Las ejecuciones de Granados y Delgado

Carlos Artola - Fundación Andreu Nin

 Artículo publicado en el número 47 de Iniciativa Socialista, diciembre 1997

El día 18 de agosto de 1963 la prensa española anunció que en las primeras horas de la mañana, "y con sujección a las formalidades de la ley penal común, ha sido ejecutada la sentencia de pena capital dictada contra los terroristas Francisco Granados Data y Joaquín Delgado Martínez". 

Bajo esa hipócrita retórica se encubría el hecho de que dos jóvenes anarquistas habían sido estrangulados por el aro de hierro del garrote vil tras el "enterado" del general Franco y después de un juicio militar sumarísimo que se celebró apenas diez días después de los hechos que se les atribuyeron. 

Granados y Delgado habían sido acusados de colocar sendos artefactos explosivos el 29 de julio de 1963 en la Sección de Pasaportes de la Dirección General de Seguridad y en la Delegación Nacional de Sindicatos. El primero de los artefactos, una carga de plástico de doscientos gramos de peso, provocó heridas a una veintena de personas. 

Dos días después de los atentados, el 31 de julio, a las 4 de la tarde, Francisco y Joaquín son detenidos, posiblemente a causa de una delación. Apenas tres semanas separaron la vida de la muerte para estos dos luchadores libertarios, sometidos primeros a torturas policiales y después a un juicio carente de garantías en el que son condenados a muerte. El Consejo de Guerra sumarísimo anunciado sólo 48 horas antes de su celebración les condena sin otras pruebas que las declaraciones arrancados bajo tortura, en un juicio lleno de irregularidades que incluyen el hecho de que el defensor no tenía título de abogado. Granados y Delgado negaron cualquier participación en las acciones armadas que se les atribuían y reconocieron ser miembros de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. 

El Consejo Ibérico de Liberación, la organización clandestina anarquista a la cual pertenecían Granados y Delgado, declaró el 11 de agosto ante la opinión pública nacional e internacional que Joaquín Delgado y Francisco Granados eran absolutamente ajenos a los hechos ocurridos el 29 de julio en Madrid, que los autores no habían sido detenidos y que el depósito de armas atribuido a Francisco Granados no había sido utilizado y permanecía intacto al ser descubierto por la policía. 

Posteriormente esta misma organización haría público que el material descubierto por la policía estaba destinado a un atentado contra Franco. Sobre estos hechos se ha presentado recientemente en TVE-2, en un intempestivo horario de madrugada, un espléndido documental realizado para una televisión francesa por Lala Gomá. Este importante trabajo histórico cuenta con testimonios directos de los auténticos autores de los atentados de Madrid por los que fueron ejecutados Granados y Delgado así como de alguno de los responsables de la organización a la que pertenecían, entre ellos Octavio Alberola que confirma que la auténtica misión con la que estaban relacionados era la preparación de un atentado contra Franco. 

Más allá del descubrimiento de la realidad de unos hechos oscurecidos y desconocidos para muchos españoles, el documental es una aportación de primera fila al conocimiento de los procedimientos del franquismo. Después de casi tres décadas persiste el silencio de la mayoría de los policías y jueces que intervinieron en el asunto. Los autores del documental han constatado, también, la negativa de Manuel Fraga, entonces Ministro de Información y Turismo, a hablar sobre estos hechos. Han contado, sin embargo, con los testimonios sobrecogedores de uno de los jueces y de otros jerarcas militares franquistas. Sus imágenes y sus palabras son extraordinariamente reveladoras, contra la voluntad de sus autores, de la sordidez criminal de esa parodia de legalidad de que se había dotado el franquismo. 

El trabajo de Gomá revela un error judicial, pero va más allá de ese aspecto. Tampoco es únicamente un alegato contra la pena de muerte. Este documental es, sobre todo, un testimonio sobre el franquismo. En él se habla de unos hechos olvidados, de la soledad de unos luchadores antifascistas, de la discutible historia de los grupos armados anarquistas pero, sobre todo, del terror cotidiano con el que el franquismo alimentó su dictadura sangrienta. 

El año 1963 fue muy importante para la lucha antifranquista, no en vano en dicho año continuaron las movilizaciones mineras asturianas iniciadas en la primavera de 1962. El renacer de la lucha contra la dictadura fue posiblemente uno de los motivos por los que el franquismo quiso "dar un escarmiento" a las nuevas generaciones libertarias que estaban entrando en actividad en aquellos años. También quisieron, probablemente, castigar la campaña contra el turismo en España que venían desarrollando la CNT, la FIJL y otras organizaciones anarquistas. 

Después de su muerte, un largo silencio se extendió sobre ellos, silencio que ha llegado a nuestros días. El PCE iba a adquirir durante los años sesenta una amplia hegemonía en la oposición antifranquista, que no había tenido en las dos décadas anteriores, y para el PCE sólo cabía recordar a sus propias víctimas. Algo similar ocurriría diez años después, en 1973, cuando otro joven anarquista, Salvador Puig Antich, fuera ejecutado, también a garrote vil, en otra farsa judicial. 

Robert Escarpit escribió en Le Monde (22-8-1963), poco después de las ejecuciones, unas palabras que hay forzosamente que compartir: "Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez han dado su vida por algo pero, como siempre, los verdugos los han ejecutado por nada". Por una nada que era un vacío asesino, la sinrazón de un poder dictatorial.

Es obligación de todos nosotros recordar que esos dos hombres murieron por algo, por algo tan importante como la libertad, y exigir que la verdad histórica de estos crímenes franquistas sea reconocida oficialmente.