Acto Informativo: Querella en Argentina

Madrid, 21 de Abril, 11h30 horas. En Tabacalera (Embajadores 53, Metro Embajadores)

El próximo día 21, en Tabacalera (Embajadores, 53), organizamos un acto informativo sobre la personación en la Querella de Buenos Aires.

La Comuna está citada los días 23 y 24 de abril para comparecer antela jueza María Servini de Cubría que tramita la querella “N.N. genocidio”, presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 1, Secretaría Nº 1.

Esta querella denuncia el genocidio o subsidiariamente los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen franquista y sus autores durante el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

Por primera vez tenemos la posibilidad de personarnos ante ese juzgado argentino a pedirle que nos haga la justicia que en nuestro país se nos niega. Tenemos ya más de cincuenta testimonios documentados de personas que fueron detenidas, maltratadas, torturadas y encarceladas durante aquel régimen de terror.

Presentaremos también casos como los de Salvador Puig Antich, José Humberto Baena, Germán Rodríguez y Andoni Arrizabalaga.

Como nos comprometimos el 21 de enero una delegación de La Comuna viajará a Buenos Aires. Como también dijimos entonces todas y todos podemos y debemos hacer algo contra la impunidad del franquismo.

Os esperamos

Nota de Prensa

Testimonios contra la impunidad

La jueza argentina cita a una asociación de presos del franquismo La Comuna, asociación de presos y presas del franquismo, está citada los días 23 y 24 de abril para comparecer en Buenos Aires, ante la
jueza María Servini de Cubría que tramita la querella “N.N. genocidio”, presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 1, Secretaría Nº 1. Esta querella denuncia el genocidio o subsidiariamente los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen franquista y sus autores durante el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

Formamos parte de la generación que desde los años sesenta resistió a la dictadura, y sufrió por ello el más diverso tipo de represión: tortura, cárcel, exilio y que vio morir a algunos de sus compañeros y compañeras a manos de los sicarios de aquel régimen.

Por primera vez tenemos la posibilidad de personarnos ante ese juzgado argentino a pedirle que nos haga la justicia que en nuestro país se nos niega. Estamos reuniendo centenares de testimonios documentados que ayudan a hacerse una idea de la dimensión de aquella infamia, y algunos de nosotros y nosotras vamos a

presentarlos en Buenos Aires.

Por una nada sorprendente paradoja, la amnistía, que fue la reivindicación política central de las luchas en la etapa final del franquismo, en manos de los legisladores de la transición se convirtió en una auténtica ley de punto final para los crímenes cometidos durante cuarenta años por el más abominable régimen que ha sufrido

nuestro país. Y esa misma ley es hoy la coartada que esgrime el poder judicial español en su defensa cerril de la impunidad del franquismo. Porque en efecto, la Ley 46/1977 de Amnistía que apenas ocupa una página del BOE, en dos apartados de su artículo segundo, hace desaparecer cualquier tipo de responsabilidad por la sangrienta represión sufrida por millones de personas.

Recientemente la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmaba: ”España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos

Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos”. La citada Oficina recordaba también que: “España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de derechos humanos”.

Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Político, ratificado por el Estado español en 1985.

Tras esa ley se nos hace desaparecer a las víctimas del franquismo hoy vivas, porque reconocer que hay víctimas implica reconocer la existencia de sus verdugos, y abre la posibilidad de exigirles responsabilidades por sus crímenes contra la humanidad, que los principios de la justicia internacional consideran imprescriptibles. Así se entiende que el aparato judicial, que pasó incólume de la dictadura a la democracia, se oponga con uñas y dientes a la apertura de un proceso en el que está directamente implicado. Nunca mejor dicho aquello de que no se puede ser, a la vez, juez y parte.