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| Juan Mañas Morales (24 a.), Luis Montero García (33) y Luis Manuel Cobo Mier (29) |
Durante el trayecto son confundidos con tres militantes de ETA (que había atentado contra militares ese día, desatándose la cacería antiterrorista) por una persona que acababa de ver las noticias. La cacareada "colaboración ciudadana".
Apuntó la matrícula del coche donde iban los tres jóvenes, que ignoraban que acababan de dictarse sus sentencias de muerte, y avisó a la Guardia Civil.
El resultado no se hizo esperar: el 9 de mayo varios picoletos detuvieron a los tres jóvenes en Roquetas de Mar (Almería) y, tras llevarlos a una casa abandonada, los torturaron con tal saña y crueldad que en pocas horas eran los tres cadáveres atrozmente mutilados.
Dándose cuenta del error, procedieron a camuflar el crimen, para lo cual metieron los cadáveres en el coche para, a continuación, prenderle fuego.
El procedimiento judicial estuvo repleto de irregularidades, y sólo gracias a la entrega y coraje del abogado que representaba a las familias de las víctimas, Darío Fernández, quien recibió múltiples amenazas de muerte y tuvo incluso que vivir oculto en una cueva, se logró que tres de los once guardias civiles implicados fuesen condenados por torturas y homicidio, que no asesinato.
El principal encausado, el entonces teniente-coronel Carlos Castillo Quero, recibió una sentencia de 25 años de prisión; el teniente Manuel Gómez Torres otra de 14 años, y finalmente el guardia Manuel Fernández Llamas fue condenado a 12 años.
Ninguno pasó en prisión ni un año y, por supuesto, con enormes privilegios y prebendas. Entre otras, nunca dejaron de percibir suculentas sumas de dinero procedentes de los fondos reservados.
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