La Iglesia española se ha adueñado calladamente de miles de templos parroquiales, ermitas, basílicas, atrios, casas rectorales, pisos, almacenes, garajes, frontones, cementerios, solares, viñedos, olivares que eran bienes de los pueblos en toda España.
Los hechos comenzaron en 1946 cuando la dictadura franquista permitió al clero, equiparado con el funcionariado público, registrar a nombre de la Iglesia todo tipo de propiedades, excepto templos -lo que le fue concedido finalmente en 1998, de modo inconstitucional, según algunos expertos jurídicos.
Desde entonces, se han producido dobles inmatriculaciones, al registrar la Iglesia propiedades que ya estaban inscritas a nombre de pueblos; hay comunidades que comienzan a descubrir las apropiaciones y a reclamar sus propiedades y la Iglesia ha empezado a comerciar con este nuevo patrimonio inmobiliario alquilando y vendiendo las propiedades.
La privatización de bienes públicos contribuye al empobrecimiento económico de todos. Al convertir bienes comunales en mercancía se contribuye además a la desintegración de la vida social, ya que los lugares públicos permiten que la gente se conozca, se comunique, se relacione y se reúna libremente con multiplicidad de fines, sin miedo unos de otros, en y por el bien común.
Entre las posibles acciones, las Asambleas podrían averiguar, a partir de un protocolo de investigación difundido por las comisiones correspondientes, qué propiedades de sus pueblos han sido inmatriculadas por la Iglesia y cuándo, entrar en contacto con plataformas de defensa del patrimonio comunitario donde las haya, organizar campañas de concienciación en los lugares en disputa (quizás en paralelo con la visita de Benedicto XVI), ya que los habitantes de los pueblos ignoran en su mayoría estas apropiaciones porque han sido llevadas a cabo de forma opaca, y otras iniciativas que sean acordadas.
Campaña en Propongo
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