El embajador norteamericano en Madrid era consciente de que, ante la
repulsa internacional por las últimas ejecuciones del franquismo, la
dictadura iba a "intentar establecer que el progreso en las
negociaciones de las bases [militares en España] demuestra el apoyo de
EEUU al régimen de Franco en un momento de represión"
Público - Carlos Enrique Bayo - Madrid
19/05/2013
Pese a las protestas de toda Europa y las infructuosas intercesiones
del papa PabloVI, Washington asistió impertérrito, en septiembre de
1975, al fusilamiento de tres militantes del FRAP y dos de ETA, igual que no movió un dedo para impedir la ejecución del miembro del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) Salvador Puig Antich
en marzo de 1974. Eso sí, en el último año de vida de Franco, el
embajador de EEUU ante la dictadura se permitió hacer una comparación
siniestra entre los métodos que los verdugos aplicaron en cada caso:
"El
Gobierno de España ha ejecutado a los cinco terroristas condenados,
dos de ETA (separatistas vascos) y tres del FRAP (marxistas-leninistas a
su manera). Fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento en lugar
de haber sido sometidos al garrote [vil], en un cambio presumiblemente concebido para evitar la repulsa internacional contra el método de ejecución medieval que ha sido la norma aquí (por ejemplo, la ejecución de Puig Antich en 1974)", escribió el embajador estadounidense en Madrid, Wells Stabler, el 27 de septiembre.
Stabler
todavía no era embajador en España cuando el régimen ejecutó a Puig
Antich, pero su antecesor, Horacio Rivero, tampoco supo calcular mucho
mejor las consecuencias que tendrían para España las últimas ejecuciones
de su régimen.
El 4 de marzo de 1974 Rivero redactó un informe confidencial para el Departamento de Estado que dirigía Henry Kissinger en el que subrayó que, tras el atentado de dio muerte a Carrero Blanco,
"el nuevo Gobierno de Arias Navarro ha decidido demostrar su voluntad
de preservar la ley y el orden. Pese a estar sometido a presiones
internas, y algunas externas en forma de intervenciones por parte de los
holandeses, belgas, italianosy el Mercado Común, así como peticiones de
los socialistas españoles al canciller federal alemán para que
intercediese, el Gobierno decidió proceder con las ejecuciones tal como
lo reclamaban los tribunales militares".
"El nuevo ministro del Interior García Hernández no piensa comprometer sus relaciones con la Guardia Civil mostrando clemencia"
El
embajador Rivero hizo hincapié en que "el mismo día de la ejecución, el
ministro del Interior y vicepresidente, García Hernández, en una
ceremonia de homenaje al policía que murió en el magnicidio del
presidente Carrero Blanco, prometió que el martirio en defensa del orden
público no sería en vano y que el Gobierno de España garantizaría la
paz interior 'a cualquier precio'". El legado también destacó, al final
de su informe, que "el nuevo ministro del Interior, obviamente, no piensa arriesgarse a comprometer las relaciones del nuevo Gobierno con la Guardia Civil mostrándose clemente en los casos que impliquen asesinatos de guardias civiles".
En
ese primer informe sobre la ejecución de Puig Antich, el embajador se
mostró frío y distante, aduciendo en sus conclusiones que el régimen no
había recalcado su pertenencia al Movimiento Ibérico de Liberación (MIL)
en las comparecencias públicas porque pretendía, con el
ajusticiamiento,"prevenir los atracos de bancos por grupos políticos como el MIL
y el movimiento de liberación vasco (ETA). Muchos atracos de bancos en
el año pasado han sido cometidos con el propósito de obtener fondos para
financiar esos grupos extremistas".
Sólo dos días después, Rivero
enviaba otro cable al secretario de Estado constatando los
"significativos disturbios estudiantiles y diversas batallas campales
con la Policía en diferentes universidades, tras la ejecución del
anarquista Puig Antich". Y comentaba al final: "La dureza con la que la Policía ya las Fuerzas de Seguridad están actuando frente a los disturbios en los campuses hacen un flaco favor a la imagen liberal del nuevo ministro de Educación, Martínez Esteruelas".
Otros dos días más tarde, el 8 de marzo, el embajador enviaba un nuevo informe confidencial en el que se mostraba ya alarmado
por "la ola de manifestaciones e intentos de protestas en varias
universidades españolas" que, "según un profesor de la Universidad de
Madrid, constituyen un nivel de fermento contestatario muy superior a
cualquier cosa que él haya visto en los últimos siete años".
El embajador habla de "tensiones en el Gabinete de Arias Navarro" y de "confrontación con la Iglesia"
Ese
análisis mucho más completo de la situación habla de los "rumores de
tensiones dentro del Gabinete de Arias Navarro sobre la decisión de
ejecutar a Puig y [el polaco Heinz] Chez, complicadas por la tensión
adicional de la actual confrontación con la Iglesia" (a causa de las
ejecuciones, ya que Pablo VI se dirigió personalmente a Franco en tres
ocasiones para pedirle clemencia). "El nuevo ministro de Información y
Turismo, Pío Cabanillas, que al principio de su mandato fue conocido como un importante aperturista, al parecer estaba pensando en dimitir, igual que el ministro de Justicia, Ruiz Jarabo (...) quien está en una posición vulnerable y puede ser convertido por el Gobierno en chivo expiatorio llegado el momento".
"La
aparentemente fría y clínica decisión del Gobierno de ejecutar sin
vacilación dos de las tres penas de muertes pendientes ha ofendido a
muchos en los sectores moderados y liberales, que tienden a verlo como un acto brutal y sin sentido de represalia,
incongruente con la política de moderación y tolerancia sugerida por el
discurso de Arias del 12 de febrero", continúa el cable del embajador.
"Este resentimiento se ha agudizado aún más por el sentimiento
generalizado de que la pena de muerte en sí misma y el método de
imponerla (garrote) suponen un paso atrás al periodo menos humano
que muchos españoles quieren creer que ha sido dejado atrás en la
progresiva asimilación de los valores de Europa occidental; por el
malestar de los grupos de la abogacía, políticamente influyentes, ante
el persistente intervencionismo de los militares en el sistema judicial,
y por la sospecha --por irracional que sea-- entre muchos
catalanes de que la ejecución de Puig fue una salvajada política
dirigida contra su región y sus pretensiones separatistas".
Rivero
examina después las "indicaciones de que el Gobierno, al optar por una
rápida ejecución [de los reos], estuvo profundamente influido por lo que
consideraba una lección de los juicios de Burgos en 1970, en concreto
que la vacilación del Gobierno y la muestra final de clemencia en ese momento había perturbado gravemente al Ejército, la Policía y
sus aliados conservadores, sin lograr apaciguar a la oposición o
incluso le dio mayores oportunidades para la agitación interna y en el
extranjero".
La dictadura "estaba poco preocupada sobre una posible reacción dura en Estados Unidos"
La
conclusión final del embajador es reveladora: "...el nuevo Gobierno
[franquista] estaba poco preocupado sobre una posible reacción dura en
Estados Unidos, del que creen que comparte su grave preocupación ante el
terrorismo y está cada vez más inclinado a reanudar la práctica de la pena de muerte para hacerle frente".
Año
y medio más tarde, su sucesor Stabler explicaría en el cable citado que
la forma de presentar por TVE las noticias sobre las cinco ejecuciones
de 1975, y la construcción informativa del Telediario, evidenciaban un
claro intento del régimen franquista por "intentar establecer que el
progreso en las negociaciones de las bases [militares en España]
demuestra el apoyo de EEUU al régimen de Franco en un momento de represión".
El 29 de septiembre, dos días después de ese cable, el embajador Stabler admitía en otra misiva
que "la predecible reacción negativa en el extranjero [a las
ejecuciones] quizá ha excedido hasta las expectativas más sombrías. Al
ignorar las peticiones del Vaticano, del Parlamento Europeo de
Estrasburgo, de la Comisión Europea en Bruselas y de los países y los
líderes europeos individualmente, el Gobierno español ha dañado
inconmensurablemente la campaña de Arias en busca de una mayor
aceptación" internacional.
Sin embargo, el embajador también
reconoció a Kissinger que los "analistas locales están ya sugiriendo que
el punto de vista del régimen es que mientras cuente con el respaldo de Estados Unidos no tiene que preocuparse por todo lo demás".
Y así era.
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