Apirilak 25, igandea: Konzentrazioa gernikan

ZIGORGABETASUNAK BADITU MILAKA AURPEGILA IMPUNIDAD TIENE MIL CARAS

Denunciar el modelo español de impunidad

EN TODA SU EXTENSIÓN, EN TODOS SUS CONTENIDOS Y EN TODAS SUS COMPLICIDADES y seguir reclamando y dando pasos para la consecución EFECTIVA del reconocimiento de Verdad, Reparación y Justicia para TODAS las victimas del régimen franquista. Este es el objetivo de la campaña que hoy ponemos en marcha y que tendrá su próximo acto público en la concentración que realizaremos en Gernika, en el marco de un nuevo aniversario del arrasamiento de la villa por parte de la aviación fascista el 26 de Abril de 1937. Dicha concentración será el próximo domingo día 25 de Abril a las 13:00 h. en la Fuente de “Mercurio” y a la que llamamos a asistir tanto a las personas residentes en Gernika como a toda la ciudadanía vasca.

konzentrazioa / concentración

GERNIKA Apirilak 25 igandea / 25 de Abril domingo 13:00 h FUENTE DE MERCURIO

Manifiesto de Ahaztuak 1936/1975

Comunicado de la Coordinadora de Asc. de MH y Democrática de Madrid sobre el proceso contra el Juez Garzón

La Coordinadora de Asociaciones para la Memoria Histórica y Democrática de Madrid expresa su indignado rechazo por el procesamiento del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, denunciado por prevaricación por las entidades de la extrema derecha Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS, en una acción ofensiva contra los esfuerzos de establecimiento de la Verdad, Justicia y Reparación sobre lo sucedido tras la sublevación fascista en 1936 y la dictadura que implicó la desaparición forzada de más de 100.000 personas.
Al admitir esta absurda e irracional querella, los magistrados se han alineado objetivamente con los rebeldes fascistas sublevados contra el Gobierno legítimo de la Segunda República y los miles de asesinatos perpetrados en aquella época.
Para nosotros el juez Garzón hizo lo que debería hacer cualquier juez decente y demócrata. Si, en su día, el juez no hubiese admitido las denuncias de las Asociaciones de Memoria, habría efectivamente incurrido en un acto de prevaricación por “negase a juzgar, sin alegar causa legal, o so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la Ley según establece el art. 448 de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.
Resulta escandaloso que Don Luciano Varela, Magistrado del Tribunal Supremo, paradójicamente y por una razón contraria, haya aceptado la denuncia de la extrema derecha y afirme, en su auto, que la actuación del juez puede ser constitutiva del delito de prevaricación, porque, según él, Garzón “a sabiendas, dictó sentencia o resolución injusta” (art. 446 de la Ley citada) al declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. En realidad, una “resolución injusta”, en un Estado de derecho como el nuestro, habría sido la que no velara por los derechos de las víctimas desaparecidas.
El juez Varela acusa además a Garzón de ignorar conscientemente "que los hechos denunciados ya carecían de relevancia penal", e ignorar o hacer caso omiso "de leyes democráticamente aprobadas, como la Ley de Amnistía” Garzón argumenta, en cambio, que no es aplicable la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 a este tipo de delitos, y en particular, a los que él investigaba.
Varela admitió en su auto contra Garzón que existen múltiples teorías y propuestas sobre la perseguibilidad de los crímenes de lesa humanidad, pero se ha inclinado ideológicamente justamente por la interpretación de que la Ley de Amnistía niega la posibilidad de enjuiciar los delitos de lesa humanidad y afirma que esos delitos han prescrito, interpretación injusta de acuerdo con las Leyes Internacionales que amparan los Derechos humanos. Varela remite así al poder Legislativo la posibilidad de que, en el futuro, derogue la Ley de Amnistía de 1977 y redefina “el alcance de la retroactividad de las normas sobre su prescripción". Es sorprendente que el mismo Magistrado Sr. Varela haya afirmado recientemente, como ponente de otro asunto que «donde caben varias conductas y decisiones objetivamente o donde existen dudas fundadas en la interpretación del derecho, la elección de una u otra de estas interpretaciones posibles (...) no dará lugar a una acción prevaricadora».
La Coordinadora de Asociaciones para la Memoria Histórica y Democrática de Madrid hace suya la denuncia pública de Don Carlos Jiménez Villarejo, amparada por la libertad de expresión, cuando afirma que “los magistrados del Tribunal Supremo han dado un golpe brutal a la democracia española convirtiéndose en instrumento de expresión del fascismo español”, al ponerse en manos de Falange y perseguir penalmente a un juez que ha intentado dar satisfacción a los familiares de las víctimas del franquismo que todavía yacen sin identificar en fosas comunes. De esta manera se pone en cuestión el propio Estado de derecho que debe ampararlas.
La Ley de Amnistía de 1977 circunscribe su objeto a los delitos de “intencionalidad política” y obviamente los crímenes a que se refiere el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 no admite la “excepción política”. Los dirigentes franquistas no fueron objeto de amnistía, porque no habían reconocido sus crímenes por lo que quedaron en una situación de absoluta indefinición. El jurista D. José Antonio Martín Pallín señala que la Ley citada indultó a los policías de los “crímenes que hubieran podido cometer”, es decir que no se amnistiaron delitos concretos sino una conducta criminal sistemáticamente reiterada, pero esos crímenes no fueron cometidos por los policías represores como elementos autónomos e incontrolados, sino por una política diseñada de quienes les dirigían.
El estupor de la conciencia democrática y la indignación popular provocada por esta escandalosa situación de desprotección de los Derechos Fundamentales, en nuestro país, pone de relieve la necesidad urgente de que el Gobierno, en su función de iniciativa legislativa, y/o el poder legislativo ratifiquen la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de 26 de noviembre de 1968 y modifiquen o deroguen la Ley de Amnistía de 1977, salvaguardando los beneficios que la norma otorgó a los demócratas españoles represaliados, a sus viudas e hijos.

Conforman la Coordinadora: Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales - Asociación de Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia-Asociación de Descendientes del Exilio Español – asociación de guerrilleros en Francia: Amical de Antiguos Guerrilleros en Francia (FFI) - Asociación" Libres" - Asociación Manuel Azaña-Asociación Memoria Social y Democrática - Asociación de Expresos y Represaliados Políticos Antifranquistas – Ateneo Republicano de Carabanchel - Circulo de Lavapies " Fuente de la Republica"- Confederación STES -intersindical-Club de Amigos de la UNESCO de Madrid - Espacio Alternativo-Familiares de Víctimas de los Fusilamientos Franquistas en Madrid-Foro por la Memoria – Fundación Ciudadanía Joven Tomás Meabe - Fundación CIVES-Fundación Domingo Malagón-Fundación de Investigaciones Marxistas-Fundación Luis Bello-Fundación Santiago Casares Quiroga-Fundación Trece Rosas-Izquierda Republicana-Izquierda Unida Comunidad de Madrid –Juventudes Socialistas de España-Liga Española de la Educación y la Cultura Popular -Partido Comunista de Madrid- -Plataforma de Ciudadanos por la República-Unión de Juventudes Comunistas de España-Unidad Cívica por la República.

Querella y comunicado de prensa de UCxR Baleares

En apoyo a las querellas por prevaricación que han puesto las asociaciones para la recuperacion de la memoria en Cataluña y Baleares a los magistrados Varela y Saavedra, nosotros tambien nos hemos querellado y creo que podriais difundirlo para ver si mas asociaciones se animan y podemos hacer que Garzón siga el proceso de investigacion de los crímenes franquistas como demandan miles de familias por toda España.

Cristina Otero

UCxR Baleares

NOTA DE PREMSA UCXR Balears Palma, 14 d’abril de 2010

L’ASSOCIACIÓ MALLORQUINA UNITAT CÍVICA PER LA REPÚBLICA TAMBÉ ES QUERELLA CONTRA VARELA I SAAVEDRA EN DEFENSA DE LES VÍCTIMES DE LAREPRESSIÓ I EN SUPORT AL JUTGE GARZÓN

L’associació Unitat Cívica per la República -UCXR Balears, presentà també una querella davant el Tribunal Suprem contra el magistrat Luciano Varela i contra el president de la sala de lo Penal,
Juan Saavedra, com a responsables de la imputació contra el magistrat de l’ Audiència Nacional Baltasar Garzón per investigar els crims del franquisme.
Amb l’associació Memòria de Mallorca són ja dues les entitats de la nostra comunitat autònoma, que juntament amb l’Associació Memòria de Catalunya sumen esforços en la lluita contral’amnèsia, per la justícia contra els repressaliats i en suport al jutge Garzón.
Des de Unitat Cívica per la República expressaren el total suport a les paraules expressades per Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca dies passats, “Compartim la preocupació de Memòria de Mallorca ja que si aquests dos magistrats aconsegueixen jutjar a Garzón, es podrien paralitzar totes les investigacions dels crims del franquisme a tota Espanya i en especial a Mallorca, tirant per terra l’ingent treball que les entitats ciutadanes compromeses han portat a terme fins a dia d’avui’.
En paraules de Miquel Mascaró, president UCxR Balears l’activitat de la seva entitat en el camp de la memòria històrica s’encaminarà a ‘Donar la batalla per aconseguir la unitat d’un moviment republicà ample que permeti, entre d’altres fites, assolir una llei que anuli els judicis del franquisme i que garanteixi un enterrament digne a tots els defensors de la legalitat republicana, que es troben avui a les fosses comuns d’ arreu del nostre país’.

La ONU amonestó tres veces a España por la Ley de Amnistía

Reprobó al Gobierno el año pasado por mantener la norma de 1977, no investigar el franquismo y descuidar a las víctimas
La Ley de Amnistía de 1977 se ha convertido en un quebradero de cabeza para la diplomacia española. Tres informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) amonestaron a España en 2009 por escudarse en esta ley para evitar investigar a fondo los crímenes del franquismo y no atender el ruego de las víctimas.
Durante 30 años, la Transición sólo había dado motivos de satisfacción a la diplomacia española ante la cascada de elogios que cosechaba. Pero la imposibilidad del juez Baltasar Garzón de seguir
adelante con su causa para investigar los crímenes del franquismo se le negó la competencia a finales de 2008 y el Tribunal Supremo quiere juzgarlo ahora por supuesta prevaricación ha puesto por vez primera la Ley de Amnistía en el punto de mira de la ONU y de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ante la interpretación que se está haciendo de la
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue el primero en amonestar a España y lo hizo en términos muy duros. Su documento, publicado el 5 de enero de 2009, muestra "preocupación" por "el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía" de 1977 y recuerda que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles" y que las amnistías "relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto".
Comisión de expertos
El comité sugirió "la derogación de la Ley de Amnistía". Y también "tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales", crear una comisión de expertos independientes "encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura" y "permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas".
La ONU recordó que las desapariciones son crímenes "de extrema gravedad"
La diplomacia española contestó indignada el 8 de enero, tan sólo tres días después: lamentó la alusión y la atribuyó al "desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía": "[El comité] está descalificando una decisión respaldada por toda la sociedad española y que contribuyó a la transición a la democracia a España. La citada ley fue una demanda de toda la oposición democrática y fue una de las primeras leyes aprobadas por consenso por las mismas Cortes que aprobaron la Constitución de 1978", sostiene el documento remitido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La réplica no tuvo efecto. El 19 de noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU volvió a señalar explícitamente la norma porque "el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad, ni por el efecto de prescripción".
A continuación, la exigencia: "El Estado debería asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía".
La última tarjeta amarilla llegó el 21 de diciembre, sólo 44 días antes del auto por el que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela seguía adelante con la querella contra Garzón acusándolo de prevaricar por su interpretación de la Ley de Amnistía.
"No es una ley de punto final"
En sus conclusiones sobre España, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de la ONU cita expresamente de nuevo la Ley de Amnistía y concluye con dos exigencias al Gobierno socialista: "Que todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito posible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad". Y que se realizarán "investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada".
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo aplica tesis idénticas
Ni el Comité de Derechos Humanos ni los grupos de trabajo de la ONU tienen valor vinculante, pero sus resoluciones tienen una gran importancia moral y los estados no escatiman esfuerzos diplomáticos para salir bien parados.
España presentó una larga lista de alegaciones, en las que pedía que no se confundiera "la Ley de Amnistía con las denominadas leyes de punto final", como las de Argentina y Chile, que impidieron iniciar procesos judiciales contra los regímenes dictatoriales anteriores. Es decir, el Ejecutivo precisó que la ley de 1977 no es una ley de impunidad.
Pese a que el 60% de los juzgados que recibieron partes de la causa de Garzón han archivado el caso sin investigar ni citar a las víctimas y el resto está en stand by, el Gobierno replica así a la ONU: "La investigación de las desapariciones forzadas se ha realizado siempre que haya sido instada por los interesados, y no se haya dictado ninguna resolución fundada en la Ley de Amnistía".
Un frente cada vez más amplio
La comprensión hacia la Ley de Amnistía ha cambiado tanto a nivel internacional que ya forma parte de la agenda de las grandes organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que lleva años exigiendo que se aborde el asunto, y Human Rights Watch. La causa contra Garzón ha actuado como acelerador. El mes pasado, esta última organización, con sede central en EEUU, inició así su comunicado: "Las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977, en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado".
El Gobierno arguye que la ley contribuyó al éxito de la Transición
El frente internacional de acoso a la Ley de Amnistía se amplió también a finales de 2009 con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No hace referencia a España, sino a Turquía, pero las argumentaciones son tan rotundas que han alimentado las esperanzas de los abogados de derechos humanos en relación con España y han sido incorporadas a la querella presentada en Buenos Aires.
"Aunque el transcurso de más de 34 años sin noticias de las personas desaparecidas puede constituir un fuerte elemento de prueba circunstancial de que estas han muerto durante este lapso, ello no suprime la obligación procesal de investigar", sostiene el Tribunal de Estrasburgo. Y tras recordar que los delitos de lesa humanidad no prescriben, concluye que "ha habido una violación continua del artículo 2 [del Estatuto de Roma] por el hecho de que el Estado demandado no procedió a realizar una investigación efectiva destinada a aclarar el destino de los nueve hombres que desaparecieron en 1974".
Los compromisos de España que obligan a investigar
Las querellas se apoyan en la jurisprudencia internacionalLas querellas presentadas por asociaciones de víctimas contra Luciano Varela -en el Tribunal Supremo- y contra los crímenes de lesa humanidad del franquismo -en Buenos Aires- coinciden en subrayar que España ignora varios convenios que ha firmado y que le obligan a investigar, pese a la Ley de Amnistía de 1977. El magistrado Baltasar Garzón incluyó en su auto el balance provisional de víctimas de la dictadura que hicieron los peritos designados para la causa: entre 136.062 y 152.237 muertos.
Los principios del Convenio Europeo de derechos humanosEn 1950, en Roma, el Consejo de Europa aprobó el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que España firmó el 4 de octubre de 1979. En su artículo 7. 2, se explicita que "no se impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas".
Castigo para los responsables de los crímenesEl Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado en 1998 (y que España ratificó ese año), establece ya en su preámbulo que los delitos de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Se afirma que "los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional (...) no deben quedar sin castigo (...). Y se recuerda "que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales".
El Estado debe proteger a las víctimasLa Asamblea General del 16 de diciembre de 2005 de la ONU aprobó los llamados ‘Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos'. El texto reconoce a las víctimas el derecho al "acceso igual y efectivo a la Justicia, reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido" y a la información "sobre las violaciones y los mecanismos de reparación". Tales obligaciones "deberán reflejarse" en el derecho de cada país. La resolución obliga a los estados a "establecer procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar demandas de reparación y obtener reparación".
No cabe anmistía para una desapariciónLa Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, suscrita por España, estipula que "el delito de desaparición forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos".

De aquella transición… vienen estos lodos

LQSomos. Juanbe Moreno. Abril de 2010.
Asociaciones de prestigio como “Human Rights Watch” o “Amnistía Internacional”, asisten incrédulas a la dura visión del espectáculo mediático en el cual, los verdugos de los derrotados —¿Sindicato? ultraderechista “Manos Limpias”, Falange Española y la Asociación xenófoba “Libertad e Identidad”— sientan en el banquillo de los acusados al juez que ha tratado de investigar los crímenes del franquismo, algo que el propio Estado Democrático ha rehusado hacer en este largo periodo transitorio hacia la verdadera Democracia.
Llamar Estado Democrático a un país cuyo jefe del estado se designa por los lazos sanguíneos comunes con su antecesor puede resultar una quimera. Tampoco ayuda el ser el segundo país con mayor numero de desaparecidos del mundo, superando en cantidad a Hispanoamérica en su totalidad. Las calles de las localidades de este país, no solo de los pueblos pequeños, sino las de la misma capital, se llenan precisamente de los nombres de los que abarrotaron las cunetas y fosas comunes de ciudadanos que, precisamente, defendieron de una manera activa o pasiva un estado de derecho arrebatado por las armas, y esto después de casi tres años de la creación de la Ley 52/2007, más conocida como “Ley de la Memoria”.

Los “crímenes contra la humanidad” no prescritos, donde entran los más de 140.000 desaparecidos, miles y miles de ejecutados con juicios sin valor jurídico o fallecidos en las cárceles. Millares de familias en la más absoluta indigencia después de las incautaciones de todos sus bienes ordenadas por el nuevo estado. La naturaleza violenta del franquismo en su cara más tétrica y miserable, con sus múltiples manifestaciones represivas, como medio de llegar al fin concreto del exterminio al vencido.

Todo esto es algo que no debieron entender los tan aclamados padres de la Democracia en aquellos tiempos que tuvieron en su manos el cambio presuntamente democrático, que se tradujo en un olvido pactado en pos de no se sabe bien que, dado los acontecimientos posteriores que llevamos padeciendo.

La Transición, palabra maldita que supuso el afianzamiento del verdadero poder social, económico, religioso y militar del franquismo, eso si, todo ello revestido de un buen maquillaje predemocrático, donde bastantes años después todavía las catacumbas de la derecha estaban abarrotadas de fieles y nostálgicos que no tenían muy claro si exponer sus simpatías políticas ante el nuevo estado. Todo cambia tras la victoria del PP en el año 1996. La impunidad del pasado les hizo fuertes. Los herederos políticos del franquismo, con muchos de ellos incluidos en sus filas abiertamente, sin esconderse, desafiantes, mueven los hilos y, las grandes fortunas financian las ingentes tiradas de los autores del revisionismo histórico. Los diez millones de votos emitidos hacia este partido, más cerca de la derecha extrema que de la derecha civilizada (¿O existió alguna vez esta derecha?), lo convierten en uno de los partidos fascistas más importante de Europa.

Una cosa es dejar llevar banderitas republicanas en la solapa, permitir exhumaciones donde los jueces se inhiben hasta de aparecer por las fosas abiertas llenas de huesos llenos de dignidad —la misma que les faltó a los asesinos que los sepultaron—, cambiar el nombre de cuatro calles, etc. Pero cuando la caja de Pandora amenazaba abrirse, con las derivaciones imprevisibles en cuanto a las consecuencias jurídicas contra los ejecutores materiales de los desmanes amparados por la dictadura, los falangistas que todos llevan dentro dijeron ¡basta!, y un juez instructor de la causa, Don Luciano Varela, por cierto fundador de “Jueces para la Democracia”, llega a la conclusión que hay indicios suficientes de prevaricación por parte de Don Baltasar Garzón en sus actuaciones.

La inhabilitación se producirá en breve, y veremos el triste espectáculo de los falangistas brindando por su ansiada condena, y el caso “Gurtel” pasando a hurtadillas para que no toque mucho la fibra sensible de los votantes.

Tal vez en estos tiempos que algunas iglesias piden perdón por los delitos de pederastia del pasado, o países como Alemania o Rusia por las matanzas en la IIª G.M., es hora que los partidos de izquierda que se tomaron la libertad de pactar una Transición vergonzosa, entonen el “Mea Culpa” que, por lo menos llegue a las familias que estos días asisten atónitas a la llegada del juicio al magistrado exponente máximo, de las pretensiones de justicia hacia sus desaparecidos.

Autodenuncia

AL JUZGADO DE INSTRUCCION

D/a............... , mayor de edad, titular DNI , con domicilio.............
como mejor proceda en Derecho, ante el Juzgado, comparezco y DIGO:

Que mediante el presente escrito vengo a presentar AUTODENUNCIA, JUNTO A LA DENUNCIA que formulo contra El Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, por constituir asociación ilícita, mediante fraude legal,

HECHOS
1º) Que el día 13 de abril de 2010 entre las 11,00 y las 14 horas estuve presente en el Anfiteatro Ramón y Cajal (Facultad de Medicina) de la Universidad Complutense de Madrid, Avenida Complutense, 1 MADRID, en un acto público convocado para mostrar coincidencia jurídica y apoyo al Magistrado Juez, D. BALTASAR GARZON REAL, acto publicitado con muchos días de antelación, cumplidos todos los requisitos legales por los organizadores, y dentro de los derechos fundamentales a la reunión, a la opinión y a la expresión. Puedo acreditar mi asistencia mediante fotografías y mediante el testimonio de muchas personas que conmigo asistieron.
2º) Que mediante la prensa he llegado a tener conocimiento de intervención ante ese Juzgado por parte del autodenominado sindicato MANOS LIMPIAS, organización que mediante el fraude legal sirve para aunar a un grupo de personas que se muestran abiertamente contrarias al Estado de Derecho y a los principios democráticos. A su vez, es la querellante contra el citado Magistrado Sr. Garzón, por haber declarado competencia para conocer de crímenes horrendos (según el Magistrado instructor de dicha querella) que ocurrieron en España a partir de la sublevación militar y la Dictadura encabezada por el General Franco, crímenes horrendos que dicha organización justifica y hasta defiende. La prueba es la notoriedad, el contenido de su propia web http://www.manoslimpias.es/, y, sobre todo, mediante recopilación de manifestaciones públicas que me comprometo a colaborar para que puedan ser aportadas a ese Juzgado.
3º) Que la intervención judicial por parte de esa organización fraudulenta ha sido la interposición de denuncia contra el fiscal D. Carlos Jiménez Villarejo y contra el Rector de la Universidad, D. Carlos Berzosa Alonso-Martínez. Dado que formularé formal petición al Sr. Rector de nuevo acto para defender todas las manifestaciones allí expresadas, especialmente, las del Sr. JIMENEZ VILLAREJO, que comparto, que expreso, y que sostengo, por lo que quedo AUTOINCULPADO con todo ello.
Por lo expuesto, FORMULO PETICION AL JUZGADO, de que por presentado este escrito, se le dé un trámite y que, caso de ser abiertas diligencias, sea llamado para confirmar este escrito y toda la ampliación que corresponda.
Más que se incoen diligencias en averiguación de la verdadera naturaleza de Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias.

Lo que hago en .........., a ..........de Abril de 2010

Concentración en Madrid ante el TS y la Audiencia Nacional

El próximo día 21 a las 20 horas tendrá lugar una concentración para presentar a los medios de comunicación españoles y extranjeros, así como a todos los que habéis firmado 100.000 firmas procesadas de las 200.000 que tenemos recogidas.

El lugar de este acto es en la Plaza de la Villa de Paris, domicilio del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional (Madrid) metro Colón, detrás del Museo de cera.
Esto no quiere decir que demos por concluida la recogida de firmas.
Recordad el objetivo es conseguir UN MILLÓN DE FIRMAS.La victoria está muy próxima. Divulga entre tus amistades esta información.
Firmar adhesión

La Falange pide apartar 20 años a Garzón de la carrera judicial

El Poder Judicial a plaza el debate sobre la suspensión del magistrado.´Financial Times´ denuncia el "intento de acabar con un valiente funcionario".
20/04/2010 EL PERIÓDICO La Falange Española de las JONS se ha dado prisa y ayer presentó ante el Tribunal Supremo (TS) su escrito de acusación contra el juez Baltasar Garzón. La organización heredera de uno de los pilares de la dictadura del general Francisco Franco coincide con el instructor del caso, el magistrado Luciano Varela, en pedir que se abra contra el magistrado de la Audiencia Nacional un juicio oral por prevaricación al haberse declarado competente para investigar los crímenes de la guerra civil y la dictadura. Además, la organización propone la sanción más alta prevista por el ordenamiento jurídico español: 20 años de inhabilitación y 24 meses de multa.
CAUSA POLÍTICA En el escrito, los falangistas acusan al juez de la Audiencia Nacional de pretender hacer desde su juzgado "una causa política para la que sabía que no era competente" e invocan numerosa legislación, como la ley de amnistía de 1977. También reclaman al juez 300.000 euros de fianza para hacer frente a los gastos en los que ha incurrido la Administración por la instrucción de la causa.
El pasado 7 de abril, el juez Varela dio a las partes un plazo de 10 días hábiles para que presentaran un escrito de acusación o pidieran el sobreseimiento. Otro de los querellantes, Manos Limpias, lo hará mañana, mientras que la fiscalía solicitará en los próximos días el cierre del caso.
El jueves estaba también previsto que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiara la suspensión cautelar del magistrado de la Audiencia Nacional, pero el debate finalmente se ha aplazado. El auto de Varela instando a la suspensión no ha llegado antes de que se cerrara el orden del día, por lo que habrá que esperar al siguiente pleno.
ATAQUE INJUSTIFICADO Mientras, la prensa internacional sigue ofreciendo muestras de perplejidad y apoyo al magistrado. Ayer fue Financial Times, nada sospechoso de progresismo, el que se pronunció sin ambigüedades.
En su editorial, el periódico británico presentó el caso como un "intento políticamente motivado de difamar y acabar con la carrera de un valiente funcionario que ha combatido terroristas y a los artífices de la guerra sucia contra ETA, que ha luchado contra la corrupción y la tiranía". El rotativo británico añadía también que se trata de "un ataque injustificado que habla muy mal del sistema judicial español, cada vez más politizado".

L'Ajuntament de València prohibeix interpretar La Muixeranga i l'Himne de la República en l'acte d'homenatge a les víctimes del franquisme

CATALÀ/CASTELLANO
L'Ajuntament de València prohibeix interpretar La Muixeranga i l'Himne de la República en l'acte d'homenatge a les víctimes del franquisme enterrades en les fosses comunes del Cementiri de València que es celebrarà el diumenge 18 d'abril a les 12 hores en el Cementiri de València.
En la comunicació enviada per fax aquest divendres 16 d'abril a migdia, aprova l'acte condicionat que no s'interprete la música per a no "torbar als altres visitants" ja que "el Cementiri està obert a persones de diferents ideologies i confessions". Si és així, no ens expliquem com la capella del cementiri, de culte catòlic, està dotada d'altaveus exteriors de gran potència que obliguen a totes les persones que es troben en el cementiri a escoltar els resos, misses i litúrgies de l'església catòlica, a més d'interpretar-se música en tot tipus d'actes i homenatges que se celebren dins del cementiri Aquesta prohibició no pot interpretar-se més que com un acte de censura per part de l'Ajuntament a l'homenatge a les víctimes del franquisme enterrades a les fosses, que a més coarta la llibertat d'expressió .
Primer instal·len un monòlit als feixistes sobre la fossa comuna amb milers de víctimes del franquisme, ara prohibeixen interpretar la música en el seu homenatge. Us pregem que ens ajudeu a difondre la notícia
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El Ayuntamiento de Valencia prohibe interpretar La Muixeranga y el Himno de la República en el acto de homenaje a las víctimas del franquismo enterradas en las fosas comunes del Cementerio de Valencia que se celebrará el domingo 18 de abril a las 12 horas en el Cementerio de Valencia
En la comunicación enviada por Fax el viernes 16 de abril a mediodía, autoriza el acto condicionado a que no se interprete la música para no "turbar a los demás visitantes", ya que "el cementerio está abierto a personas de difrentes ideologías y confesiones" Si es así, no nos explicacamos como la capilla del cementerio, de culto católico, está dotada de altavoces exteriores de gran potencia que obligan a todas las personas que se encuentran en el cementerio a escuchar los rezos, misas y litúrgias de la Iglesia Católica, además de interpretarse música en todo tipo de actos y homenajes que se celebran dentro del cementerio Esta prohibición no puede interpretarse más que como un acto de censura por parte del Ayuntamiento al homenaje a las víctimas del franquismo enterradas en las fosas comunes, además de coartar la libertad de exprsión. Primero instalan un monolito a los fascistas sobre la fosa común con miles de víctimas del franquimo, ahora prohíben interpretarla música en su homenaje.
Ayudadnos a difundir esta noticia

la fosa de aviles : se archiva la denuncia de FAMYR

NOTA DE PRENSA.

EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO UNO DE LOS DE AVILES ARCHIVA LA DENUNCIA DE FAMYR SOBRE LA FOSA DE LLARANES, PUES NO LO CONSIDERA UN TEMA PENAL, SINO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. FAMYR HA VUELTO A PEDIR, POR TERCERA VEZ EN MENOS DE UN MES, UNA REUNION AL VICECONSEJERO DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL, ANGEL GONZALEZ, RESPONSABLE DE ASUNTOS DE LA MEMORIA, SIN QUE LA AGENDA DEL MISMO HALLA PERMITIDO SU CELEBRACION.

La denuncia penal de la Fosa de Llaranes (Aviles) presentada por la FEDERACION ASTURIANA “MEMORIA Y REPUBLICA” (FAMYR) ha sido archivada por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de los de Aviles, que considera que dichos crímenes y enterramientos son un mero tema administrativo y no penal, remitiendo, como ya en su día hizo el Delegado del Gobierno, Antonio Trevin Lomban, a FAMYR a acudir a las autoridades municipales y autonómicas, que es a las que considera competentes para este caso.

FAMYR no comparte esta resolución, la cual se enmarca en un clima judicial muy adverso para los jueces que quieran tener sensibilidad con las victimas del Franquismo, tras el procesamiento del Juez Garzón, y dentro de los límites de una Ley de Memoria Histórica insuficiente, que no estableció el carácter obligatorio de la intervención judicial para el levantamiento y protección de las fosas. FAMYR esta valorando con sus asesore legales la posibilidad de recurrir este auto judicial, que considera un grave precedente, pues de ahora en adelante cualquiera puede asesinar a alguien, enterrarlo en una finca, denunciar que ha encontrado restos humanos provenientes de una fosa común del franquismo, y automáticamente con ello evitar la intervención judicial y la persecución penal. FAMYR considera que ante el menor indicio de existencia de un cadáver enterrado ilegalmente deben ser los jueces quienes intervengan e investiguen, lo demás es una clara negligencia que genera indefensión en las victimas de cualquier crimen, máxime en el caso de las victimas del Franquismo.

FAMYR, ante la negativa de intervención de las autoridades judiciales y del Delegado del Gobierno, ha vuelto a remitir por tercera vez, en menos de un mes, petición de reunión al VICECONSEJERO DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL, ANGEL GONZALEZ, RESPONSABLE DE ASUNTOS DE LA MEMORIA, para que tome cartas en el asunto, sin que por el momento se halla producido la misma, aparentemente por motivos de agenda de dicho Viceconsejero. FAMYR ve preocupante la lentitud y falta de voluntad política de intervención en este tema del gobierno autonómico y del Ayuntamiento de Avilés, que entendemos responde a la misma tibieza con que se aprobó una insuficiente Ley de Memoria Histórica, y que dichas autoridades son presas de su apoyo a la misma.

FAMYR ha contactado con diversos colectivos sociales, políticos y ciudadanos y prevé iniciar movilizaciones en las próximas semanas si no se toman medidas efectivas por las autoridades, tanto para evitar la destrucción de dicha fosa por parte de las obras del PEPA, como para lograr una exhumación, en debidas condiciones de acuerdo con los protocolos de Naciones Unidad, de los cadáveres allí existentes y la aclaración de las circunstancias de dichas muertes.

JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACION ASTURIANA “MEMORIA Y REPUBLICA” (FAMYR).