Ginebra, 12 de marzo de 2012. – La Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) y Rights International Spain (RIS) se han reunido hoy con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) durante su 96 sesión para expresar sus preocupaciones en relación con los obstáculos en España para llevar a cabo investigaciones efectivas, independientes y exhaustivas de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista, sin las cuales no puede haber acceso a justicia, verdad y reparación para las víctimas de estos crímenes, incluidas las 114,266 víctimas de crímenes de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales y los 30,000 niños desaparecidos.
“Habiendo agotado todos los recursos legales y judiciales internos en España durante los pasados 76 años, las familias de víctimas de desapariciones sistemáticas ven en el Grupo de Trabajo la última oportunidad para re-establecer un canal de comunicación con el gobierno”, ha afirmado Carlos Villán, Presidente de la AEDIDH. El Grupo de Trabajo debería revisar su decisión interna de 2002 para, por razones humanitarias y legales, declarar su competencia para examinar aquellos casos individuales de desapariciones que tuvieron lugar durante los primeros años de la dictadura franquista (1936-1945). Además, como ha hecho el Comité de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo debería recomendar que España establezca una Comisión de la Verdad.
“Los Estados tienen la obligación de garantizar que las víctimas de desapariciones forzadas tengan mecanismos efectivos de acceso a justicia. No obstante, ningún órgano jurisdiccional en España ha sido capaz de dar una respuesta adecuada y satisfactoria a las víctimas de desapariciones forzadas”, ha declarado Lydia Vicente, miembro de Rights International Spain. La reciente sentencia del Tribunal Supremo en el juicio de prevaricación contra el Juez Garzón en el caso de “Memoria Histórica” deja claro que los obstáculos legales internos prevalecen sobre las normas y principios de Derecho Internacional. Ello implica y significa el cierre de toda posibilidad de justicia para las víctimas de los crímenes del pasado en España. Además, el Tribunal Supremo ha justificado la legitimidad y vigencia de la Ley de Amnistía española de 1977, así como la aplicación de la prescripción a crímenes de derecho internacional, incluidos la desaparición forzada de personas y los crímenes contra la humanidad, lo que contradice abiertamente el Derecho internacional.
La AEDIDH y RIS también han denunciado el cierre de la Oficina de atención a las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura creada en 2008 por el anterior gobierno. Ello es un ejemplo de la creciente desprotección así como de la ausencia de mecanismos efectivos que aseguren que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos tengan acceso a justicia, verdad y reparación. Por lo tanto, ambas organizaciones han pedido al Grupo de Trabajo que visite España en misión oficial para examinar esta situación y determine si España cumple o no con sus obligaciones internacionales en relación con los crímenes del pasado.
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