La llamada Ley de "Memoria Histórica", propuesta por el actual gobierno, entró en vigor tras ser publicada el 26 de diciembre de 2007 en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Llevamos pues tres años de "Memoria Histórica" institucional y, pese a ello, no sólo sigue siendo una materia pendiente la rehabilitación institucional (jurídica) de las víctimas de la represión franquista sino que la búsqueda de las "enterradas en cunetas" continúa realizándose con cuentagotas y sin ser asumida oficialmente por el Estado.
Pese a las declaraciones y promesas del Gobierno socialista, su actitud hacia las víctimas y sus familiares ha sido y sigue siendo incongruente e inadmisible. No sólo porque, a pesar de sus declaraciones y propuestas aparentemente favorables a ellas, en la práctica ha actuado con lentitud y tibieza sino también de forma totalmente contradictoria o negativa cuando se ha tratado de su reparación moral y política.
Tal es el balance de estos tres años de vigencia de dicha Ley. En vez de actos concretos, para responder a las principales reivindicaciones morales, políticas y jurídicas de las Asociaciones de Memoria y de los familiares de las víctimas de la represión franquista, el Gobierno se ha limitado a gestos y anuncios publicitarios que no tienen nada que ver con esas reivindicaciones. Gestos y anuncios publicitarios cuyo único objetivo es el de hacer creer que se está haciendo o se quiere hacer algo en favor de ellas y del reconocimiento político-histórico de su lucha; pero que, en realidad, se hacen para seguir escamoteando las reivindicaciones morales, políticas y jurídica.
Gestos y anuncios publicitarios, para salvar las apariencias y dejar pasar el tiempo. Como esta iniciativa para que la UNESCO consideré como "Memoria de la Humanidad" el Archivo de la represión franquista que se encuentra actualmente en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. O esta otra similar: la proposición del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, de crear una oficina de atención a un grupo concreto de víctimas del franquismo, el que sufrió el robo de niños, para que "estos niños o sus familiares puedan tener una vía para formalizar sus demandas y tratar de localizar a los desaparecidos".
Un desfase total entre las palabras y los hechos del Gobierno, y ello por su porfía en no enajenarse las "simpatías" de los poderes fácticos y del PP. Así se ha podido ver, recientemente, con el destino a dar al único gran monumento que sobrevive de los construidos como símbolos por los regímenes fascistas del siglo XX: la monumental Cruz y a la basílica del Valle de los Caídos. Pues, mientras varios Foros por la Memoria piden la voladura de esa gigantesca cruz, la desacralización de la basílica y que los restos de Franco y José Antonio Primo de Rivera sean exhumados y entregados a sus familiares, Jáuregui, el flamante ministro de Presidencia, informa que las obras de rehabilitación de la basílica, en las que se han invertido más de 100.000 euros, están llegando a su fin y que los monjes benedictinos pronto podrán dar nuevamente misas en ella. Además, para ratificar la equidistancia política implícita en la Ley de "Memoria Histórica", Jáuregui precisa que, de acuerdo con dicha ley, el Ejecutivo tiene la intención de servirse de ese recinto para "honrar y rehabilitar la memoria de todas las víctimas de la guerra y de la represión política, de la verdad histórica y de la reconciliación de los españoles".
Las cifras de la Ley de "memoria Histórica"
Siguiendo en esta línea, de sacrificar la ética y la justicia a las "circunstancias" políticas e históricas y a los costos monetarios, Jáuregui acaba de presentar el balance de la aplicación de esta Ley, anunciando que en el próximo trimestre se pondrá en marcha "un portal de Memoria Histórica" y será accesible por internet "el mapa de las fosas". Afirmando, además, que esta Ley ha permitido a 151.400 hijos y nietos de exiliados recuperar la nacionalidad española y a 21 brigadistas internacionales obtenerla. También ha informado que 849 personas (viudas, hijos y demás familiares de españoles fallecidos en la guerra civil) se han beneficiado de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social. Que otras 57 han obtenido indemnizaciones por concepto de haber sufrido prisión y 382 se han beneficiado de la exención del pago del IRPF por esas indemnizaciones. Que de las 183 solicitudes recibidas en la Comisión de Evaluación para la indemnización a familiares de ejecutados, 48 han sido concedidas, y que de las 143 solicitudes de indemnización para quienes fueron internados por su condición de homosexuales, 82 fueron resueltas positivamente, 44 negativamente y 13 no fueron admitidas, mientras que otras 4 siguen en tramitación. A lo que se debe agregar las 2.196 personas que se han podido beneficiar de las prestaciones aprobadas para los llamados "niños de la guerra" que fueron desplazadas al exterior durante la guerra civil.
A este balance contable, de prestaciones monetarias para las víctimas o familiares de las víctimas del franquismo, de estos tres años de "Memoria Histórica" institucional, Jáuregui ha añadido con mucho énfasis los 855 títulos honoríficos expedidos por el Ministerio de Justicia como reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra y la dictadura, resaltando que entre ellas había personalidades tan conocidas como el presidente de la Generalitat de Cataluña Lluis Companys o el poeta Miguel Hernández. Concluyendo su informe afirmando que hasta el día de hoy se han destinado 19.475.985 euros a la financiación de 642 proyectos relacionados con la "recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento moral de las víctimas", y que, para 2011, el Gobierno prevé dedicar a esos proyectos 5.253.850 euros, aunque, con una enmienda presentada al Proyecto de Ley de Presupuestos, podrá contarse con un millón de euros más.
El precio de la "Memoria Histórica"
Así pues, tanto para el Gobierno del Sr. Zapatero como para el PSOE, la recuperación de la “Memoria Histórica” debe ser compatible con la amnesia deliberada que hizo posible la “Transición” y con la España que la Dictadura y la “Transición” han forjado. Por eso, para ellos, esta recuperación debe quedar limitada a esas prestaciones materiales y a esos títulos honoríficos. Nada de revisión de juicios y anulación de sentencias. Nada de cambiar el entramado jurídico de la Dictadura que no se cambió al momento de la “Transición”. Por eso, hace poco, los "socialistas" con la ayuda de los "populares" han tumbado una moción de ERC reclamando al Gobierno que impulsase las reformas legales necesarias para que el Ejecutivo, por sí mismo o bien a través de la Fiscalía del Estado, pueda solicitar la revisión de las sentencias políticas dictadas durante el franquismo. Sentencias declaradas “ilegítimas” por la Ley de Memoria Histórica; pero cuya “ilegitimidad” es puramente simbólica, puesto que tal declaración no anula la jurisprudencia en vigor, en la que sigue presente como testimonio de su pasado franquista.
El Gobierno y los socialistas saben que no se pide la nulidad por temor a consecuencias judiciales, puesto que la Ley de amnistía de 1976 las hace imposibles. Que se pide porque es una vergüenza que tal estigma figure aún en una jurisprudencia que se pretende democrática.
Lo saben, y por eso el Gobierno se ve obligado a recurrir a malabarismos retóricos para justificar su cobardía moral y política a poner fin a esa vergüenza. Malabarismos retóricos que han obligado al ministro de Justicia, Caamaño, a recurrir a un sofisma para pretender que la petición de anulación de juicios del franquismo es un "imposible jurídico": puesto que : "La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha dicho que no tiene efectos jurídicos". O sea que, para él y el Gobierno, la Ley de Memoria Histórica ya privó de efectos jurídicos dichos juicios y, en consecuencia, no tiene sentido alguno pedir su anulación. Pero que no tenga sentido para ellos no quiere decir que no lo tenga para los que fueron víctimas de tales juicios, para sus familiares y para cuantos lo consideran un deshonor impropio de una Democracia que se pretende, además, un modelo de Estado de Derecho.
¿Cómo pues no indignarse ante tal falta de ética y de responsabilidad política de un Gobierno y un Partido que, además de proclamarse demócratas, se reclaman del socialismo? Un Gobierno y un Partido que ya desde la constitución de la comisión nombrada por la Presidencia del Gobierno, para preparar el borrador de la Ley de Memoria Histórica, le señalaron a ésta que su misión no era de recuperación de la memoria histórica sino de “reconocimiento de las víctimas de la guerra civil” para “cerrar las heridas que ésta había producido en los dos bandos” -como lo ha reconocido recientemente el historiador José Álvarez Junco, encargado de redactar dicho borrador.
Pues bien, e independientemente de que poner a los “vencedores” de la guerra civil en el mismo plano que los “vencidos” es mostrar una enorme insensibilidad ética y democrática, ¿cómo olvidar que fueron aquellos quienes se vieron obligados a aceptar la soberanía popular por la que luchaban éstos? ¿Por qué pues imponer ahora una equiparación simétrica de las dos Españas que los “vencedores” negaron bárbaramente a los “vencidos” durante casi cuarenta años? ¿Acaso no son las heridas de los vencidos las que siguen sin cerrar?
Es obvio que sí; pero sabemos que, desde el proceso transicional, la estrategia política de los socialistas ha sido la del olvido de la memoria y de la rentabilidad institucional que proporcionaba el nuevo Régimen. No debemos extrañarnos pues que, para ellos, la recuperación de la Memoria Histórica quede reducida al balance contable presentado por Jáuregui, y que los 19.475.985 euros gastados en estos tres años, más los 5.253.850 o 6.253.850 euros para 2011, sea el precio de la Memoria Histórica made in PSOE. Aunque siendo honestos, debemos reconocer que ese es también el precio de nuestra renuncia a la verdadera recuperación de la memoria histórica.
Grupo Memoria Libertaria Valladolid
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