Ex presos políticos del franquismo declaran ante la justicia argentina

Cuatro miembros de La Comuna viajan a Buenos Aires con denuncias de víctimas y nombres de responsables de delitos cometidos durante la dictadura

En la foto: Miembros de La Comuna, en Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ

Público - PATRICIA CAMPELO Madrid 21/04/2012 Apenas unas horas antes de coger un avión rumbo a Buenos Aires, miembros de la asociación de ex presos políticos del franquismo La Comuna se reunieron esta mañana en Madrid para explicar el contenido de la documentación que van a incorporar a la querella interpuesta hace dos años en Argentina. El próximo lunes y martes, cuatro integrantes de este colectivo prestarán declaración ante María Servini, la jueza encargada de la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Franco.

Los miembros de La Comuna llevan a los juzgados bonaerenses más de 50 testimonios y documentación de víctimas y represaliados políticos. Carlos Slepoy, uno de los abogados impulsores de la querella en Argentina, acompaña en este viaje a los militantes antifranquistas Sabin Arana Bilbao, Josu Ibargutxi, Manuel Blanco Chivite y José María Galante. "El objetivo es colaborar para lograr el fin de la impunidad en España", aclara Slepoy. Para ello, el abogado argentino espera que esta causa alcance una dimensión aún más internacional y sea apoya por tribunales de otros países. "En virtud del principio de justicia universal, los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por cualquier tribunal de cualquier país y con independencia de cuándo se cometieron los delitos", argumenta Slepoy, y añade que en Argentina, hace años, parecía que nunca iba a pasar nada y hoy hay "más de 270 condenados y 850 procesados" de la dictadura (1976-1981). "En España no es cierto que todos los responsables hayan muerto. Hay muchos vivos, sobre todo de las dos últimas décadas del franquismo", añade.

Uno de los siguientes pasos en el transcurso de la querella será la visita de Servini a España a finales de junio, momento en el que la jueza tomará declaración a víctimas, visitará fosas comunes y avanzará en sus investigaciones. También, está previsto que a lo largo del año los tribunales argentinos emitan las primeras órdenes internacionales de arresto y se llame a declarar a los responsables de los delitos perpetrados durante la dictadura. "Sabemos que todo esto va a despertar furibundas reacciones", augura Slepoy, a la vez que espera que se sigan sumando testimonios a la causa abierta.

Identidad de los torturadores

Cerca de una veintena de nombres de funcionarios de prisiones, de jueces que actuaron en procesos que determinaron penas de muerte, miembros de tribunales que ejercieron al margen de la justicia, del ejército, de la policía y de la Guardia Civil integran los listados de responsables solicitados por la propia jueza, y que la asociación La Comuna ya tiene identificados.

Aun así, los expresos siguen encontrando serias dificultades para acceder a sus expedientes completos. José María Galante, más conocido como ‘Chato', denuncia que el ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz no abra esos archivos: "Los nombres de quienes te denunciaron, de quienes te torturaron y la forma en que se fraguó todo está en el ministerio de Interior y no tenemos acceso a ello". ‘Chato' adelanta que incluirán esta circunstancia en la querella argentina. "En este país, Interior puede hacer lo que quiera sobre mi expediente y yo no puedo verlo", lamenta.

Las razones del cerrojazo de algunos archivos las explica Galante en la continuidad de ciertas prácticas que perviven desde los años del franquismo. "La judicatura española es un estercolero porque asumió toda la basura que tenía la dictadura. La misma gente permaneció en las instituciones perpetuando actitudes", opina. Así, Galante hace un paralelismo entre la muerte de la joven Mari Luz Nájera -a quien le cayó un bote de humo utilizado por la policía durante una protesta estudiantil en enero de 1977- , y el fallecimiento, el pasado 9 de abril, del joven Íñigo Cavacas a consecuencia del impacto de una pelota de goma lanzada por la policía. "No hablamos de historia, es algo que tiene mucha actualidad", concluye.

Lucha contra el fascismo

Reivindicar la legitimación de la resistencia que hicieron ante el franquismo y distanciarse de la imagen de delincuencia con la que el régimen trató de invisibilizarles es la base de las demandas de los expresos y represaliados políticos. Por ello, la nulidad de las sentencias es un paso fundamental en el camino de la reparación. Manuel Blanco Chivite explica que de lo único que eran culpables fue de luchar contra el fascismo. "Y eso es algo de lo que estamos muy orgullosos, antes y ahora", enfatiza.

La anulación del proceso que condenó a muerte a su hermano es la principal aspiración de Flor Baena, hermana de José Humberto Baena, uno de los cinco último fusilados del franquismo, el 27 de septiembre de 1975. "No quiero compensaciones económicas, sólo que se anule el juicio y se limpie el nombre de mi hermano", escribe Flor Baena en una carta dirigida a la jueza Servini y leída esta mañana en el centro social del edificio de Tabacalera, en el centro de Madrid. "Llevo tres décadas esperando unas disculpas, ¿cuánto más debo esperar?", se pregunta.

Las hermanas de Salvador Puich Antich firman otra de las cartas que los expresos llevan a Argentina y en la que relatan sus sensaciones en las semanas previas al asesinato de Salvador, el 2 de marzo de 1974 a garrote vil en la cárcel modelo de Barcelona. "Cada viernes la familia se reunía acongojada esperando que Franco ratificase su pena de muerte en el Consejo de Ministros". Las hermanas de Antich consideran que la justicia española "está enquistada y nunca se enfrentará a nuestra historia".

Los miembros de la Comuna regresarán el 3 de mayo y anuncian que seguirán peleando. "Lo hacemos por nosotros mismos y por los que lucharon a nuestro lado. No fuimos delincuentes. Era una causa justa y no podemos olvidarlo", concluye Blanco Chivite.

Junto a La Comuna, ya son cerca de una decena las asociaciones que se han sumando a la querella presentada en Argentina el 14 de abril de 2010 encabezada por Darío Rivas, hijo del alcalde de Castro Rei fusilado en 1936, e Inés García Holgado, sobrina de desaparecido.