Hace unos días hemos conocido que
la justicia Argentina investigará a Manuel Fraga, por haber formado parte del
régimen franquista. El que fuera ministro de Información y Turismo (1962-1969)
del Dictador Francisco Franco, a sus 90 años, deberá ver cómo su paso, del que
nunca se ha retractado, por la dictadura se cuestiona desde un tribunal
extranjero.
Así lo han pedido familiares de represaliados durante el
franquismo y asociaciones para la recuperación de la memoria histórica a la
jueza argentina María Servini, que está instruyendo una causa en ese país por
los crímenes del franquismo bajo el principio de justicia universal, por el que
se pueden investigar hechos de lesa humanidad ocurridos en otros países, tal
como sucedió en España con represores argentinos.
La jueza federal María
Servini libró un exhorto a España en el que solicitó nombres y domicilios de los
integrantes del Consejo de Ministros y de los jefes de las fuerzas de seguridad
que integraron el gobierno de facto del general Franco entre julio de 1936 y
junio de 1977 y si se encuentran vivos, en el marco de esta investigación de
crímenes relacionados con personas desaparecidas, asesinadas y torturadas
durante la represión franquista, el número de niños apropiados y las empresas
que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, entre otros datos,
informaron fuentes judiciales.
Los tribunales argentinos cuestionan los
acuerdos de la Transición española que garantizaron la impunidad de los crímenes
del franquismo. Si las instituciones españolas respondieran a la petición
efectuada desde el país latinoamericano tendrían que aportar información, entre
otros, sobre el ex ministro franquista, fundador y presidente honorífico del PP
Manuel Fraga, muñidor informativo del asesinato de Julián Grimau, o Rodolfo
Martín Villa, responsable político de la muerte de activistas demócratas durante
la llamada transición pacífica a la democracia y ex presidente de
Sogecable.
Cuando hace unos años se presentó una propuesta en la comisión
constitucional del senado en la que se pedía al Gobierno la rehabilitación
ciudadana y democrática de la figura de Julián Grimau, víctima de la represión
franquista, Manuel Fraga y todo el Grupo Popular se opusieron a la iniciativa,
aprobada con los votos de los demás grupos políticos. El líder de la oposición
antifranquista Julián Grimau, dirigente del Partido Comunista de España, fue
torturado en la Dirección General de Seguridad donde intentaron asesinarle
tirándole por la ventana tras su detención en 1962, luego fue juzgado por un
tribunal militar sin las más mínimas garantías en un consejo de guerra por
rebelión militar, unas horas después fue condenado a muerte.
El
ministerio de Información desarrolló una intensa campaña de propaganda para
contrarrestar la reacción internacional ante estos hechos tratando de
identificar a Julián Grimau como un criminal. El ministro de Información era
Manuel Fraga, que cuando desde las gradas del senado se le decía que pidiera
perdón, no intervino en el debate, permaneció sentado en su asiento sin mover un
músculo cuando él avaló aquel asesinato, ya que formaba parte del Consejo de
Ministros presidido por Franco que no atendió ni la llamada del Papa. Fraga
había dicho que justificaba el fusilamiento de Grimau al que tachó de
sanguinario asesino.
Estos funcionarios, policías torturadores o
ministros, se beneficiaron de la Ley de Amnistía aprobada en junio de 1977. Una
auténtica Ley de punto final que garantizó su impunidad y cuyo contenido
político sólo puede comprenderse recordando aquel célebre atado y bien atado con
el que Franco tranquilizó a sus seguidores en los últimos días de su
vida.
En los años finales de la Dictadura se produjo una escalaba brutal
de la represión que coincidía con un ciclo de luchas de la oposición
antifranquista, organizada y dirigida principalmente por los sindicatos
clandestinos y el Partido Comunista de España todavía ilegal. En unas
condiciones muy difíciles de persecución, estos movimientos políticos
encabezaban las luchas obreras, el movimiento estudiantil y las movilizaciones
vecinales.
Este ciclo arranca aproximadamente con la designación en 1969
de Juan Carlos de Borbón como sucesor del general Franco. Ese mismo año es
detenido Enrique Ruano al que habían visto repartir en la calle propaganda de
Comisiones Obreras, según la versión oficial se arrojó desde un séptimo piso.
Los policías, hoy comisarios, no fueron juzgados por asesinado hasta 1997, le
pegaron un tiro y luego lo tiraron por la ventana, y fueron absueltos por el
tribunal supremo. En julio de 1970, mueren por disparos de la policía los
albañiles Antonio Huertas Remigio, Cristóbal Ibáñez y Manuel Sánchez Mesa
durante una manifestación organizada por Comisiones Obreras. Ese mismo mes el
gobierno militariza el metro de Madrid tras el éxito de los huelguistas. En
septiembre la huelga de la construcción en Madrid también es un
éxito.
Pero el hecho histórico más relevante del momento fue el proceso
de Burgos, en diciembre de 1970, en el que fueron condenados a muerte y luego
conmutada la pena de varios militantes de ETA. El obrero metalúrgico Roberto
Pérez Jáuregui muere en los días posteriores por disparos de la policía en el
curso de una manifestación de protesta contra el proceso de Burgos.
En
septiembre de 1971 es asesinado Pedro Patiño, por disparos de la Guardia Civil
mientras repartía octavillas de Comisiones Obreras convocando una huelga de la
construcción. En octubre de 1971 durante la huelga de la SEAT organizada por
Comisiones Obreras, la policía ocupa la fabrica y dispara sobre los
trabajadores, matando a Antonio Ruiz Villalba. El 10 de marzo de 1972 en la
huelga de los trabajadores de Bazán, en el Ferrol, son asesinados por la Policía
los trabajadores Amador Rey y Daniel Niebla.
En esos años se procedió a
la detención y ejecución de numerosos líderes sindicales, el colofón a esta
actividad represora es la detención de la cúpula de Comisiones Obreras en una
reunión clandestina en junio en 1972, que dio lugar al Proceso 1001, y la
posterior condena en diciembre de 1973 a largas penas de cárcel. Los asesinatos
de obreros continúan; en abril de 1973 la Guardia Civil ametralla una
manifestación de dos mil obreros, matando de una ráfaga a Manuel Fernández
Márquez, militante del PSUC y de Comisiones Obreras, en la puerta de la central
térmica de Sant Adrià de Besòs. En septiembre, Cipriano Martos, obrero de la
construcción, es asesinado mediante la tortura por la Guardia Civil en Reus, fue
obligado a beber el contenido de un cóctel molotov. En octubre, durante un
reparto de octavillas en la fábrica de CASA en Madrid, es asesinado a tiros por
la policía el obrero Victoriano Diego Gómez.
En agosto de 1974 es
asesinado por la Guardia Civil en Carmona, Miguel Roldán Zafra, en una
manifestación de vecinos del pueblo en la que pedían agua potable. En enero de
1975 es asesinado por un guardia civil Víctor Manuel Pérez Elexpe, cuando estaba
repartiendo octavillas de apoyo a la huelga general en Navarra, recibió cinco
disparos a quemarropa y por la espalda. El 27 de septiembre de 1975, tuvo un
gran impacto el fusilamiento tras un consejo de guerra de cinco militantes de
ETA y FRAP.
En noviembre de 1975 Juan Carlos de Borbón asume la jefatura
del estado y el ejército para convertirse en dictador cuando desaparece Franco.
Tras la muerte del general se recrudece la represión. En los meses posteriores
decenas de obreros y militantes antifranquistas son heridos y asesinados por la
policía y la extrema derecha. La lista es interminable; en febrero de 1976
durante una manifestación a favor de los trabajadores del calzado en Elda,
Teófilo del Valle es muerto a tiros por la policía. El 3 de marzo la policía
mata en Vitoria a 5 trabajadores, Francisco Aznar Clemente, Pedro María Martínez
Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, José Luis Castillo García y Bienvenido Perea, y
hiere a más de cien.
En agosto de 1976 el estudiante de 19 años Francisco
Javier Verdejo Lucas, muere en Almería por disparos de la Guardia Civil mientras
hace una pintada: "Pan, trabajo y libertad". En septiembre de 1976 el estudiante
comunista, Bartolomé García Lorenzo, muere en La Laguna acribillado a tiros por
agentes de la policía. Ese mismo mes es asesinado Carlos González Martínez,
estudiante de 21 años, durante una manifestación. En noviembre de 1976 es
asesinado de dos balazos por un guardia civil José Javier Nuin, estudiante de 19
años. En diciembre Ángel Almazán Luna es apaleado en una manifestación a favor
de la abstención en el referéndum de la Ley para la Reforma Política y muere por
la paliza. En enero de 1977 muere José Vicente Casabany durante una
manifestación. También muere Juan Manuel Iglesias, de 16 años, al huir de una
carga policial y Arturo Ruiz es asesinado por la "Triple A", ambos en
manifestaciones pro amnistía.
El 24 de enero de 1977 nueve abogados
laboralistas de Comisiones Obreras, militantes del PCE, fueron ametrallados por
un grupo de ultraderecha. Cinco resultaron muertos: Rodríguez Leal, Luis Javier
Benavides, Enrique Valdevira, Serafín Holgado y Francisco Javier Sauquillo. Ese
mismo día, en una manifestación de protesta por el asesinato de Arturo Ruiz, la
policía mata con un bote de humo a Mª Luz Nájera y muere en Cartagena Pancho
Egea, trabajador de la construcción, durante una manifestación conjunta de
obreros de la construcción y del metal. En marzo muere José Luis Aristizabal
Lasa, estudiante de 20 años, durante una manifestación pro amnistía, también
muere Ángel Valentín Pérez, obrero de la construcción de 24 años, apuñalado por
elementos de ultraderecha durante una manifestación.
Más tarde, en
diciembre de 1977, se aprueba la Ley de amnistía y las cárceles repletas de
presos políticos se vacían, esto supone cierto respiro pero continúa la
represión y muchos más luchadores mueren en los años posteriores, como: Manuel
García Caparrós, obrero malagueño militante del Comisiones obreras y el PCE, en
diciembre de 1977 en una manifestación por la autonomía de Andalucía; Javier
Fernández Quesada, estudiante comunista de 22 años, que muere ese mes en
Tenerife por disparos de la policía; Francisco Rodríguez Ledesma, obrero
sevillano asesinado en una manifestación de trabajadores; Elvira Parcero
Rodríguez, de 22 años, asesinada en una manifestación de los trabajadores de la
empresa Ascón; José Luis Escribano, militante de Comisiones Obreras, es
asesinado en Soria por cuatro disparos de un policía en el transcurso de una
discusión; Manuel Medina Ayala, militante del PCE, apuñalado por un grupo
ultraderechista durante un acto en solidaridad con el pueblo chileno; Andrés
García, joven comunista asesinado por miembros del Frente de
Juventud.
Los luchadores asesinados después del 6 de octubre del 1977 no
son reconocidos como victimas por las leyes, ni han percibido ayuda alguna.
Estas matanzas y asesinatos permanecen impunes, la conculcación de derechos
sigue vigente, y los máximos responsables no han sido juzgados y están presentes
en la vida política, desde Juan Carlos de Borbón, jefe del estado y del
ejército, a Manuel Fraga Iribarne o Rodolfo Martín Villa, ministros de
Gobernación en esos años.
Han pasado más de treinta años desde que se
produjeron estos crímenes, y los asesinos de centenares de defensores de la
libertad no han sido condenados y siguen presentes en la vida política, algo
impensable en una Democracia. Todos las afectados, víctimas, familiares y
asociaciones, piden la anulación de los juicios de la dictadura y que se procese
y condene a los responsables de estos crímenes para terminar con la impunidad en
el estado español.
Existe una enorme deuda con las víctimas del
franquismo y con las de la transición, ya que cuando se pudo no se hizo casi
nada por las personas que fueron represaliadas durante la Dictadura, sólo
pequeños pasos hacia la lenta y costosa rehabilitación de los luchadores y
luchadoras por las libertades que se han dado en los últimos años gracias al
esfuerzo de los familiares de las víctimas y de las organizaciones que
reivindican la memoria histórica.
