15 de enero de 2014

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"Muero contento, porque equivocado o no, muero por una idea" Manuel Barreiro dos días antes de ser fusilado 12/3/1939

miércoles, 8 de mayo de 2013

El gobierno español paraliza las videoconferencias por los crímenes contra el franquismo

Nota del gobierno español a la embaja de Argentina en Madrid
Deplorable espectáculo del gobierno español impidiendo un acto de Justicia Universal

elplural.com Aurora Moya 8/5/13
Las presiones del Gobierno español consiguen suspender las videoconferencias de la querella del franquismo
El Ministerio de Exteriores hace llegar al embajador argentino su malestar por la investigación que podría acabar con la imputación del suegro de Gallardón y otros próceres de la dictadura

Las presiones del Gobierno español han llevado a que la jueza argentina María Servini de Cubría se haya visto obligada a suspender las declaraciones por videoconferencia de los testigos en la causa que instruye por los crímenes del franquismo. Una llamada del embajador de Argentina en Madrid, Pablo Bettini,  a la magistrada a primera hora de la mañana, transmitía este malestar del Ministerio de Asuntos Exteriores. En esta querella se plantea la imputación de exministros como Rodolfo Martín Villa o José Utrera Molina, suegro del actual ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

A las 13:30 horas del mediodía, los tres primeros testigos que debían realizar su videoconferencia ante la jueza en el consulado, dentro de la querella por los crímenes del franquismo, vieron que su declaración se retrasaba “por motivos técnicos”. Dos horas más tarde, la noticia llegaba desde Argentina: el embajador argentino en España había telefoneado a la jueza para informarla de la queja española ante la inminente toma de testimonios de los querellantes. Acompañados por sus abogados, los testigos volvieron a la Embajada donde se les comunicó  la suspensión de la toma de declaración y pudieron conocer el contenido de la carta que con fecha de hoy remitía la Dirección General de españoles en el exterior y de asuntos consulares y migratorios del Ministerio que dirige José Manuel García Margallo. Este escrito es el que formalmente ha dado pie a la suspensión.

Se enteraron por la prensa de las videoconferencias…
En su carta, el Ministerio comienza alegando ignorancia sobre estas declaraciones que se habían convocado por segunda vez tras una primera suspensión que los querellantes sospechan se debió también a causas parecidas. Comienza así: “El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación saluda atentamente a la Embajada de la República Argentina en Madrid y, en relación con las noticias aparecidas en los medios de comunicación de hoy 8 de mayo, sobre la toma de declaración por videoconferencia en el Consulado de Argentina en Madrid a testigos españoles por parte de la juez argentina Dra. Servini de Cubría en relación con una causa sobre genocidio durante la guerra civil española y el franquismo, tiene el honor de solicitar de esa Embajada información sobre esa noticia”.

…se remiten al Tratado bilateral de extradición
A continuación, se remiten a los tratados entre ambos países “cabe recordar que para poder llevar a cabo diligencias de naturaleza jurisdiccional será de aplicación el Tratado bilateral de extradición y asistencia judicial en materia penal de 3 de marzo de 1987, requiriendo, de acuerdo con lo previsto en sus artículos 30 y 41, la solicitud debidamente cursada mediante Comisión Rogatoria dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, como Autoridad Central tal y como ha sido el caso con respecto a diligencias similares practicadas con anterioridad”.

…Y piden una comisión rogatoria
 “Por todo ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ruega a la Embajada de la República Argentina en Madrid, que si las autoridades judiciales argentinas requieren la realización de las diligencias jurisdiccionales referidas en las noticias de prensa, se proceda a la remisión de la correspondiente solicitud mediante Comisión Rogatoria, tal y como prevé el Tratado bilateral de asistencia judicial en materia penal”, concluye el escrito.

“Todo es una excusa”, dice Slepoy
“El convenio de cooperación judicial entre España y Argentina, establece diferentes mecanismo para asistencia judicial, raelización de pruebas, declracioens…explicaba a ELPLURAL.COM el abogado Carlos Slepoy en la puerta del Consulado, pero no tiene aplicación alguna en este caso. Esta es una querella instruida en Argentina, por la justicia argentina y con una toma de declaraciones en el consulado argentino. Del mismo modo que no es precisa una comisión rogatoria. Todo esto es una excusa, ni más ni menos, una excusa para intentar parar una causa que crece y crece y en la que cada vez se producen más adhesiones”.

Se habla de ruptura de convenio judicial
Mientras, algunos de los querellantes presentes frente al Consulado, comentaban a ELPLURAL.COM: “Nos dicen desde Argentina que el embajador Bettini ha transmitido a la jueza que el Gobierno español estaba muy molesto y que esto podía llevar a la ruptura del convenio de cooperación judicial entre Argentina y España. Ella ha visto obligada a suspender las videoconferencias, mientras se analiza la situación”.

Un grupo de querellantes viaja a Argentina
¿Supone esto que la querella se paraliza? “Claro que no. Supone que se suspende la toma de declaración en el consulado de Madrid, pero ya hay un grupo de querellantes que se van a desplazar próximamente a Argentina para declarar. Todo sigue adelante”, comentaban los abogados Carlos Slepoy y Ana Messuti.

Ex ministros, jueces y policías en la picota
Tras la declaración de los testigos que ha relacionado la magistrada, ésta debe decidir sobre la imputación o no de las personas que los testigos apuntan según los casos como responsables de los crímenes de lesa humanidad que denuncian. Los ex ministros franquistas Martín Villa, Fernando Suarez González y José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón), los policías de la brigada social  Juan Antonio González Pacheco, (Billy el Niño), el guardia civil Jesús Muñeca Aguilar famoso por su intervención en el golpe de estado del 23-F o el juez del Tribunal de Orden Público Rafael Gómez Chaparro, son algunos de los nombres que figuran en el escrito de imputaciones presentado.

Podría ordenarse su busca y captura
En caso de que María Servini de Cubría así lo considerase, en su momento presentaría  un exhorto ante el Fiscal General del Estado para que estas personas comparezcan ante ella. De no hacerlo, la magistrada emitiría orden de busca y captura a través de Interpol. Sería el mismo procedimiento que Baltasar Garzón siguió con el dictador Pinochet, pidiendo diligencias indagatorias y solicitando orden de detención internacional. En el ánimo de los miembros de la red Aqua y de la Plataforma Vasca que sirven de red de apoyo a querellantes y adhesiones está la importancia de los nombres referidos e incluso las vinculaciones personales o familiares con miembros del actual Gobierno como es el caso del titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, casado con una hija del mencionado José Utrera Molina para quien se pide la imputación.

El suegro de Gallardón y la muerte de Puig Antich
En concreto, el falangista José Utrera Molina fue nombrado Ministro Secretario General del Movimiento en enero de 1974, en el primer Gobierno de Carlos Arias Navarro. La  querella contra el franquismo resalta su firma en el decreto o “enterado” para la ejecución de la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich.  Puig Antich fue condenado a muerte por un tribunal militar tras ser acusado por el asesinato en Barcelona del subinspector de la Brigada Político Social, Francisco Anguas Barragán. El consejo de ministros dio vía libre a su ejecución. La hermana de Puig Antich era una de las personas que debían haber declarado hoy en la videoconferencia y que por segunda vez ha viajado en vano desde Barcelona.

300 querellas y 6.800 adhesiones
En conjunto, la Plataforma Vasca y la red ciudadana contra los crímenes del franquismo (red AQUA) han recogido más de 300 querellas de víctimas de franquismo y más de 6.800 adhesiones, que han sido presentadas ante la jueza argentina. Estos testimonios incluyen crímenes relacionados con la guerra civil, presos condenados a trabajo esclavo, niños robados, torturas del aparato policial franquista y ejecuciones ordenadas por el Gobierno de Franco entre otros delitos en un periodo de tiempo que va del 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977. El PLURAL.COM ha ido publicado de forma continuada buena parte de estos relatos desde que el conjunto de asociaciones decidieron realizar esta acción ante la justicia argentina que se inició cuando dos ciudadanos residentes en ese país denunciaron ante la magistrada la muerte y desaparición de sus familiares en España.

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