidad de haber aceptado las chapuzas que dejó Franco. Empezando por su sucesor el rey, que no fue la mejor solución democrática, y sobre todo en las condiciones y el modo en que se realizó la sucesión.
El rey ha sido la mejor garantía de la extrema derecha. Lo demostró tan pronto asumió la función de jefe de Estado en 1975, al nombrar nada menos a Arias Navarro, que formó el primer gobierno monárquico, aunque un año más tarde el rey le obligó a presentar su dimisión por su falta de credibilidad ante sus antiguos camaradas franquistas. Por su abnegación, el rey le concedió por el servicio rendido el titulo de Marqués con grandeza de España. Con este nombramiento el rey dejaba claro quienes eran sus más allegados amigos políticos del momento .
Haciendo un poco de historia hay que recordar que Arias Navarro participó como fiscal en los consejos de guerra que el bando franquista estableció para condenar los partidarios de la república durante la Guerra Civil y posguerra. "En Málaga dónde se le atribuyen más de 4.500 muertos". Fue Director General de Seguridad, y otros cargos donde pudo ejecutar sin limitación sus funciones de verdugo.
Volviendo al caso Garzón, el Partido Popular anuncia que estas manifestaciones contra el Tribunal Supremo es una política insensata, que pone en peligro la democracia. En realidad lo que pone en peligro la denominada "democracia", son los propios magistrados del Tribunal Supremo, por el mal ejemplo que están dando. La actitud del magistrado Luciano Varela, es una prueba evidente, como la del fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, el cual afirma que el juez Garzón no es competente de investigar sobre las fosas comunes, por estimar no es trabajo de la Audiencia Nacional. Estos señores de la toga, que ostentan sin rubor cargos vitalicios en el Tribunal Supremo, son opuestos a toda reforma que favorezca a las víctimas del franquismo. Cualquier iniciativa que vaya en este sentido, están ellos para impedirla.
España no asume el Derecho Internacional, como lo han hecho otros países europeos que sufrieron también las consecuencias del fascismo. Esta decisión los parlamentarios españoles, podrían hacerlo, pero prefieren sostened la impunidad antes que la verdad y la justicia.
*Nota ABF: Joan Busquets es un maqui residente en la actualidad en Francia que actuó con los maquis de Berga Ramón Vila Capdevila y Marcel·lí Massana anarquistas de la CNT, condenado a pena de muerte pasó 22 años en prisión.
Foto ABF 2008
Foto ABF 2008
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