15 de enero de 2014

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miércoles, 26 de noviembre de 2014

El Ayuntamiento de Vitoria pide la extradición a Argentina del exministro franquista Martín Villa

 
Todos los grupos municipales menos el PP aprueban una moción pidiendo la extradición de los "responsables" de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en los que murieron cinco trabajadores durante el desalojo de la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga.
 
| 24 Noviembre 2014 -                                                      
El Ayuntamiento de Vitoria ha pedido al Gobierno central que acceda a las órdenes de detención preventiva y posterior extradición a Argentina para la toma de declaración indagatoria dictada por la jueza María Servini, de las 19 personas imputadas vivas por crímenes cometidos durante la dictadura franquista, entre los que se encuentra el exministro Rodolfo Martín Villa.
 
Todos los grupos municipales han aprobado esta moción firmada por PNV, PSE-EE y EH Bildu, salvo el PP, formación que gobierna en el Consistorio y que se ha abstenido.
 
La magistrada ordenó a principios de mes la detención preventiva de los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, además de otros 18 acusados en la causa en la que investiga crímenes y desapariciones ocurridas durante el franquismo.
 

En este sentido, el Ayuntamiento de la capital alavesa ha pedido la extradición de los "responsables" de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en los que murieron cinco trabajadores por disparos de la Policía y resultaron heridos un centenar, durante el desalojo de la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga (Vitoria) en la que estaban celebrando una asamblea de trabajadores.
 
Entre estos "responsables" identifica al entonces ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, el vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Osorio, y el excapitán de la Policía Armada, Jesús Quintana. Además, reprueba "todas aquellas declaraciones que justifiquen y avalen la actuación criminal" cometida el 3 de marzo de 1976 en Vitoria.
 
La moción se aprueba unas semanas después de las declaraciones realizadas por el secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP, Iñaki Oyarzabal, en una revista en las que afirmaba que la magistrada argentina María Servini busca "convertir en un juicio sumarísimo" los sucesos del 3 de marzo de 1976, cuando, en su opinión, se trata de un "exceso en una carga policial" en el que los policías utilizaron armas de fuego "para defenderse en un momento en que se vieron acorralados por la multitud".

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