Justicia Universal: quince colaboradores del régimen franquista ¡a declarar!

El Fiscal Federal Ramiro González

Redacción/Agencias. LQSomos. Octubre 2014

La “Querella Argentina” avanza día a día, el fiscal Ramiro González pide que se cite a indagatoria a 15 ex funcionarios de la dictadura franquista, entre ellos figuran cinco ex ministros del dictador.

 

El fiscal federal Ramiro González pidió citar a declaración indagatoria a 15 ex funcionarios del gobierno del dictador y genocida Francisco Franco, en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el estado español y que lleva adelante la juez federal María Servini de Cubría en base al principio de “justicia universal”. González sugirió también a la jueza evaluar “la viabilidad” de abrir una investigación para que se aplique el protocolo con que se investiga la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado en la Argentina para los casos que eventualmente existieran en España.

 

El fiscal también impulsa que se pidan medidas de prueba referidas al rol de la Iglesia española en el franquismo. Además, pidió librar orden de detención y extradición para tomar declaración indagatoria a Abelardo García Balaguer, por el caso de una de las víctimas, María Flor de Lis Díaz Carrasco.

 

La jueza deberá decidir si hace lugar a las medidas pedidas por la fiscalía. González solicitó a la magistrada librar un exhorto a España para que se remita “copia autenticada de toda la documentación, tanto los archivos oficiales como los reservados, existentes respecto de la detención, tortura y fusilamiento” del ex Presidente del gobierno catalán Lluís Companys i Jover, entre otras medidas de prueba sobre lo ocurrido con la víctima.

 

Las medidas fueron sugeridas en un extenso dictamen elaborado tras una visita a España junto con la jueza, donde se tomaron declaraciones testimoniales y se recopiló información. “Los acontecimientos materia de investigación consisten en hechos atroces de lesa humanidad/genocidio entre los que se encuentran torturas, homicidios, desapariciones forzadas de personas y sustracción de menores, privación ilegal de la libertad calificada por la imposición de torturas y demás ilícitos que se desprenden de las presentaciones efectuadas habrían tenido ocasión, de manera aproximada, durante el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y 15 de junio de 1977″, sostuvo González.

 

El 15 de junio de 1977 fueron las primeras elecciones parlamentarias libres y pluralistas en España desde el 16 de febrero de 1936, recordó el fiscal. González pidió la declaración indagatoria por existir “estado de sospecha” del ex ministro de la Presidencia del franquismo Antonio Carro Martínez, del ex vicepresidente Licinio de la Fuente, del ex ministro de Hacienda Antonio Barrera de Irimo y del ex de Justicia José María Sánchez-Ventura Pascual. También del ex ministro de la Presidencia Alfonso Osorio García, del ex integrante del Consejo de Guerra Carlos Rey González, del capitán de Policía Jesús Quintana Saracíbar, del ex juez Antonio Troncoso de Castro y de siete policías más: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honroado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter.

 

Además, estimó que “se debería determinar la existencia de procesos en el Reino de España donde se investiguen los hechos por sustracción, retención y ocultación de menores” denunciados en la causa.

 

“Habría que solicitar al Vaticano que remita toda la información que obre en sus registros respecto de la participación de la Iglesia Española en la creación de la cárcel de Zamora”, consideró el fiscal entre otras medidas de prueba pedidas.

 

Pidió además que se ordenen exhumaciones en fosas comunes de cementerios españoles en busca de familiares de querellantes en la causa. Y concurrir en persona junto a la jueza al Castillo de Montjuic, en Barcelona, para “conocer el lugar donde se llevaron a cabo parte de los hechos de los que fuera víctima” el ex presidente catalán Lluis Companys I Jover “junto a miles de personas” y obtener “información al respecto”.

 

Algunas “perlas” de estos nuevos imputados:

 

Antonio Carro Martínez (Lugo, 1923)

Firmó la sentencia de muerte que ejecutó por garrote vil al anarquista Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974. Doctor en derecho, fue el último ministro de la Presidencia que tuvo el Gobierno de la dictadura (cargo que mantuvo de enero de 1974 a diciembre de 1976). Como tal, firmó también las últimas condenas de muerte que ordenó el régimen, y que ejecutaron por fusilamiento, el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, a José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarria.

 

También ha sido profesor en la Universidad de Madrid y letrado en el Consejo de Estado. Se mantuvo en política como diputado en la Legislatura Constituyente de España (1977-1979) y a lo largo de cuatro legislaturas más como diputado electo del PP en la provincia de Lugo. Algunas de las víctimas del franquismo que se han querellado contra él son Merçona Puig Antich; María Vitoria Sánchez Bravo Xolla; Flor Baena Alonso, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar, Pablo Mayoral Rueda y Fernando Sierra Marco.

 

- Licinio de la Fuente ( Noez, Toledo, 1923)

Al igual que Carro Martínez, firmó la sentencia de muerte de Puig Antich mientras era vicepresidente del Gobierno de Carlos Arias Navarro, puesto que tuvo entre 1974 y 1975. De 1969 a 1975 fue también ministro de Trabajo. Después se convertiría en uno de los fundadores de Alianza Popular y del Partido Popular (PP), antes de desembarcar en el ámbito privado y convertirse en consejero de hasta siete empresas (Dragados y Construcciones, Banco Central Hispano Hipotecario, Banco Gallego, Banco de Granada, Banco Internacional del Comercio, Española del Zinc, Ibermutua). Merçona Puig Antich se querella contra él.

 

- Antonio Barrera de Irimo (Ribadeo, Lugo, 1929)

Antes de dimitir como vicepresidente segundo del Gobierno franquista en 1974, firmó la sentencia a muerte de Salvador Puig Antich. Un año antes se desempeñó como ministro de Hacienda, siempre con Carlos Arias Navarro como presidente. Se licenció en Derecho y Economía. Su trabajo en la esfera privada comenzó a desarrollarse antes de llegar al Gobierno. Fue presidente de Telefónica de 1964 a 1973. En la actualidad, es vicepresidente de Unión Fenosa, consejero de Bull S.A, y presidente de Autogrill España. Su nombre figura en la querella presentada por Merçona Puig Antich.

 

- José María Sánchez-Ventura Pascual (Zaragoza, 1922)

A los cuatro meses de ser nombrado ministro de Justicia, en marzo de 1975, firmó la sentencia de muerte de los últimos cinco fusilados del franquismo, ejecutados el 27 de septiembre de 1975 (mencionados arriba). Licenciado en Derecho, ocupó varios puestos de relevancia antes de llegar al Ejecutivo franquista. De 1958 a 1961 dirigió el Colegio Mayor Universitario San Pablo, de Madrid. Entre 1966 y 1970 fue Delegado del Gobierno en el Canal de Isabel II de Madrid. En 1967, además, estuvo al frente del Consejo de Administración del periódico Informaciones. Está inculpado en los testimonios de Flor Baena Alonso. María Victoria Sánchez Bravo, Manuel Blanco Chivite, Pablo Mayoral Rueda, entre otros.

 

- Alfonso Osorio García (Santander, 1923)

Fundador de la UDE y diputado de la UCD, fue Ministro de la Presidencia durante el primer Gobierno de la monarquía, (diciembre de 1975-julio de 1976, con Arias Navarro). Licenciado en Derecho, y tras ser Subsecretario de comercio en 1965 y presidente de RENFE en 1968, fue vicepresidente de la petrolera British Petroleum en España. Los años que no estuvo en el Gobierno, entre 1965 y 1990, fue presidente de PETROMED. Se lo considera responsable, junto con otros, de la matanza de Vitoria del 3 de septiembre de 1976, que terminó con la vida de cinco personas. Está imputado en las querellas de Andoni Txasco y José Luis Martínez Ocio.

 

- Antonio Troncoso de Castro (Vitoria, 1941)

Diplomado en Derecho Penal Militar, fue Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Ex fiscal del Tribunal Supremo, Ex vocal del Tribunal Marítimo Central y abogado del Ilustre Colegio de Madrid. Durante la dictadura, fue vocal ponente del Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69 que se aplicó contra 16 miembros de ETA acusados del asesinato de tres personas, en lo que se conoció como el Proceso de Burgos, en diciembre de 1970. Además participó en varios consejos de guerra y causas militares que enjuiciaron a opositores antifranquistas entre 1963 hasta el fin del régimen.

 

Como vocal ponente de los consejos de guerra, estaba encargado de asesorar jurídicamente al Tribunal y de redactar la sentencia. Ante el Proceso de Burgos, sentenció con dos condenas de muerte a Eduardo Uriarte Romero, Jokin Gorostidi Artola y Xabier Izko de la Iglesia; Mario Onaindia Natxiondo, Xabier Larena Martínez y Unai Dorronsoro Ceberio fueron sentenciados a una pena de muerte; y Jon Etxabe Garitacelaya y Enrique Guesalaga Larreta, a 50 años cada uno. Estos dos últimos son los que contra él se querellan.

 

También figura en las querellas de Ignacio García Arramberri y Jon Arrizabalaga Basterretxea, que fueron juzgados en el proceso 28/69 que sentenció a muerte al hermano de este último, Andoni, y de Alberto Gabikagogeaskoa Mentxaka, Josu Naberan Naberan y Javier Amuriza Zarraonoindia, enjuiciados a su vez en el proceso 66/69 (el llamado proceso a los curas vascos).

 

- Carlos Rey González

Como vocal del Consejo de Guerra que juzgó a Puig Antich, fue el único redactor de la sentencia a muerte por garrote vil que sentenció al antifranquista. Hoy es abogado en Barcelona, y ha representado a la presidenta del PP en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, en el caso de espionaje político de la agencia Método 3, ya archivado. Contra él ha testimoniado Merçona Puig Antich.

 

@LQSomos

* TELAM

-Nota de “La Comuna”

– Nota del diario Página12

Granado y Delgado, Un Crimen Legal

 

 

El 17 de agosto de 1963 Joaquín Delgado y Francisco Granado, dos militantes libertarios, fueron ajusticiados ejecutados a garrote vil en la cárcel de Carabanchel. Sólo habían pasado 17 días desde su detención, acusados de colocar explosivos en los edificios del Ministerio de Gobernación franquista.

 

En 1996, Antonio Martín y Sergio Hernández confesaron en este documental de la televisión francesa que ellos fueron los verdaderos autores de esa acción. Sin embargo, la justicia nunca ha reconocido la inocencia de los dos ejecutados.

Puig Antich "40" años menos de vida

Francesc Llimona Llovet  28/2/14

El 2 de marzo de 1976 aparecieron en Barcelona diversas pintadas, tampoco muchas, con un escueto, original y contundente mensaje: "Puig Antich 2 años menos de vida". No llevaban firma de ningún partido, a lo sumo la todavía incipiente A con círculo. En el convulsivo inicio de la transición esta grupuscular iniciativa pretendía revolver las entrañas con el recue...rdo reciente de la “ejecución” a garrote vil de Salvador Puig Antich en Barcelona y del “súbdito polaco” Heinz Chez que no era polaco sino alemán del Este y se llamaba Georg Michael Welzel y fue ejecutado simultáneamente en Tarragona (a él le dedicaron Els Joglars la prohibidísima obra "La Torna"). La torna en catalán es el cambio en especies que se daba para redondear, por ejemplo en las panaderías con un trocito de coca para los chavales.

 También recuerdo alguna otra pintada: "Los asesinatos se evitan NO se aprovechan". (? ) Aquellas pintadas también pretendían denunciar uno de los episodios más ruines que a la postre sentaron las bases de nuestra actual democracia. Los partidos inmersos en el proceso de la transacción, incluídos monárquicos, unidos en la llamada Junta Democrática, discutían y pactaban en París una estrategia globalmente beneficiosa. El PCE y especialmente el PSUC en Catalunya lo tenían claro. No convenía de ninguna manera que se implicaran en una campaña para evitar el asesinato legal de Puig Antich, "un bandolero anarquista a quien le dieron garrote vil", según El Caso. Esta inacción contrastaba con las fuertes campañas que se produjeron en toda Europa.

 Puig Antich, Oriol Solé i Pons Llobet formaban parte de un grupúsculo, el M.I.L. (Movimiento Ibérico de Liberación) o 1000, alejado del movimiento obrero oficial de la época totalmente controlado por el PCE. La gente del 1000, poco más de una docena activa de miembros y con una escasa red de apoyo, tampoco se definían como anarquistas, si bien es cierto que estaban influenciados por el exilio libertario en Francia, especialmente de Toulouse con quienes mantenían contactos. Eran anticapitalistas, iconoclastas, formaban parte de lo que posteriormente se llamó la izquierda heterodoxa, próximos al consejismo obrero de Anton Pannekoek. Hacían atracos, les llamaban expropiaciones, para editar libretos, las ediciones Mayo 37 con títulos de otros autores como "Sobre la Miseria en el medio estudiantil", "Los Consejos Obreros", "De la revolución a las trincheras", "El derecho a la pereza".... En sus panfletos propios siempre incluían comics, dibujos, fotos trucadas, todo muy “underground” y festivo, en una línea nunca vista en nuestro país, absolutamente alejada de las toscas octavillas de la izquierda antifranquista ya fuera estalinista, trostkista o maoísta.

 Al reconocer su alejamiento del movimiento obrero real se autodisolvieron con un texto que en su época me pareció tremendamente interesante por lo novedoso de su planteamiento.

 Lo que pasó después, y ya autodisuelto el grupo, está más que escrito, estudiado en Universidades, incluso "pelicularizado" en el film de Mediapro. Un confuso tiroteo en el centro de Barcelona, un joven policía muerto y Puig Antich seriamente herido y condenado a muerte por un consejo de guerra mediante un método de muerte tortura inquisitorial : el garrote vil que se puede observar en detalle en las salas del terror de algunas museos de cera.

 Se han publicado muchos libros sobre Puig Antich y el 1000, estos días aparece otro dedicado a denunciar las flagrantes irregularidades del "juicio". Objetivamente resulta por lo menos curioso para un grupúsculo que, antes de estos hechos, apenas había tenido resonancia en la lucha antifranquista oficializada. La posterior muerte de otro compañero del 1000, Oriol Solé Sugranyés que participó en la fuga de Segovia y fue acribillado a 200 metros de la frontera con Francia, también contribuyó a la posterior mitificación.

 La ejecución legal a garrote vil de Salvador Puig Antich y de "Heinz Chez" , así consta en la portada de "El Caso", vivida casi en directo, supuso un gran impacto pra much@s, sobre todo en Barcelona y no sólo en el ámbito universitario, y marcó la manera de entender de manera escéptica la transición para gente de mi generación, o más concretamente, de mi entorno. Yo tenía 17 años, la misma que otro detenido del grupo.

 He reflexionado mucho pensando en aquellas asambleas universitarias previas a la ejecución. Asistimos en directo a la estrategia y puesta en escena de algún partido de izquierda que provocaba que sus jovencísimos militantes reventasen las votaciones en las que se planteaba hacer algo, cualquier cosa para evitar la ejecución o asesinato legal. No se hizo nada. Esta inacción forzada, este boicot, contrastaba, repito, con los movimientos impresionantes que se producían en toda Europa en contra de las penas de muerte, no las últimas por cierto, del franquismo.

 El 2 de marzo de 1974 en la cárcel Modelo de Barcelona, a las 9 y pico, el verdugo le dio la última vuelta de tornillo a las cervicales de Salvador Puig Antich con muy poco tiempo de diferencia con lo que también aconteció en Tarragona.

 Entonces sí, ya tenían un mártir... para aquella misma tarde de sábado los partidos antifranquistas sí convocaron una sonada manifestación, había que llevar una rosa roja al cementerio de Montjuïc... para ser masacrados por la Policía Armada. Empezaba a tiempo real lo que los situacionistas llamaban asimilación y recuperación por parte del sistema. Puig Antich ya había accedido a la categoría de antifranquista, y era un icono perfecto: guapo, catalán, algunos de los compañeros del 1000 eran de "buena familia". Muchos años después, Jaume Roure, mandamás de MediaPro, el productor de la película-dramón "Salvador", ya tendría la escena lacrimógena final para su película, la pantalla llena de rosas rojas y el sonido de sirenas con lamúsica de Lluís Llach in crescendo para los créditos. Todo lo contrario a lo que aspiraban los chicos rebeldes y "destroyers" del 1000.

 Para vuelvo al inicio: Han pasado 40 años, ¿tiene sentido recordar un sórdido episodio del ya "superadísimo" franquismo? Pienso que sí... Don José Utrera Molina, quién como Secretario General del Movimiento firmó el "enterado" en el Consejo de Ministros y por tanto la sentencia de muerte, es el suegro de Don Alberto Ruíz Gallardón nuestro actual Ministro de Justicia, y un joven y prometedor letrado que la verdad, no sé qué papel concreto jugó en el proceso, es ahora el flamante abogado* de Alicia Sánchez Camacho...

 

Nota ABF: *Carlos Rey González abogado de Alicia Sánchez Camacho en el caso Método 3 redactó la sentencia del crimen de Salvador Puig Antich

Cuadra: "Pasados ya 77 años de aquel golpe criminal, el franquismo sigue dando coletazos"

Las ejecuciones de Granados y Delgado

Carlos Artola - Fundación Andreu Nin

 Artículo publicado en el número 47 de Iniciativa Socialista, diciembre 1997

El día 18 de agosto de 1963 la prensa española anunció que en las primeras horas de la mañana, "y con sujección a las formalidades de la ley penal común, ha sido ejecutada la sentencia de pena capital dictada contra los terroristas Francisco Granados Data y Joaquín Delgado Martínez". 

Bajo esa hipócrita retórica se encubría el hecho de que dos jóvenes anarquistas habían sido estrangulados por el aro de hierro del garrote vil tras el "enterado" del general Franco y después de un juicio militar sumarísimo que se celebró apenas diez días después de los hechos que se les atribuyeron. 

Granados y Delgado habían sido acusados de colocar sendos artefactos explosivos el 29 de julio de 1963 en la Sección de Pasaportes de la Dirección General de Seguridad y en la Delegación Nacional de Sindicatos. El primero de los artefactos, una carga de plástico de doscientos gramos de peso, provocó heridas a una veintena de personas. 

Dos días después de los atentados, el 31 de julio, a las 4 de la tarde, Francisco y Joaquín son detenidos, posiblemente a causa de una delación. Apenas tres semanas separaron la vida de la muerte para estos dos luchadores libertarios, sometidos primeros a torturas policiales y después a un juicio carente de garantías en el que son condenados a muerte. El Consejo de Guerra sumarísimo anunciado sólo 48 horas antes de su celebración les condena sin otras pruebas que las declaraciones arrancados bajo tortura, en un juicio lleno de irregularidades que incluyen el hecho de que el defensor no tenía título de abogado. Granados y Delgado negaron cualquier participación en las acciones armadas que se les atribuían y reconocieron ser miembros de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. 

El Consejo Ibérico de Liberación, la organización clandestina anarquista a la cual pertenecían Granados y Delgado, declaró el 11 de agosto ante la opinión pública nacional e internacional que Joaquín Delgado y Francisco Granados eran absolutamente ajenos a los hechos ocurridos el 29 de julio en Madrid, que los autores no habían sido detenidos y que el depósito de armas atribuido a Francisco Granados no había sido utilizado y permanecía intacto al ser descubierto por la policía. 

Posteriormente esta misma organización haría público que el material descubierto por la policía estaba destinado a un atentado contra Franco. Sobre estos hechos se ha presentado recientemente en TVE-2, en un intempestivo horario de madrugada, un espléndido documental realizado para una televisión francesa por Lala Gomá. Este importante trabajo histórico cuenta con testimonios directos de los auténticos autores de los atentados de Madrid por los que fueron ejecutados Granados y Delgado así como de alguno de los responsables de la organización a la que pertenecían, entre ellos Octavio Alberola que confirma que la auténtica misión con la que estaban relacionados era la preparación de un atentado contra Franco. 

Más allá del descubrimiento de la realidad de unos hechos oscurecidos y desconocidos para muchos españoles, el documental es una aportación de primera fila al conocimiento de los procedimientos del franquismo. Después de casi tres décadas persiste el silencio de la mayoría de los policías y jueces que intervinieron en el asunto. Los autores del documental han constatado, también, la negativa de Manuel Fraga, entonces Ministro de Información y Turismo, a hablar sobre estos hechos. Han contado, sin embargo, con los testimonios sobrecogedores de uno de los jueces y de otros jerarcas militares franquistas. Sus imágenes y sus palabras son extraordinariamente reveladoras, contra la voluntad de sus autores, de la sordidez criminal de esa parodia de legalidad de que se había dotado el franquismo. 

El trabajo de Gomá revela un error judicial, pero va más allá de ese aspecto. Tampoco es únicamente un alegato contra la pena de muerte. Este documental es, sobre todo, un testimonio sobre el franquismo. En él se habla de unos hechos olvidados, de la soledad de unos luchadores antifascistas, de la discutible historia de los grupos armados anarquistas pero, sobre todo, del terror cotidiano con el que el franquismo alimentó su dictadura sangrienta. 

El año 1963 fue muy importante para la lucha antifranquista, no en vano en dicho año continuaron las movilizaciones mineras asturianas iniciadas en la primavera de 1962. El renacer de la lucha contra la dictadura fue posiblemente uno de los motivos por los que el franquismo quiso "dar un escarmiento" a las nuevas generaciones libertarias que estaban entrando en actividad en aquellos años. También quisieron, probablemente, castigar la campaña contra el turismo en España que venían desarrollando la CNT, la FIJL y otras organizaciones anarquistas. 

Después de su muerte, un largo silencio se extendió sobre ellos, silencio que ha llegado a nuestros días. El PCE iba a adquirir durante los años sesenta una amplia hegemonía en la oposición antifranquista, que no había tenido en las dos décadas anteriores, y para el PCE sólo cabía recordar a sus propias víctimas. Algo similar ocurriría diez años después, en 1973, cuando otro joven anarquista, Salvador Puig Antich, fuera ejecutado, también a garrote vil, en otra farsa judicial. 

Robert Escarpit escribió en Le Monde (22-8-1963), poco después de las ejecuciones, unas palabras que hay forzosamente que compartir: "Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez han dado su vida por algo pero, como siempre, los verdugos los han ejecutado por nada". Por una nada que era un vacío asesino, la sinrazón de un poder dictatorial.

Es obligación de todos nosotros recordar que esos dos hombres murieron por algo, por algo tan importante como la libertad, y exigir que la verdad histórica de estos crímenes franquistas sea reconocida oficialmente.