O cómo rebañar el plato de la indignidad hasta el final
Una de las reparaciones contempladas por la Ley de la Memoria Histórica (LMH) es la concesión –a petición de los familiares de las víctimas del franquismo- de un certificado de reparación moral, expedido por el Ministerio de Justicia (y no por ningún órgano judicial), que acredita que fueron perseguidos por sus ideas.
Como casi todo el mundo debe saber ya, al igual que el resto de las medidas de la LMH, dicho certificado carece de toda validez como reparación jurídica, es decir, que no tiene efectos legales de ningún tipo: ni económico, ni administrativo, y ni siquiera asistencial, como sí sucede con la ley de atención a las Víctimas del Terrorismo.
Al aprobar dicha ley, el PSOE, con el apoyo parlamentario de IU, ratifican e incluso consolidan la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, que contempla la impunidad de los crímenes franquistas, exonerando de toda responsabilidad a los culpables de la represión franquista, de 1936 a 1975, de Franco a Fraga Iribarne, y del capellán del penal de Ocaña (“el Cuervo” le llamaban), a los últimos miembros del Tribunal de Orden de Orden Público y todos los comisarios e inspectores de la Brigada Político-Social, que pasean su plácida y bien retribuida ancianidad por nuestros parques y jardines.
Hace unos días, el redactor de la Ley de la Memoria, el supersocialista Ramón Jáuregui, culminó su amplia trayectoria de indignidades para con la Memoria Republicana democrática y antifascista española, oficiando la última y ominosa mascarada con la que el Gobierno socialista de España hace mutis por Navidad, insultando la memoria de las víctimas del franquismo y engañando a sus familiares, con el tocomocho de una ceremonia que se anuncia como “reparadora” y que no es sino una estafa, por intentar “vender” como jurídico un papel que ni anula las sentencias, ni condena jurídicamente a los tribunales que las pronunciaron.
Habría de aclararse el grado de complicidad atribuible a los impulsores de este acto, la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra (AFFNA), y a su presidenta Ana Alcega, al participar en una ceremonia falaz que fortifica las leyes de impunidad y de punto final, aceptando como bueno un documento sin validez jurídica alguna, a cambio de renunciar a exigir la ilegalización del franquismo, de los tribunales represores y de la anulación de sus sentencias.
Vemos así como el PSOE y su gobierno saliente se regodean hasta el final con la Memoria de las víctimas del franquismo, mientras Franco y José Antonio, el franquismo y la Falange, siguen dominando los espacios físicos y mediáticos de España, desde lo alto del Valle de los Caídos.
No cabe mayor indignidad.
Si gustan, pasen y lean la noticia, sospechosamente aireada por el ABC.
Calabardina, 24 de diciembre de 2011
Floren Dimas
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