300 presos del franquismo buscan en Argentina la anulación de sus juicios

"Queremos pedir allí la justicia que aquí se nos niega" explica uno de los impulsores de La Comuna

Los miembros de La Comuna piden la derogación de la Ley de Amnistia

El País 21-1-12 Charo Nogueira / Madrid

“Contra la impunidad del franquismo”, reza la pancarta. La colocan tres hombres canosos en el escenario del instituto de secundaria Lope de Vega. Es la puesta de largo de la asociación La Comuna, integrada por opositores encarcelados desde los años sesenta hasta 1977. Agrupa a cerca de 300 personas que pertenecieron a organizaciones de izquierda —Liga Comunista Revolucionaria, ETA VI Asamblea, Partido del Trabajo de España, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, y diversos partidos comunistas, incluido algún militante del PCE—. Una mezcla de viejos trotskistas, marxistas-leninistas, maoístas, anarquistas... que colmaba ayer en Madrid un salón de actos escolar para emprender la batalla contra el “punto final” que supuso la Ley de Amnistía de 1977 y el “desamparo” en que les deja la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Los “represaliados” —como los define desde la tribuna Manuel Blanco Chivite, militante del FRAP condenado a muerte en 1975— tienen más esperanzas en la justicia argentina que en la española. De ahí que se apresten a reunir papeles para hacérselos llegar a la juez que, amparada en la justicia universal, investiga en Buenos Aires la represión franquista desde 1939 hasta junio de 1977. “Queremos pedir allí la justicia que aquí se nos niega”, explica uno de los impulsores de La Comuna, José María, Chato, Galante, ex dirigente de la LCR.

“Hemos estado en la cárcel por luchar contra Franco. Reivindicamos una época que no aparece, porque da la sensación de que la represión acabó a comienzos de los años sesenta y no fue así. Entonces fue cuando empezó el Tribunal de Orden Público”, detalla Galante a EL PAÍS. El TOP juzgó a 8.943 personas por delitos políticos. El 78% resultaron condenados a un total de 10.146 años, 18.870 meses y 4.758 días de condena, pero hubo unos 50.000 afectados si se suman los detenidos e investigados, enumera en rápido inventario.

Este tribunal juzgó los delitos políticos —incluidas las injurias contra el jefe del Estado, que llegaron a costar 10 años de cárcel— entre 1963 y 1977. Sustituyó a los consejos de guerra militares, limitados desde entonces a casos considerados como terrorismo y pródigos en penas de muerte. Muertes hubo también sin tribunal mediante: 214 a manos del aparato del Estado y de la ultraderecha entre 1962 y 1981, según el recuento de La Comuna —lleva este nombre en recuerdo de las comunas que organizaban los presos políticos para compartir, sobre todo comida y libros, en las cárceles de la dictadura—. “En España ha habido  terrorismo institucional y de Estado, no solo de ETA”, concreta ante el auditorio Víctor Díaz Cardiel, del PCE.

Un bagaje de lucha y represión que quieren airear frente a las polillas de la historia. “Debe formar parte de la recuperación de la memoria histórica. Somos víctimas que hemos desaparecido porque no se ha querido señalar a los verdugos. Ni siquiera se sabe cuánta gente pasó por la cárcel por oponerse a la dictadura”, plantea Galante. “Tan luchadores contra Franco somos nosotros como lo fueron los del maquis, pero mientras estos son ahora héroes, a otros todavía les llaman terroristas”, tercia en la conversación Josefa Martínez Sereno, obrera presa casi un año en Yeserías por pertenecer al FRAP. Una mujer, abuela ya, que al pedir el pasaporte hace seis años se encontró todavía “con una vieja orden de búsqueda y captura”.

Además de una investigación a fondo sobre la represión de la época, los miembros de La Comuna piden la derogación de la Ley de Amnistía, que puso a muchos de ellos en la calle. Acabar con aquella ley “de punto final”: esa sería la puerta para conseguir la anulación de sus juicios —la Ley de Memoria Histórica solo los declara “ilegítimos”— y, de paso, la persecución de los culpables de la represión franquista, plantean en La Comuna. Porque defienden que lo de aquella época fueron crímenes contra la humanidad, que no prescriben,  y quieren ver a sus responsables ante la justicia, aunque fuera en Argentina. “Me gustaría ver en el banquillo a Billy el niño [el policía Antonio González Pacheco], pero dudo que lo consiga”, tercia Martínez. “A mí me torturó”, lanza Ángela Gutiérrez Suárez, funcionaria y antes obrera trotskista presa varias veces.

Ese verbo abre un silencio, una tenaza que solo aflojará cuando el grupo que conversa con este diario haya menguado: entonces vuelve aquel policía de Vitoria —luego víctima reconocida del terrorismo de ETA— que se llevaba un grifo de su casa para introducir el dedo del detenido en él e ir apretando en busca de una confesión; la barra de la DGS en la que se golpeaba a los detenidos, los monos mojados “estilo Guantánamo”, el “sadismo”...

“Las torturas no se pueden pagar. Ni los años de cárcel, pero hay medidas para reparar a un inocente al que se ha metido en prisión. Como mínimo, tendríamos que tener derecho a eso”, apunta Sabin Arana, militante en la primera ETA y luego de la VI Asamblea —trotskista—, preso durante nueve años. Miembro de La Comuna, también forma parte de otra asociación similar en Euskadi, Goldatu (Remover), que abarca hasta la Transición.

La derogación de la Ley de Amnistía daría paso al derecho a una reparación pública, defienden en La Comuna. Pocos de sus miembros la han conseguido: eran demasiado jóvenes, según la normativa de reparación aprobada hasta ahora para los expresos políticos. Víctor Díaz Cardiel, de 77 años, sí lo logró: 6.000 euros por sus ocho años de cárcel. “Y el 40% se lo llevó Hacienda”, apostilla con ironía este veterano del PCE.