Contra la impunidad de los que aprobaban fusilamientos en la Dictadura

Madrugada del 14 de Agosto de 1976 asesinado en Almería, 

Francisco Javier Verdejo por la Guardia Civil

Los tribunales argentinos cuestionan los acuerdos que garantizan la impunidad de los crímenes del franquismo

David Arrabalí Campos

Mundo Obrero

Rebelión 6/1/12

Hace unos días hemos conocido que la justicia Argentina investigará a Manuel Fraga, por haber formado parte del régimen franquista. El que fuera ministro de Información y Turismo (1962-1969) del Dictador Francisco Franco, a sus 90 años, deberá ver cómo su paso, del que nunca se ha retractado, por la dictadura se cuestiona desde un tribunal extranjero.

Así lo han pedido familiares de represaliados durante el franquismo y asociaciones para la recuperación de la memoria histórica a la jueza argentina María Servini, que está instruyendo una causa en ese país por los crímenes del franquismo bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar hechos de lesa humanidad ocurridos en otros países, tal como sucedió en España con represores argentinos.

La jueza federal María Servini libró un exhorto a España en el que solicitó nombres y domicilios de los integrantes del Consejo de Ministros y de los jefes de las fuerzas de seguridad que integraron el gobierno de facto del general Franco entre julio de 1936 y junio de 1977 y si se encuentran vivos, en el marco de esta investigación de crímenes relacionados con personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la represión franquista, el número de niños apropiados y las empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, entre otros datos, informaron fuentes judiciales.

Los tribunales argentinos cuestionan los acuerdos de la Transición española que garantizaron la impunidad de los crímenes del franquismo. Si las instituciones españolas respondieran a la petición efectuada desde el país latinoamericano tendrían que aportar información, entre otros, sobre el ex ministro franquista, fundador y presidente honorífico del PP Manuel Fraga, muñidor informativo del asesinato de Julián Grimau, o Rodolfo Martín Villa, responsable político de la muerte de activistas demócratas durante la llamada transición pacífica a la democracia y ex presidente de Sogecable.

Cuando hace unos años se presentó una propuesta en la comisión constitucional del senado en la que se pedía al Gobierno la rehabilitación ciudadana y democrática de la figura de Julián Grimau, víctima de la represión franquista, Manuel Fraga y todo el Grupo Popular se opusieron a la iniciativa, aprobada con los votos de los demás grupos políticos. El líder de la oposición antifranquista Julián Grimau, dirigente del Partido Comunista de España, fue torturado en la Dirección General de Seguridad donde intentaron asesinarle tirándole por la ventana tras su detención en 1962, luego fue juzgado por un tribunal militar sin las más mínimas garantías en un consejo de guerra por rebelión militar, unas horas después fue condenado a muerte.

El ministerio de Información desarrolló una intensa campaña de propaganda para contrarrestar la reacción internacional ante estos hechos tratando de identificar a Julián Grimau como un criminal. El ministro de Información era Manuel Fraga, que cuando desde las gradas del senado se le decía que pidiera perdón, no intervino en el debate, permaneció sentado en su asiento sin mover un músculo cuando él avaló aquel asesinato, ya que formaba parte del Consejo de Ministros presidido por Franco que no atendió ni la llamada del Papa. Fraga había dicho que justificaba el fusilamiento de Grimau al que tachó de sanguinario asesino.

Estos funcionarios, policías torturadores o ministros, se beneficiaron de la Ley de Amnistía aprobada en junio de 1977. Una auténtica Ley de punto final que garantizó su impunidad y cuyo contenido político sólo puede comprenderse recordando aquel célebre atado y bien atado con el que Franco tranquilizó a sus seguidores en los últimos días de su vida.

En los años finales de la Dictadura se produjo una escalaba brutal de la represión que coincidía con un ciclo de luchas de la oposición antifranquista, organizada y dirigida principalmente por los sindicatos clandestinos y el Partido Comunista de España todavía ilegal. En unas condiciones muy difíciles de persecución, estos movimientos políticos encabezaban las luchas obreras, el movimiento estudiantil y las movilizaciones vecinales.

Este ciclo arranca aproximadamente con la designación en 1969 de Juan Carlos de Borbón como sucesor del general Franco. Ese mismo año es detenido Enrique Ruano al que habían visto repartir en la calle propaganda de Comisiones Obreras, según la versión oficial se arrojó desde un séptimo piso. Los policías, hoy comisarios, no fueron juzgados por asesinado hasta 1997, le pegaron un tiro y luego lo tiraron por la ventana, y fueron absueltos por el tribunal supremo. En julio de 1970, mueren por disparos de la policía los albañiles Antonio Huertas Remigio, Cristóbal Ibáñez y Manuel Sánchez Mesa durante una manifestación organizada por Comisiones Obreras. Ese mismo mes el gobierno militariza el metro de Madrid tras el éxito de los huelguistas. En septiembre la huelga de la construcción en Madrid también es un éxito.

Pero el hecho histórico más relevante del momento fue el proceso de Burgos, en diciembre de 1970, en el que fueron condenados a muerte y luego conmutada la pena de varios militantes de ETA. El obrero metalúrgico Roberto Pérez Jáuregui muere en los días posteriores por disparos de la policía en el curso de una manifestación de protesta contra el proceso de Burgos.

En septiembre de 1971 es asesinado Pedro Patiño, por disparos de la Guardia Civil mientras repartía octavillas de Comisiones Obreras convocando una huelga de la construcción. En octubre de 1971 durante la huelga de la SEAT organizada por Comisiones Obreras, la policía ocupa la fabrica y dispara sobre los trabajadores, matando a Antonio Ruiz Villalba. El 10 de marzo de 1972 en la huelga de los trabajadores de Bazán, en el Ferrol, son asesinados por la Policía los trabajadores Amador Rey y Daniel Niebla.

En esos años se procedió a la detención y ejecución de numerosos líderes sindicales, el colofón a esta actividad represora es la detención de la cúpula de Comisiones Obreras en una reunión clandestina en junio en 1972, que dio lugar al Proceso 1001, y la posterior condena en diciembre de 1973 a largas penas de cárcel. Los asesinatos de obreros continúan; en abril de 1973 la Guardia Civil ametralla una manifestación de dos mil obreros, matando de una ráfaga a Manuel Fernández Márquez, militante del PSUC y de Comisiones Obreras, en la puerta de la central térmica de Sant Adrià de Besòs. En septiembre, Cipriano Martos, obrero de la construcción, es asesinado mediante la tortura por la Guardia Civil en Reus, fue obligado a beber el contenido de un cóctel molotov. En octubre, durante un reparto de octavillas en la fábrica de CASA en Madrid, es asesinado a tiros por la policía el obrero Victoriano Diego Gómez.

En agosto de 1974 es asesinado por la Guardia Civil en Carmona, Miguel Roldán Zafra, en una manifestación de vecinos del pueblo en la que pedían agua potable. En enero de 1975 es asesinado por un guardia civil Víctor Manuel Pérez Elexpe, cuando estaba repartiendo octavillas de apoyo a la huelga general en Navarra, recibió cinco disparos a quemarropa y por la espalda. El 27 de septiembre de 1975, tuvo un gran impacto el fusilamiento tras un consejo de guerra de cinco militantes de ETA y FRAP.

En noviembre de 1975 Juan Carlos de Borbón asume la jefatura del estado y el ejército para convertirse en dictador cuando desaparece Franco. Tras la muerte del general se recrudece la represión. En los meses posteriores decenas de obreros y militantes antifranquistas son heridos y asesinados por la policía y la extrema derecha. La lista es interminable; en febrero de 1976 durante una manifestación a favor de los trabajadores del calzado en Elda, Teófilo del Valle es muerto a tiros por la policía. El 3 de marzo la policía mata en Vitoria a 5 trabajadores, Francisco Aznar Clemente, Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, José Luis Castillo García y Bienvenido Perea, y hiere a más de cien.

En agosto de 1976 el estudiante de 19 años Francisco Javier Verdejo Lucas, muere en Almería por disparos de la Guardia Civil mientras hace una pintada: "Pan, trabajo y libertad". En septiembre de 1976 el estudiante comunista, Bartolomé García Lorenzo, muere en La Laguna acribillado a tiros por agentes de la policía. Ese mismo mes es asesinado Carlos González Martínez, estudiante de 21 años, durante una manifestación. En noviembre de 1976 es asesinado de dos balazos por un guardia civil José Javier Nuin, estudiante de 19 años. En diciembre Ángel Almazán Luna es apaleado en una manifestación a favor de la abstención en el referéndum de la Ley para la Reforma Política y muere por la paliza. En enero de 1977 muere José Vicente Casabany durante una manifestación. También muere Juan Manuel Iglesias, de 16 años, al huir de una carga policial y Arturo Ruiz es asesinado por la "Triple A", ambos en manifestaciones pro amnistía.

El 24 de enero de 1977 nueve abogados laboralistas de Comisiones Obreras, militantes del PCE, fueron ametrallados por un grupo de ultraderecha. Cinco resultaron muertos: Rodríguez Leal, Luis Javier Benavides, Enrique Valdevira, Serafín Holgado y Francisco Javier Sauquillo. Ese mismo día, en una manifestación de protesta por el asesinato de Arturo Ruiz, la policía mata con un bote de humo a Mª Luz Nájera y muere en Cartagena Pancho Egea, trabajador de la construcción, durante una manifestación conjunta de obreros de la construcción y del metal. En marzo muere José Luis Aristizabal Lasa, estudiante de 20 años, durante una manifestación pro amnistía, también muere Ángel Valentín Pérez, obrero de la construcción de 24 años, apuñalado por elementos de ultraderecha durante una manifestación.

Más tarde, en diciembre de 1977, se aprueba la Ley de amnistía y las cárceles repletas de presos políticos se vacían, esto supone cierto respiro pero continúa la represión y muchos más luchadores mueren en los años posteriores, como: Manuel García Caparrós, obrero malagueño militante del Comisiones obreras y el PCE, en diciembre de 1977 en una manifestación por la autonomía de Andalucía; Javier Fernández Quesada, estudiante comunista de 22 años, que muere ese mes en Tenerife por disparos de la policía; Francisco Rodríguez Ledesma, obrero sevillano asesinado en una manifestación de trabajadores; Elvira Parcero Rodríguez, de 22 años, asesinada en una manifestación de los trabajadores de la empresa Ascón; José Luis Escribano, militante de Comisiones Obreras, es asesinado en Soria por cuatro disparos de un policía en el transcurso de una discusión; Manuel Medina Ayala, militante del PCE, apuñalado por un grupo ultraderechista durante un acto en solidaridad con el pueblo chileno; Andrés García, joven comunista asesinado por miembros del Frente de Juventud.

Los luchadores asesinados después del 6 de octubre del 1977 no son reconocidos como victimas por las leyes, ni han percibido ayuda alguna. Estas matanzas y asesinatos permanecen impunes, la conculcación de derechos sigue vigente, y los máximos responsables no han sido juzgados y están presentes en la vida política, desde Juan Carlos de Borbón, jefe del estado y del ejército, a Manuel Fraga Iribarne o Rodolfo Martín Villa, ministros de Gobernación en esos años.

Han pasado más de treinta años desde que se produjeron estos crímenes, y los asesinos de centenares de defensores de la libertad no han sido condenados y siguen presentes en la vida política, algo impensable en una Democracia. Todos las afectados, víctimas, familiares y asociaciones, piden la anulación de los juicios de la dictadura y que se procese y condene a los responsables de estos crímenes para terminar con la impunidad en el estado español.

Existe una enorme deuda con las víctimas del franquismo y con las de la transición, ya que cuando se pudo no se hizo casi nada por las personas que fueron represaliadas durante la Dictadura, sólo pequeños pasos hacia la lenta y costosa rehabilitación de los luchadores y luchadoras por las libertades que se han dado en los últimos años gracias al esfuerzo de los familiares de las víctimas y de las organizaciones que reivindican la memoria histórica.