Argentina escucha a las víctimas del Franquismo

Hemeroteca: Gallardón retoma la agenda iniciada por su padre contra el aborto en los años 80

Ver artículo en la hemeretoca de ABC

Radio Cable.com Fernando Belín 28/3/12

El inesperado impulso de Alberto Ruíz Gallardón contra la Ley del aborto tiene una explicación de raices familiares. Su padre José María Ruíz Gallardón encabezó el grupo de cincuenta y cinco diputados de AP que presentó el primer recurso de Inconstitucionalidad a la Ley socialista del aborto. Fue en los años 80. 

Gallardón rondaba los 20 años. Ahora se ha marcado como objetivo culminar la obra que inició su padre. 

4-12-1983. ABC: “Cincuenta y cinco diputados del Grupo Popular, encabezados por José María Ruíz Gallardón han presentado un recurso previo de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley por el que se despenaliza parcialmente el aborto…”

Por entonces Alberto Ruíz Gallardón, su hijo,  preparaba las oposiciones al Ministerio Público (obtuvo plaza en 1982) tras haber terminado la carrera de Derecho en el CEU. En 1983 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid.

Zarzuela pide a Antena3 y Telecinco que no aireen el aborto de Letizia

Vozpópuli 11/4/13 

Pocas cosas de entre la avalancha de rumores, noticias y escándalos que rodean a La Zarzuela han alterado tanto el pulso del rey Juan Carlos como el reconocimiento de que Letizia Ortiz, hoy Princesa de Asturias, se sometió a un aborto antes de conocer al Felipe de Borbón, episodio no completamente desconocido, cierto, pero que ha rebrotado con fuerza a raíz de la publicación del libro Adiós, Princesa (editorial FOCA, 2013), obra de David Rocasolano, primo carnal de Letizia y en otro tiempo su confidente y amigo, libro del que este diario realizó un adelanto los pasados 6 y 8 de abril.

Porque se trata de un asunto, el de ese aborto, ciertamente peliagudo para alguien que podría ser un día no lejano reina de España. Es cierto que la sociedad española ha dado un giro copernicano en las últimas décadas en relación a temas que, como éste, tienen que ver con cuestiones relativas a la moral e incluso a las enseñanzas de la Iglesia Católica, aún ampliamente mayoritaria en el país. Siendo ello cierto, también lo es que para grandes capas de esa misma sociedad, capas de la derecha conservadora, la confirmación de que su futura reina se sometió en su día a un aborto es un asunto entre delicado y escandaloso, como poco, para muchos inaceptable.

Razón por la cual el entorno de La Zarzuela se ha movilizado tras la publicación del adelanto en este diario y la propia aparición del libro (este pasado lunes) para tratar de minimizar los “daños” que sobre la imagen de la Princesa de Asturias podrían significar la discusión a tumba abierta del tema del aborto en programas del tipo Sálvame o su versión de Luxe, presentes en la parrilla de Telecinco, por ejemplo, por no hablar de otros de parecido porte, si bien más moderados, en Antena3 e incluso en TVE los fines de semana (el programa Corazón).

Aseguran los mentideros que el Rey, cuyas relaciones con Letizia más que frías son gélidas como es sabido, se ha involucrado directamente en este asunto, al punto de haber hablado personalmente con alguno de los grandes patronos de las cadenas en cuestión, para pedirles que evitaran por todos los medios que el aborto de Letizia se convirtiera en motivo de discusión en los reality shows de las distintas cadenas. El envite no es menor: lanzar tan morboso tema como carnaza de discusión en ese tipo de programas podría significar un daño añadido tan grande a la imagen de los Príncipes de Asturias como para imposibilitar un día su acceso al trono. Y las cadenas, de momento, están cumpliendo escrupulosamente el encargo.

La terrible historia del brigadista Nicola Jolic, 'El croata'

Campo de concentración de Nanclares

Llegó a España para defender la República y acabó de prisionero en Nanclares e ingresado en Las Nieves. En más de 60 años en Álava jamás pronunció una sola palabra

El Correo.com  - Francisco Góngora 09.12.13

Las enfermedades mentales pueden llegar a producir situaciones inimaginables para cualquier ser humano. La biografía de Nicola Jolic, un croata nacido en Triluka, en la actual Bosnia-Herzegovina, en 1912, es una de esas historias que dan vértigo a los propios profesionales de la salud mental alavesa. Llegó a España como voluntario de las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil. Fue hecho prisionero por los nacionales y en ese momento comenzaron sus desgracias. Debió pasar algunos años en los campos de concentración españoles antes de recalar finalmente en el de Nanclares de la Oca.

Nicola Jolic se sumergió en el silencio desde entonces. De vez en cuando aparecían algunos supuestos familiares que se preocupaban de su situación. Pero no había respuesta por parte del croata. En 1959 se recibió la carta de un fraile yugoslavo afincado en Madrid, que aseguraba que su esposa se interesaba por su estado. Tres años después era la Cruz Roja la que intermedió con la presunta familia de Jolic en Yugoslavia, al tiempo que le informaban de la existencia de una hermana suya en Toronto, Canadá. Los escritos de la Cruz Roja se repitieron. Pero las respuestas a estas cartas se realizaban a través de la asistente social ya que el hombre no abandonaba su mutismo. En 1971 era el arzobispo de Banja Luka, población de Bosnia, el que volvía a interesarse por su compatriota sin obtener respuesta. También el año 1975 la asistente social recibe una misiva de la sobrina en la que le agradece haber sabido algo sobre Nicola que según los datos que obran en los archivos de Las Nieves reflejan “una alegría manifiesta por estas circunstancias”.

Durante 10 años no ocurrió nada nuevo hasta que apareció otro nuevo sobrino, éste en Alemania, que coincide con un escrito de la embajada yugoslava, a la que se le propone una repatriación de Jolic a un psiquiátrico local. Pero no se termina el asunto y la antigua Yugoslavia comienza una guerra civil que impide la solución apropiada.

A comienzos de los años 90, la reforma del código civil español cambia la situación de todos los internos de Las Nieves y se regulariza su estatus. Se pretendía comprobar si existían personas ingresadas en contra de su voluntad, además de conseguir la tutela por parte de las familias y la desinstitucionalización de los pacientes. Pero Nicola ya se hallaba imposibilitado para vivir fuera del centro.

Murió nonagenario

Con el transcurso de los años, tal y como sucede en las fases más tardías de la enfermedad que padecía Nicola se fue tranquilizando. Pasó décadas de pie, callado –nunca llegó a pronunciar una frase en castellano- pero al envejecer se sentó, permaneció igual de silencioso, y perdió la vista sin que nadie lo notara hasta que necesitó ayuda para deambular. Pasó sus últimos años encamado, silencioso, como siempre y murió tranquilo, ya nonagenario, después de que sus tutores acordaran con el médico internista evitar maniobras intervencionistas dejando que las cosas discurrieran por el camino más natural posible.

Jolic pertenecía, según la bibliografía psicogeriátrica británica, a la categoría de los ‘graduados’, pacientes resistentes y excéntricos que necesitan muy poca asistencia hasta que enferman físicamente con el paso de los años y que se caracterizan por una excelente adaptación a la vida hospitalaria. Pacientes a los que ha sido imposible externalizar adecuadamente en las sucesivas oleadas de programas de desinstitucionalización. A ellos se debe en parte el avance de las terapias y rehabilitaciones de la psiquiatría, porque con ellos se ha experimentado de todo. Un pequeño texto del psiquiatra Juan Medrano y del médico y presidente de la Fundación Tutelar para Personas con Enfermedad Mental de Álava , Ramón Díaz de Otazu, titulado ‘confieso que han vivido’ trata de dignificar la vida de personas como Jolic. A eso contribuye la fundación Beroa que tutela a estas personas y las acompaña a lo largo de su vida.

Medrano y Díaz de Otazu reflejan y llaman la atención sobre la soledad y el aislamiento de las vidas de personas como Jolic o C., otro enfermo esquizofrénico que había estado en Las Nieves más tiempo aún que Nicola. “Fueron muy pocas personas a los funerales de Nicola Jolic y C. Casi todas eran feligreses habituales de la parroquia a esa hora de la tarde, y nunca habían oído hablar de ellos. Sin deudos que los echen en falta y sin más historia que su institucionalización en realidad fallecieron por segunda vez. La enfermedad y el internamiento les llevaron a su primera muerte, la del olvido de los olvidados por la sociedad. Hoy sus cuerpos descansan en dos tumbas contiguas. Pronto unas lápidas reivindicarán su recuerdo y confesarán que existieron dos personas con su nombre”.

Cuadra: "Pasados ya 77 años de aquel golpe criminal, el franquismo sigue dando coletazos"

La Fundación Franco contra el arte de Merino: segundo asalto

Eugenio Merino posa con su obra 'Punching. / CARLOS ROSILLO

• El organismo vuelve a demandar al creador por su obra 'Punching', en la que usa la cabeza del dictador como saco de boxeo
• Le piden 12.000 euros de indemnización
  
• En julio la juez ya desestimó la anterior demanda de la fundación, por otra pieza de Merino
  
• La juez desestima la demanda de la Fundación Franco

El País - T. K. Madrid 16 DIC 2013

Dos obras sobre Franco. Y dos demandas. Ya queda claro que a la fundación que lleva el nombre del dictador el arte de Eugenio Merino no le gusta nada. Y desde luego no le hace ninguna gracia que el creador colocara primero una escultura de Franco en una nevera y, segundo, empleara la cabeza de esa misma estatua como punching ball para una nueva parodia del caudillo. La fundación ya demandó a Merino por la primera obra. Pero la juez Rocío Nieto Centeno desestimó el asunto. Así que si el refrigerio del dictador era legal, la fundación ahora quiere demostrar que por lo menos usar su cabeza como saco de boxeo no lo es. Consideran, como se lee en la demanda, que la actitud de Merino “lleva al ataque de los derechos al honor de la Fundación Nacional Francisco Franco” y por tanto le exigen una indemnización de 12.000 euros.

La atención especial de la fundación hacia el arte de Merino viene de lejos. En concreto, en febrero de 2012, cuando expuso en ARCO Always Franco, donde colocaba al dictador congelado dentro de una nevera de Coca-Cola. Miembros de la fundación acudieron a la feria, sacaron fotos de la obra y presentaron una demanda que fue aceptada por el juzgado de Primera Instancia número 26 de Plaza de Castilla y en la que pedían a Merino 18.000 euros de indemnización.

El pasado 17 de julio se celebró por tanto el juicio. Y la juez desestimó la demanda. Pero Nieto Centeno sí reconoció el derecho de la fundación a defender el honor del caudillo. Y Jaime Alonso, vicepresidente del organismo, aseguró a la sazón que recurrirían la sentencia ante la Audiencia Provincial y llegarían hasta el Supremo si hacía falta. Sin embargo, finalmente su amenaza se quedó en tan solo eso, una amenaza.

El otro aviso de Alonso, en cambio, sí tuvo secuelas. "Contra Merino iremos seguro", insistió el vicepresidente de la fundación. Se refería a un acto que varios artistas, incluido el creador de Always Franco y Punching, celebraron en los días previos al juicio, para ofrecer su apoyo al demandado y, de paso, reírse de nuevo del dictador. La única duda de la fundación acabó siendo si demandar a todos o solo a su enemigo público número uno. Finalmente apostaron por la segunda opción.

Para Merino, o más bien para su letrado Jorge Laguna Alonso, quien firma la respuesta a la demanda, la Fundación Franco demuestra “una especie de manía persecutoria que en absoluto ampara nuestro derecho, con evidente mala fe y abuso del Derecho”. El texto afirma también que la nueva obra, como ya Always Franco antes, representa "un ejercicio legítimo del derecho a la creación artística y a la libertad de expresión".

La fundación en cambio cree que “la libertad de creación no representa un ilimitado derecho cuando entra en colisión con otros que son mermados”. Queda por ver quien se lleva este segundo asalto. Aunque, a juzgar por lo visto hasta ahora, no será el último.  

Una asociación de abogados reclama que Franco y Primo de Rivera dejen de ser decanos honorarios del Colegio de Madrid

ALA destaca que la Junta de Gobierno Provisional del Colegio de Abogados de Madrid nombró el 28 de marzo de 1939 a Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera decanos honorarios. Unos títulos que aún mantienen. 

El Boletín.com - E.B. / 10-12-2013

La Asociación Libre de Abogados (ALA) quiere aprovechar la Junta General del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) que se celebrará el próximo 19 de diciembre para anular los nombramientos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera como decanos honorarios de esta institución. El militar y el fundador de Falange Española recibieron estos títulos en una Junta de Gobierno Provisional del Colegio el 28 de marzo de 1939.

Un nombramiento que, según denuncia ALA, aún no ha sido anulada, “manteniéndose por tanto la meritada declaración de Decano Honorario del ICAM a los mismos”. De ahí que, esta asociación de abogados crea que ha llegado el momento de poner fin a esta situación.

En una proposición, de las 15 que han presentado a la mencionada Junta General del Colegio madrileño, ALA defiende la anulación de estos honores “porque entendemos que no corresponde con el espíritu democrático y de defensa de los derechos humanos, las libertades civiles y los derechos sociales, económicos y políticos que debe presidir el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el mantenimiento de dicho a cuerdo y del nombramiento realizado”.

Asimismo, este colectivo asegura que “vulnera lo establecido en la Ley 52/2007, que independientemente de otras consideraciones sobre ésta, exige la remoción de las menciones conmemorativas y de exaltación de la memoria de la sublevación militar y de los alzados ilegalmente que condujeron a la guerra, así como al posterior régimen dictatorial”.

Un periodo de la Historia de España, en el que, según destacan en su proposición, “se produjeron gravísimas vulneraciones de los derechos humanos”. Además, destacan que va en contra de “las propias resoluciones de Naciones Unidas, el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y el conjunto de legalidad internacional sobre las obligaciones de verdad, justicia y reparación para con las víctimas”.

Junto a esta reclamación, ALA, según el texto colgado en su web, propone modificar los estatutos del Colegio, así como medidas de índole procesal y de protección de los derechos de la abogacía y de las detenidas y detenidos.

Billy El Niño ya es Marca España

El periodista Fernando Berlín hace un recorrido por la prensa internacional para ver qué cuentan de nosotros. En esta ocasión, el expolicía franquista acusado de torturas ha cruzado las fronteras.

“Los jueces de la dictadura franquista continuaron en democracia”

El funcionario de la ONU estuvo en España para entrevistar a distintas autoridades por la causa sobre las desapariciones durante la dictadura franquista. “Hay fiscales y jueces que comparten lo actuado por Baltasar Garzón, pero están muy aislados”, afirma.

 

Página /12 - Adrián Pérez 9/12/13

–Durante la visita a España, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, integrado por usted y Jasminka Dzumhur, se reunió con un amplio abanico de funcionarios, desde representantes del Poder Judicial hasta secretarios de Estado del gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué impresión se llevó de esos encuentros?

–Lo más interesante fue observar cierta apertura al diálogo en el sentido de responder a todas nuestras preguntas con información. No percibí una intención de ocultar o tener que atacar lo que nosotros íbamos a hacer. Es importante si se compara con la reacción de autoridades de otros países que asumen un tono mucho más defensivo, donde no se da información o simplemente se cuestionan las preguntas de los miembros del grupo. Hubo menos apertura en los encuentros con autoridades del Poder Judicial. La posición de los magistrados con los que nos reunimos fue mucho más categórica que las autoridades del gobierno.


–Esa apertura al diálogo, sin embargo, no se traduce en políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

–Lo que percibimos en las reuniones y la actitud de las autoridades en relación con nosotros no necesariamente representa un compromiso con las desapariciones forzadas. Tenemos muy claro que una cosa es el diálogo que podamos trabar con las autoridades y otra la evaluación que podemos hacer de las políticas públicas y las omisiones del gobierno. No lo vemos como una contradicción, sino como una de las formas en que el gobierno se relaciona con un organismo de Naciones Unidas, como nuestro grupo de trabajo.


–El panorama que describe muestra una actitud corporativa del Poder Judicial...

–Evidentemente, es una de las áreas donde mayores problemas hay para avanzar en el tema de desapariciones forzadas: dificultades con decisiones que están tomando en muchos aspectos; también la pasividad con que reaccionan ante casos de desapariciones forzadas de la Guerra Civil. Por un lado, está la manera en la que actúan en esos casos y, por otra parte, las teorías jurídicas que utilizan en sus decisiones.


–Ambas reacciones son problemáticas. ¿A qué responden?

–Una de las explicaciones que nos dieron es que, a diferencia de otros países que pasaron de dictadura a democracia, en España no hubo un quiebre en la conformación del Poder Judicial. Los jueces que vinieron de la dictadura franquista continuaron en la época democrática. Muchos de los que hoy son magistrados en los tribunales más altos de España ingresaron en la carrera judicial en la época del franquismo. De modo que hay una suerte de continuidad en la composición del Poder Judicial. Hay un hecho que nosotros vemos con preocupación. A Baltasar Garzón, el único juez que se animó a realizar una investigación seria y demostrar de manera sistémica que hubo violaciones gravísimas a los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, no sólo se le revocó la decisión judicial, que hubiera sido suficiente para corregir los eventuales errores, sino que se lo juzgó por prevaricato, el peor delito que un magistrado puede cometer como juez.


–Aun cuando fue absuelto, el proceso judicial contra Garzón sentó un precedente negativo para la investigación de los crímenes del franquismo.

–Los jueces del Tribunal Supremo utilizaron el juicio para decir “estos son los principios que se tienen que aplicar” y señalar que no se pueden abrir investigaciones judiciales por las personas desaparecidas en el franquismo. Porque esos crímenes están prescriptos y los responsables están muertos; porque aplicaría la Ley de Amnistía; porque la desaparición forzada no es un delito continuado; porque no hay crímenes internacionales en el momento en que ocurren estas desapariciones. Esto es básicamente lo que dice el Tribunal, en una decisión donde no está convocada a expedirse sobre la causa judicial sino sobre la conducta del juez. Pero sienta esta jurisprudencia. Los jueces españoles pueden tomar la resolución del Tribunal Supremo, copiarla y cerrar todas las causas judiciales abiertas.


–Entonces la decisión del Tribunal Supremo produjo un efecto intimidatorio hacia el resto de los jueces.

–Al juez Garzón el Tribunal le dice que actuó erróneamente y ahora todos los demás jueces saben cuál es el error que cometió. De modo que si otro magistrado hoy reabre una causa judicial con la misma teoría que aplica Garzón, no sería una equivocación, sino que estaría actuando dolosamente, porque ya le dijeron cómo tenía que hacerlo. Mientras Garzón tenía abierta la causa, varios fiscales habían empezado a tomar las mismas teorías para impulsar investigaciones paralelas. Cuando el Tribunal Supremo dice esto, todas las causas se cierran. Garzón se declaró incompetente y transfirió la causa a setenta juzgados en todo el país para que continúen las investigaciones individualizadas. Todas, salvo dos, fueron archivadas copiando los argumentos del Tribunal Supremo. Desde entonces, ningún fiscal se animó a impulsar una investigación. Hoy quedan dos causas abiertas, que están congeladas sin que haya avances. Lo que se hizo, a través de esta decisión del Tribunal Supremo, fue establecer un cerrojo judicial para que no haya nuevas investigaciones en materia de desapariciones forzadas.


–Su grupo de trabajo propuso revisar la resolución del Tribunal Supremo y actuar en consecuencia.

–Nuestra esperanza es que el Tribunal Supremo revise su jurisprudencia o que existan jueces dispuestos a abrir espacios. Creemos posible que los magistrados tomen nuestras teorías y encuentren respaldo en el derecho internacional. Ese fue parte del objetivo que utilizamos al hacer nuestro informe preliminar.


–¿Por qué algunos jueces españoles podrían ser receptivos a las sugerencias del grupo de trabajo de la ONU? ¿Dónde observó gestos de apertura?

–En encuentros que mantuvimos fuera de las reuniones oficiales. Nos vimos con jueces y fiscales, de manera individual, que nos han pedido reuniones. No damos los nombres de las personas con las que nos vimos, pero sabemos que existe cierta voluntad de algunos jueces y fiscales.


–¿Qué inquietudes le manifestaron?

–Es necesario crear algún espacio de resguardo. Jueces y fiscales dispuestos a avanzar en estas investigaciones, que no acuerdan con las decisiones del Tribunal Supremo y coinciden, en líneas generales, con lo hecho por Garzón, se sienten aislados y con temor al potencial futuro de su carrera en el Poder Judicial o en la Procuración de Justicia.


–Además de Madrid, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias visitó Andalucía, Cataluña y el País Vasco. ¿Cuáles fueron los principales reclamos de las asociaciones de memoria histórica y de las víctimas del franquismo en esas comunidades autónomas?

–Quieren saber qué pasó con sus padres, abuelos, tíos. En todas partes, el reclamo fundamental tiene que ver con la verdad. Luego viene el pedido de justicia. La familiar de un desaparecido nos dijo: “El único juez que se animó a investigar terminó siendo procesado. Y a nosotros, que pedíamos la investigación de las desapariciones forzadas, nos archivaron todos los expedientes”. El tercer reclamo se relaciona con la reivindicación de la memoria. Necesitan que las fosas comunes sean preservadas. Eso se ve claramente en la política pública que están realizando en Cataluña, donde el gobierno ha puesto mucho énfasis en el proceso de dignificación de la memoria. Verdad Memoria y Justicia son los principales reclamos. Diría que el principal es Verdad.


–La jueza María Servini de Cubría ordenó la detención internacional de cuatro ex policías de la dictadura franquista. En su última visita a la Argentina, el abogado Carlos Slepoy pidió que las órdenes de detención alcancen a tres ex ministros de Franco y dos ex jueces. ¿Es posible llevar a cabo esta medida judicial en el contexto político de España? ¿Cuáles son los pasos que debe cumplir el Estado español en ese sentido?

–Si se aplican las teorías que el Tribunal Supremo sentó en el juzgamiento de Garzón habrá dificultades judiciales. Y, al mismo tiempo, el proceso de extradición en España requiere que la decisión final sea del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. De modo que primero tiene que dar el visto bueno el Poder Judicial español. Una vez que autoriza la extradición, el Consejo de Ministros del Gobierno da el visto bueno final. El proceso va a ser sumamente complejo.


–¿Qué pasa si España rechaza las extradiciones?

–Si eso sucede, desde el punto de vista del derecho internacional España tiene la obligación de juzgarlos. Si no hace lugar a las extradiciones pero reabre las causas judiciales y prosigue con las investigaciones causaría un efecto muy bienvenido.


–Soledad Luque Delgado también viajó a Buenos Aires, donde presentó una querella por el robo de bebés en España. ¿Cómo analiza esos crímenes?

–Hay un espacio de apertura donde estamos viendo qué va a suceder y tiene que ver con la investigación de lo que en España llaman niños robados. Este proceso empezó en el contexto de la Guerra Civil y la dictadura pero parece que se mantuvo hasta bien entrada la democracia, en los ’80 y ’90. De acuerdo con la Fiscalía General, ninguno de estos casos ha prescripto; todos estos crímenes de sustitución de identidad son delitos que continúan cometiéndose en el tiempo. Estas dos teorías, si siguen avanzando, permitiría utilizar los mismos argumentos para investigar desapariciones forzadas. Si estas causas por robo de bebés prosperan, podría abrirse una brecha en ese cerrojo judicial.


–¿Por qué es necesaria la creación de una institución estatal independiente sobre personas desaparecidas en España?

–Porque es primordial darle visibilidad al tema y demostrar que el Estado asume su compromiso. La sola existencia de esta institución sería importantísima. A nivel nacional, en el gobierno español no hay un organismo que hable de desaparición, memoria y víctimas. La única entidad que existía, la oficina de atención a las víctimas, fue cerrada y absorbida dentro de la División de Derechos de Gracias y Otros Derechos del Ministerio de Justicia. No sólo se le quitó visibilidad: en los últimos dos años no tuvo presupuesto.


–¿Y cuáles serían los objetivos de esta institución estatal?

–Debería ser el espacio donde se compile toda la información que existe en materia de desaparición forzada en España. Hay innumerables estudios pero ningún organismo estatal los está sistematizando para analizar los patrones de represión o víctimas. Otro rol importante es coordinar con todas las iniciativas que se dan a nivel de las comunidades autónomas. Hemos visto, durante nuestro viaje, que en muchísimas comunidades se está avanzando, pero de manera descoordinada. Y también asumir la responsabilidad en el desarrollo y ejecución de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas.


–¿Cuáles son las líneas de acción que debe atender este plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas?

–A nivel estatal, deben crearse equipos multidisciplinarios de búsqueda con arqueólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores y abogados para llevar adelante los procesos de exhumación. En segundo lugar, este programa nacional tendría que centralizar información de lugares donde potencialmente pueda haber desaparecidos. En España existe un mapa con unas tres mil fosas comunes identificadas. No todas las comunidades autónomas han elaborado ese mapa de fosas. En tercer lugar, tendría que generar un proceso de apertura de todos los archivos que pueda haber a nivel estatal, de las comunidades autónomas y en poder de la Iglesia Católica. En cuarto lugar, es necesario crear planes de trabajo en coordinación y con la participación de las víctimas y las asociaciones de memoria. En quinto lugar, habría que hacer una revisión muy seria de los archivos sobre el Valle de los Caídos. En ese lugar hay 35 mil personas enterradas, tanto del bando nacional franquista como republicano, de las cuales doce mil están sin identificar.


–¿Qué otras recomendaciones hizo el grupo de trabajo?

–Es fundamental elaborar dos bases de datos que no existen: una base de datos genéticos de todas las personas que buscan a sus seres queridos y otra de datos genéticos de las exhumaciones que se realizan, con restos que al día de hoy no han sido identificados. El plan nacional, además, debe contar con recursos suficientes. Hoy no hay asignado un solo centavo por parte del Estado español para las exhumaciones.


–El paso del tiempo conspira para que esta iniciativa prospere.

–Este plan tiene que realizarse de manera urgente. Los últimos testigos o familiares que vieron con vida a las personas desaparecidas entre 1936 y 1939, período en el que se produjo el mayor número de esos crímenes, hoy tienen ochenta o noventa años. En una etapa prioritaria, el plan nacional debe obtener un registro oral y escrito de todas estas personas que tendrían algún tipo de información.


–Según usted, hasta la fecha fueron identificadas tres mil fosas. Pero podría haber más. ¿Cuántas se calculan en todo el territorio español en total?

–Nadie nos dio ese dato.


–Una demanda relacionada con la memoria tiene que ver con el Valle de los Caídos, monumento cuya construcción fue ordenada por el dictador Francisco Franco.

–Muchas de las víctimas de la dictadura consideran que éste no es un memorial donde sus seres queridos estén debidamente representados y tratados. Y mucho menos, en el mismo lugar donde está enterrado Franco. Otro tema paralelo en memoria se vincula con la quita de todos los símbolos y apologías de la época franquista: desde el cambio en el nombre de calles hasta la remoción de monumentos y placas recordatorias. Esto último ya se comenzó a realizar.


–¿Cómo interviene el Poder Judicial ante la existencia de fosas comunes? ¿Qué sucede en los ayuntamientos y comunidades autónomas?

–Hoy, si se realizan exhumaciones, los jueces no participan. Si se abre una fosa donde supuestamente hay una persona desaparecida, el fiscal no se apersona para proteger la escena del crimen. Muchas veces ni la policía está presente. Hay una renuencia total a cualquier intención de investigar. Algunas veces, los ayuntamientos prohíben realizar las exhumaciones, dependiendo del signo político que gobierne. El plan nacional debe tener un establecimiento claro de las responsabilidades institucionales y obligaciones para permitir las exhumaciones y excavaciones.


–Son las asociaciones de memoria, junto a los familiares, quienes mayormente llevan adelante excavaciones y exhumaciones. Pero, sin un protocolo que surja del mismo Estado, estas prácticas pueden perjudicar la identificación de los desaparecidos.

–La información que hemos recibido es que hay una capacidad profesional importante que se ha desarrollado sin ningún tipo de apoyo sistémico del Estado y sin un marco jurídico claro. Gran parte de las exhumaciones se hicieron con distinto grado de profesionalismo.


–En los procesos de exhumación que se practican en España no interviene, como sucede en la Argentina, una entidad con la expertise del Equipo Argentino de Antropología Forense.

–Lo más parecido que hay es una entidad científica del País Vasco: (Sociedad de Ciencias) Aranzadi. No hay nada como el Equipo Argentino de Antropología Forense.


–La experiencia del Equipo Argentino de Antropología, que llevó su colaboración a Irak, Guatemala, Libia y México, entre otros países, podría ser un importante aporte en la búsqueda de desaparecidos en España.

–Cualquier apoyo internacional que haya para mejorar la forma en que se realizan las exhumaciones es bienvenido.


–No son pocas las dificultades que enfrentan quienes buscan justicia. El alcance de La Ley de Memoria Histórica es limitado, la vigencia de la Ley de Amnistía sigue siendo un freno, no está tipificada la desaparición forzada en el ordenamiento judicial, España carece de una ley de acceso a la información y no se desclasifican los archivos de la dictadura. ¿Cómo pueden vencerse esas barreras?

–Esos obstáculos individuales tendrían que superarse a través de las acciones del Poder Judicial. Resolverlos de manera integral, en cambio, requiere una conjunción de los tres poderes del Estado. La tipificación del delito de desaparición forzada, de manera autónoma, demanda una intervención del Congreso, que también debería establecerlo como un delito continuado e imprescriptible. El Consejo de Ministros debe autorizar la desclasificación de archivos. La gran mayoría de los obstáculos podría ser superada, en principio, con un Poder Judicial mucho más activo que utilice, de manera más consistente, las normas internacionales en materia de derechos humanos. En países como Chile hubo importantísimos procesos judiciales y se logró condenar a muchas personas por desapariciones forzadas, aun cuando se mantiene la vigencia de la Ley de Amnistía y no hay un delito autónomo de desapariciones forzadas. Es posible juzgar si hay voluntad del Poder Judicial, a pesar de las limitaciones que imponen los Estados. El punto fundamental es qué actitud asumen los jueces frente a estos obstáculos.

La democracia mantiene el Ducado de Franco y otros títulos a 10 golpistas

Escudo del Ducado de Franco, título que ostenta la hija del dictador, Mª del Carmen Franco Polo. / Wikipedia

35º ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

Luis Díez - Cuartopoder- 6/12/13

Cuando han transcurrido 35 años de la aprobación de la Constitución y 37 desde el final de la dictadura, siguen vigentes los títulos de nobleza que otorgó Franco a sus colaboradores en la matanza y persecución de demócratas, y el rey Juan Carlos a los herederos del dictador. Sería impensable un Marquesado de Mussolini, un Señorío de Hitler o un Ducado de Petaín en los países vecinos, pero aquí ni la ley de Memoria Histórica, de cuya aprobación se cumplirán seis años el próximo 26 de diciembre, ha permitido abolir esa arbitrariedad.

Distintas formaciones políticas, desde Izquierda Unida (IU) hasta los diputados ERC en el Congreso, pasando por el el PNV, el BNG y algunos diputados socialistas, vienen solicitando desde hace tiempo la anulación de esos títulos nobiliarios. El último ha sido el parlamentario del grupo mixto Jon Iñarritu. Una interpretación generosa del artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica, sobre la supresión de los símbolos del franquismo, permitiría anular los títulos.

Sin embargo, eso no se ha hecho porque, según los legisladores consultados no se ha querido revocar la decisión del rey Juan Carlos de Borbón de otorgar a los herederos del dictador los títulos del Señorío de Meiras con Grandeza de España (a la viuda), del Ducado de Franco (a la hija) y, entre otros, del Marquesado de Arias Navarro con Grandeza de España al último jefe de Gobierno de la dictadura, también conocido como “el carnicero de Málaga” por las matanzas de “rojos” que ordenó en esa provincia.

Además, dado que el artículo 62 de la Constitución atribuye al Rey el derecho a “conceder honores y distinciones”, la interpretación extensiva de la Ley de la Memoria Histórica, solicitada también por el Foro de la Memoria y por otras asociaciones de víctimas del franquismo, podría resultar inconstitucional. Ni siquiera el penúltimo ministro de Justicia de Rodríguez Zapatero y fiscal de carrera, Mariano Fernández Bermejo, se abstuvo de firmar la orden ministerial con la “real carta de sucesión” del título de Duque de Mola a favor de Emilio Mola Pérez de Laborda, nieto del “intelectual” golpista, conocido como “el director”. El actual ministro, Alberto Ruiz Gallardón, culminó el trámite, desbloqueando de hecho la sucesión de los nobles de Franco.

De este modo, según el registro del Ministerio de Justicia, mantienen su vigencia los títulos de Duque de Carrero Blanco (a los herederos del almirante y jefe de gobierno Luis Carrero Blanco), Duque de Mola (a los herederos del general Emilio Mola), Marqués de Dávila (al general y ministro del Ejército, Fidel Dávila Arredondo), Marqués de Kindelán (al jefe de la fuerza aérea franquista), Marqués de Queipo de Llano (al general golpista del mismo apellido, Gonzalo), Marqués de Saliquet (al también general sublevado Andrés Saliquet), Marqués de Varela de San Fernando (al militar golpista gaditano Enrique Varela), Marqués de San Leonardo de Yagüe (al general rebelde José Yagüe), Conde del Alcázar de Toledo (al general José Moscardó, a la sazón presidente del Comité Olímpico Español), Conde del Jarama (al aviador franquista Joaquín García Morato).

Junto a esos diez militares, el dictador concedió otros 29 títulos a distintos personajes del régimen, desde el carlista Estaban Bilbao, que presidió las Cortes franquistas a José Antonio Primo de Rivera, pasando por su hermana, Pilar, jefa de la Sección Femenina del Movimiento Nacional, a la que nombró Condesa del Castillo de La Mota, o por Ramiro de Maeztu, al que otorgó el título de conde, de igual modo que a Juan de la Cierva. El dictador no olvidó al nuncio del Vaticano e hizo recaer el título del Marqués de Santa María de la Almudena sobre el enviado de turno, a la sazón monseñor Tedeschini. Quizá su mayor felonía fue nombrar marqués, a título póstumo, al científico Santiago Ramón y Cajal.

Nelson Mandela, una herencia ambivalente

Kaos por Pepe Gutiérrez-Álvarez 06 de Diciembre de 2013 

Acaba de fallecer Nelson Mandela, seguramente el negro africano más admirado y apreciado en la historia. Su biografía atraviesa la segunda mitad del siglo XX, y culmina con todos los honores posibles, es ya un icono.

Ahora, los representantes de la derecha neoliberal que, a la manera de Reagan y Thatcher, le trataron de “peligroso terroristas”, se apremian por depositar el ramo de flores más grande sobre su tumba. Lo podemos ver en el “homenaje” que el thatcheriano Vargas Llosa, acaba de publicar en “El País”, y cojan la lupa y miren: ni media palabra sobre los posicionamientos de Mandela por el socialismo, las luchas de liberación, su admiración por el Che y por la revolución cubana. De buen seguro, a su sepelio asistirán estadistas y coronas, mucha gente que en su día fueron buenos amigos del régimen racista, gente comos dignatarios del Pentágono que tuvieron a Mándela en sus listas como “terrorista” hasta después de ganar unas elecciones…

Mándela será en verdad llorado por millones de personas anónimas que a lo largo de varias décadas, se jugaron la vida y la libertad contra un régimen que el propio Mandela situó después del nazismo en perversión. En su inmensa mayoría serán personas que se sienten más libres que en los años de ignominia, cuando un “nativo” podía ser vejado, maltratado, torturado o asesinado por la policía. Las terribles fuerzas represivas de un sistema que era considerado como un ejemplo para África. Un sistema que no tuvo problemas diplomáticas hasta que su continuidad se adivinó imposible, y que gozó de apoyos incondicionales, por ejemplo de Israel. Por ejemplo, de la España de Felipe González que le siguió vendiendo armas cuando ya estaba siendo desahuciado, y muchos gobiernos habían dejado de hacerlo.

Dicen que la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud, y Mandela no es culpable del festival de cinismo que ha rodeado sus últimos años, desde que garantizó que la revolución que predicaba se quedaría en las puertas de la propiedad, de esas riquezas sobre las que alguien dijo que el oro de los blancos era también la sangre de los negros.

Su historia es la de una larga resistencia a la opresión racista y social, que una cosa es indisociable de la otra, se desprecia al negro para robarle sus riquezas.

De haber muerto en los años cincuenta podrían haber sido comparado con cualquiera de los grandes jóvenes líderes negros que, como Antonio Lembele o Steve Biko (al que aquí conocemos sobre todo con el rostro de Denzel Washington en Cry Freedom), dos líderes radicales que marcaron con su potente personalidad el movimiento de resistencia.

De haberlo hecho después del proceso de Rivonia su figura habría podido resultar equiparable a la trágica y magnífica de Patricio Lumumba, un nombre que es en sí mismo una acusación contra la inane monarquía belga y el colonialismo.

Pero Nelson siguió siendo alguien de una talla excepcional en los años del ostracismo, era ya un anciano cuando le llegó la liberación, pero emergió como un líder imaginativo, alguien a la altura de unas circunstancias especialmente complicadas, y dejó el poder con el prestigio intacto, aunque hay luces y sombras en el balance objetivo de su actuación. Pero incluso en el caso de que se puedan juzgar severamente algunas de sus posiciones, no hay duda que fue el artífice de la reconciliación racial que sacó a Sudáfrica del "apartheid", impidiendo que el país cayera en una guerra civil. Pero esa fue una fase. Una etapa inicial en un continente en el que el dilema entre el socialismo o la barbarie (neoliberal), se está haciendo cada vez más evidente que en ningún otro.

Ahora todo aquello parece quedar lejos, una historia que se narra de una manera personalizada, con cuatro generalizaciones sobre el “apartheid”, un régimen que sirvió, ante todo y sobre todo, para caber más ricos a los ricos y más pobre a los pobres

Mandela, el incorruptible, el que no se rendía, comenzó a ser mundialmente reconocido cuando en los años ochenta, la crisis abierta, con las movilizaciones masivas en las calles, las muertes y las torturas de los resistentes, convertía a Sudáfrica en uno de los centros de la atención pública de todo el mundo, y familiarizó a muchas personas con términos hasta entonces extraños como boers, bantú, bantunstanes.

Palabras que vinieron acompañada de nombres como los de Steve Biko, Desmond Tutu, Walter Sisulu, pero sobre todo con Nelson y Winnie Mandela, la olvidada pareja protagonista del gran drama histórico del apartheid en su última fase, después de la cual comenzaría una nueva etapa en la historia de Sudáfrica en la que el racismo era apartado de las leyes, y el CNA conseguía gobernar con una mayoría absoluta, dentro de la cual se podían contar los votos de muchísimos blancos que también creían que el apartheid merecía morir, y ser enterrado como una variante colonial del nazismo, como una muestra especialmente cruel de la "supremacía blanca".

Contra la constitución monarquica

Mundo del revés: Garzón cerró medios y avaló torturas a periodistas, en Argentina le dan un Premio sobre `Libertad de expresión´

Insurgente.org 

Por Iniciativa “Garzón en Argentina”: Este miércoles, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo surgido a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que sustituye al COMFER de la dictadura, dará a Baltasar Garzón el llamado "Premio AFSCA".

Insólita decisión que encubre los cierres de medios de comunicación que el ex juez español ordenó en España, con demostrados hechos de torturas a los empleados de varios de ellos.

Diario EGIN, la Radio Egin Irratia, la revista Ardi Beltza (Oveja Negra, en lengua vasca), la revista Kale Gorria (Calle Roja), Revista Solidaridad (Revista de la ilegalizada por Garzón Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos, cercana al movimiento antifascista)...

No son los únicos casos de esta particular relación de Garzón con la prensa de izquierdas.

 Durante la llamada "Operación Garzón contra el independentismo catalán", llevada a cabo en 1992 para garantizar la "paz olímpica" previa a los Juegos Olímpicos de Barcelona, fueron torturados durante el operativo de la Guardia Civil, los periodistas Oriol Malló y Eduard López, ambos trabajadores de los semanarios catalanes El Temp y El Punt respectivamente.

Suerte parecida corrió el periodista gallego Pepe Rei, autor del libro Garzón, la otra cara, un reportaje de investigación que ha servido de fuente para muchos reportes de esta iniciativa; también denunció los vínculos de las fuerzas de seguridad españolas en el aumento de la circulación de droga entre los barrios populares del País Vasco y Galicia.

Y la historia no termina aquí. La periodista catalana Teresa Toda, subdirectora de Egin, fue encarcelada por Garzón acusada de colaborar con la organización armada vasca ETA, categoría a la que han ingresado centenares de presos políticos en España gracias a la teoría del "todo es ETA", impulsada por Garzón.

La misma situación vivieron el propio director de la revista, Jabier Salutregi y los miembros del Consejo de Administración Isidro Murga, Patxo Murga, Karlos Trenor, Xabier Alegria, Joxean Etxeberria, Pablo Gorostiaga, Jexux Mari Zalakain, Manu Intxauspe, y José Luis Elkoro.

Tampoco está de más recordar el caso de Tayseer Alouni, reportero sirio de la cadena árabe Al Jazeera, que fue detenido por Garzón tras haber sido el único periodista que consiguió hacer una entrevista al líder de Al Qaeda Osama Bin Laden.

Esta detención se hizo en el marco de la participación española en la guerra de Irak y donde Garzón, si bien se presentó como orador en una manifestación anti Guerra, detuvo a Alouni en función de la lógica que EEUU y el Gobierno español estaba desarrollando contra ciudadanos de origen árabe. Hubo numerosas protestas de trabajadores de prensa de todo el mundo.

En el marco de la misma operación que Garzón ordena para cerrar Egin, el compañero de Garzón en la Audiencia Nacional, el juez Juan del Olmo, ordenó cerrar el único diario en lengua vasca en esa época Euskaldunon Egunkaria, operación donde fueron torturados cinco de sus trabajadores, entre ellos su director, Martxelo Otamendi.

Este último caso terminó con los imputados absueltos, y en el caso de Egin, nunca se pudo comprobar las acusaciones de Garzón, pero se consiguió llevar a la empresa a la ruina económica.

Son solo una lista, no exhaustiva, del aprecio que tuvo Garzón por la libertad de prensa cuando era juez en la Audiencia Nacional.

AMNESIA: Hebe de Bonafini que en su momento denunció a Garzón por avalar las torturas de militantes vascos terminó sucumbiendo a la amnesia general y ahora es una de sus grandes defensoras, amén de entregarle el pañuelo de las Madres a otro que bien baila, Aníbal Fernández, el mismo funcionario que convalidó el asesinato de los piqueteros Maximiliano Kostecky y Darío Santillán.  

El apoyo al golpismo y sus medios en Venezuela

La beligerancia de Garzón con los medios de comunicación populares en España contrasta con la amistad y causa común que llevó adelante con el canal de televisión de Venezuela RCTV, que fue afectado en 2007 por una no renovación de su licencia administrativa de emisión analógica (pero que no afectaba a su emisión por satélite).

La decisión, adoptada por el gobierno del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez, estaba motivada por la abusiva concesión que había tenido el canal bajo gobiernos anteriores y que afectaba a la equitativa distribución del espacio radioeléctrico.

Hay que recordar que RCTV fue uno de los canales de TV que falsificó las pruebas audiovisuales de la llamada "Masacre de Puente Llaguno", donde los medios opositores distorsionaron las imágenes para hacer creer a los espectadores que los militantes chavistas disparaban a multitudes opositoras.(1)

Garzón acudió a Venezuela a dar apoyo a la dirección de RCTV junto a los empresarios de CONINDUSTRIA, que en ese momento llevaba una fuerte campaña de boicot y sabotaje económico contra el gobierno de Chávez.(2)

Llegados al absurdo de la amistad de Garzón con la prensa "libre", no está de más recordar la agresión de sus custodios a un periodista que lo fotografió tropezándose en el acceso principal de la Audiencia Nacional, al que ordenó arrebatarle la cámara en 1995.(3)

Sin embargo en nuestro país, le dan el premio que se otorga a los paladines de la libertad de expresión. Todo un premio a su trayectoria.

Los que conformamos esta Iniciativa recordamos con ternura a una Hebe de Bonafini y a Hebe de Mascia, que allá por 1999 mandaba palabras de aliento a los que en diferentes puntos del territorio ibérico eran perseguidos por el ahora adulado ex juez: "El que encarcela a la gente por lo que piensa es un Estado terrorista".(4)

1-http://videotecaalternativa.net/puente-llaguno-clave-de-una-masacre
2-http://www.cubainformacion.tv/index.php/otros-especiales/quitando-mascaras/1133-el-juez-garzon-en-venezuela-la-paja-en-el-ojo-ajeno
3-http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1995/03/28/011.html
4-http://lahaine.org/paisvasco/hebeelqueencarcela.htm

TESTIMONIO DE UN PERIODISTA AL QUE GARZÓN DEJÓ SIN TRABAJO

Garzón no cerrará más periódicos

Por Joxerra Bustillo ( periodista del diario Egin, clausurado por Garzón)

(este artículo fue escrito en febrero 2012, cuando a Garzón lo dieron de baja por simular investigar los crímenes del franquismo)

He seguido desde la distancia la peripecia judicial del juez de instrucción Baltasar Garzón. Desde que ordenó la clausura del diario "Egin" y la emisora "Egin Irratia", allá por julio de 1998, no es santo de mi devocion, por razones obvias. Para quien no lo sepa, fui uno de los periodistas damnificados por aquel cierre y varios compañeros de trabajo y amigos permanecen hoy en la cárcel con motivo de aquella operación made in Garzón.

La sentencia que se ha conocido hoy, por la que se inhabilita y separa de la carrera judicial a este hombre, supone un gran alivio. Ya no ordenará el cierre de más periódicos. Ya no ordenará más escuchas a abogados de presos. Ya no seguirá haciendo lo que le venga en gana, como ha hecho hasta ahora.  Incluida su cínica postura ante las innumerables denuncias de tortura realizadas cara a cara por presos vascos.

No soy ingenuo. Sé perfectamente que quienes lo han denunciado son una cuadrilla de sinvergüenzas relacionados con tramas de corrupción, pero si el axioma de que el fin no justifica los medios debe prevalecer, Garzón también debe cumplirlo. En el caso de los abogados de presos vascos siempre se ha saltado ese principio. Se han grabado las conversaciones de los abogados con sus defendidos como norma habitual. Garzón, y otros jueces de instrucción como él, han actuado a su antojo, amparados en la razón de Estado.

Policías encapuchados clausuran el periódico Egin, obedeciendo órdenes de Garzón

El paradigma ha cambiado cuando esa práctica ilegal y antidemocrática les ha sido aplicada a abogados de detenidos de alto estanding, implicados en la trama Gürtel. Garzón se pasó de listo y pinchó en hueso. Se creía, como el Borbón, intocable, cuando se había labrado una interminable lista de enemigos. Y se ha quedado fuera de su querida Audiencia Nacional, para siempre.

En el caso de las víctimas de la Guerra Civil, guiado por su megalomanía enfermiza, ha intentado abrir una Causa General contra el franquismo. Un loable afán, si no fuera porque se ha acordado tarde de las víctimas y se ha saltado a la torera los pactos que los antecesores de quienes ahora le jalean -léase el PCE y el PSOE- suscribieron a escondidas con los franquistas reciclados, encabezados por Suárez y Fraga. Esa Causa General debió ser abierta a instancias de un primer gobierno democrático tras la muerte de Franco, incluyendo entre los acusados a su sucesor en la Jefatura del Estado, pero nunca se hizo, y de aquellos polvos estos lodos.

Por otra parte, da lástima esa "izquierda garzoniana", que olvida todos los atropellos protagonizados por este juez estrella, y se agarra como clavo ardiendo a su paripé contra Pinochet y su guiño judicial a los que reclaman, con dignidad, la memoria histórica de los derrotados. Una "izquierda" patética, incapaz de plantar cara a una Constitución monárquica infumable, verdadero obstáculo para una verdadera regeneración democrática del Estado español. Siempre les quedará la opción de auparlo de líder carismático cara a las próximas contiendas electorales.

Pero más allá de esas miserias políticas, lo significativo, lo que tiene verdadero relieve, es que un juez de instrucción que ha protagonizado a lo largo de su carrera en la Audiencia Nacional incontables irregularidades, ha sido, por fin, puesto en su sitio por sus compañeros del Tribunal Supremo y además por unanimidad. Seguro que en la sentencia han podido influir prejuicios personales y políticos contra él, pero esa circunstancia es el pan nuestro de cada día en esas instancias.

Retirado de la primera línea de combate en defensa del Estado, por su propia prepotencia, el juez que elaboró la teoría del "todo es ETA" acaba su carrera profesional, saliendo por la puerta de atrás. Ahora lo único que deseo es que su reciclaje profesional no tenga nada que ver con Euskal Herria y sus gentes. Viviremos más tranquilos.

El Ayuntamiento socialista de La Línea nombra a una virgen alcaldesa perpetua

La Inmaculada Concepción, nueva alcaldesa. AYTO. LA LÍNEA

Gracias a los votos de PSOE -partido que gobierna

Andaluces.es - Pablo Fraile / 3 dic 2013

Los ciudadanos de La Línea de la Concepción (Cádiz) cuentan desde el pasado domingo con una nueva alcaldesa. La Inmaculada Concepción, patrona del municipio, es desde entonces regidora perpetua de la localidad gaditana sin necesidad de pasar por las urnas. Un pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento la elevó a los altares de la política local gracias a los votos de PSOE -partido que gobierna-, PP y PA. La virgen recibió, además, la insignia de la ciudad, el bastón de mando y una medalla conmemorativa.

La Inmaculada Concepción compartirá puesto con Gema Araujo (PSOE), regidora terrenal de la localidad. La alcaldesa aseguró en su discurso que el nombramiento de la virgen responde a una reclamación ciudadana y calificó de “histórica” una jornada en la que participó el Obispo de Cádiz, además de otras autoridades religiosas. “Todos, sin distinción, homenajeamos así a quien ha dado respaldo espiritual desde el nacimiento de esta población, siendo, por tanto, de las primeras señas de identidad que todos los linenses tenemos”, alegó Araujo, quien explicó que la Inmaculada Concepción da nombre al municipio desde julio de 1870, cuando la corporación municipal decidió añadir un reconocimiento a la patrona en la denominación de la localidad.

El nombramiento se lleva gestando alrededor de seis meses y coincide con el centenario de la concesión del título de ciudad a La Línea por Alfonso XIII, en 1913. Para poder hacerlo efectivo, el Ayuntamiento se ha visto obligado a modificar el Reglamento de Honores y Distinciones, que no recogía el supuesto de nombrar a una virgen alcaldesa perpetua.

Para Izquierda Unida, único grupo municipal que se opuso a la medida, supone “un insulto a la inteligencia y a la aconfesionalidad del Estado”. Su representante en el pleno, Ceferina Peña, a la que denuncian se negó la posibilidad de intervenir en el acto, abandonó el pleno en señal de protesta. “Es una falta de respeto. No solo hacia las personas que no tienen ninguna confesión, sino a los ciudadanos con otras creencias”, denuncia Manuel Sánchez Cárdenas, coordinador local de la coalición en La Línea. “Lo que más nos choca es que lo ha llevado a cabo el PSOE. Hace dos semanas dijeron que iban a dar un giro a la izquierda”.

La medida del Ayuntamiento de La Línea llega poco después de la Conferencia Política del PSOE federal, que supuso un intento de los socialistas para avanzar hacia políticas menos comprometidas con la religión católica. En esa línea, el partido presentó ayer una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a denunciar los acuerdos con la Santa Sede, poner en marcha una ley de libertad religiosa y establecer un protocolo de obligado cumplimiento para todos los actos organizados por el Estado para garantizar su aconfesionalidad. ”Hoy tenemos una sociedad mucho más secular, incluso más laica, y mucho más plural”, decía en rueda de prensa la vicesecretaria del partido, Elena Valenciano, “creemos que esta nueva realidad debe reflejarse en nuestro ordenamiento jurídico”.  Del dicho al hecho hay, no obstante, un largo camino. “No basta con declaraciones”, protesta Manuel Navarro, coordinador de Andalucía Laica: “El PSOE no tiene que esperar a estar en el Gobierno central para hacer política de laicidad, tiene que hacerlo desde todos los sitios en los que gobierna”.

Autoridades religiosas en el pleno

Los que sí tuvieron la oportunidad de valorar la medida en el pleno fueron Juan Domingo Macías, hermano mayor de la Hermandad de la Inmaculada Concepción y el sacerdote Juan Enrique Sánchez. Paradójicamente, fue este último quien hizo referencia explícita a la Constitución para justificar la medida, asegurando que el nombramiento no entraba en conflicto con la aconfesionalidad del Estado: “No conlleva ninguna injerencia de la religión en la política ni viceversa, porque es ante todo un título honorífico que reconoce la incuestionable relación de La Línea de la Concepción con su patrona”.

Tras el acto en el Ayuntamiento, el nombramiento tuvo una segunda parte en el santuario de la patrona, a pocos metros de la sede municipal. Una vez allí, Araujo volvió a justificar la concesión del título honorífico a la imagen religiosa y, aprovechando la presencia de la nueva alcaldesa, hizo un llamamiento a la solidaridad ciudadana: “Quisiera, con humildad, pedir desde aquí, en el acto de nombramiento de nuestra patrona y a los pies de ella, un esfuerzo de todos para que si cabe seamos más solidarios en unos tiempos que requieren de nuestra respuesta más humana, más sentida y más cristiana”.

Religión y política municipal

El protagonismo de la religión católica en el ámbito municipal es una constante en las corporaciones andaluzas. Además de La Línea, otros municipios cercanos cuentan en su corporación local con una regidora honorífica de las mismas características -la Virgen de la Luz en Tarifa o Nuestra Señora de la Palma en Algeciras-. En otros casos, el reconocimiento llega con un hueco en el callejero -el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, le quitó una calle a Pilar Bardem para ponérsela a la Virgen de las Mercedes- o en forma de medallas. El pasado domingo, el Ayuntamiento de Granada (PP), con el respaldo también del PSOE y UPyD, condecoró a la patrona municipal, la Virgen de las Angustias, con la medalla de oro de la ciudad. En el acto, el alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, aseguró que se trataba de una fecha histórica para Granada y se apropió del sentimiento de todos los ciudadanos, católicos o no: “Creo que no hay ni un solo granadino que no diga a mi virgen no me la toques, esa es mi virgen”. Sin embargo, más de un 25% de los españoles -datos del Barómetro del CIS de septiembre- no se consideran católicos. “Un alto porcentaje de la población se ve discriminada y no se siente representada con este estas historias”, denuncian desde Andalucía Laica. “¿Por qué las administraciones públicas pueden vulnerar sus libertades religiosas?”.

La confesionalidad de muchos municipios no entiende, además, de siglas políticas. El pasado junio, Izquierda Unida anunció que incorporaría en sus estatutos la prohibición de que cargos públicos asistieran a actos religiosos. La medida no sentó demasiado bien a muchos de sus regidores, quienes alegaban que era difícil esquivar el arraigo de las tradiciones religiosas en la cultura local.