15 de enero de 2014

Estimada Mª José ... recuerda que aunque a veces hay malas experiencias, nunca debes retroceder ni rendirte, quien persevera alcanza.
Joan Busquets i Verges. Exmaqui libertario del Berguedá 28/12/2013
"Muero contento, porque equivocado o no, muero por una idea" Manuel Barreiro dos días antes de ser fusilado 12/3/1939

miércoles, 30 de abril de 2014

1º de Mayo de 1886

Los Mártires de Chicago

"La ley está en juicio. La anarquía está en juicio. El gran jurado ha escogido y acusado a estos hombres porque fueron los líderes. No son más culpables que los miles que los siguieron. Señores del jurado, condenen a estos hombres, denles un castigo ejemplar, ahórquenlos y salven nuestras instituciones, nuestra sociedad."

Corría el año de 1877 y las huelgas de los ferroviarios, las reuniones y las grandes movilizaciones en Estados Unidos eran reprimidas a balazos, golpes y prisión. Estas mismas tácticas represivas y la necesidad imperiosa por la defensa y la asociación para buscar mejoras en las condiciones de trabajo que en ese tiempo eran de semiesclavitud dieron pie a la gestación de un movimiento de resistencia y lucha de trabajadores que algunos años mas tarde daría sus frutos.

En 1880 quedó conformada la federación de organizaciones de sindicatos y trade unions (Federation of Organized Trades and Labor Unions), y en 1884 se aprobó una resolución para establecer a partir del primero de mayo de 1886, mediante la Huelga General en todo EEUU, las ocho horas de trabajo. Esto despertó un interés y un apoyo generalizado, ya que por aquella época el horario de trabajo obligatorio era de 10, 12 o 14 horas diarias normalmente. De estas jornadas tampoco estaban excluidos l@s miles de niñ@s, ni por supuesto las mujeres a quienes se les pagaban salarios inferiores, sin mencionar que de por sí los salarios eran muy bajos y las condiciones de trabajo insalubres. La efervescencia fué tal en todo EEUU que los sindicatos y las trades unions aumentaban geométricamente. Por ejemplo, el número de miembros de los Caballeros del Trabajo subió de 100.000 en el verano de 1885 a 700.000 al año siguiente.

En 1885 volaba de mano en mano entre los trabajadores de EEUU una octavilla que decía:
"¡Un día de rebelión, no de descanso! (...) Un día en que con tremenda fuerza la unidad del ejército de los trabajadores se moviliza contra los que hoy dominan el destino de los pueblos de toda nación. Un día de protesta contra la opresión y la tiranía, contra la ignorancia y la guerra de todo tipo. Un día en que comenzar a disfrutar ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas para lo que nos dé la gana". La víspera del Primero de Mayo, el periódico anarquista Arbeiter Zeitung, dirigido por August Spies, publicó los siguientes comentarios que muestran el tono de confrontación que imperaba: "¡Adelante con valor! El Conflicto ha comenzado. Un ejército de trabajadores asalariados está desocupado. El capitalismo esconde sus garras de tigre detrás de las murallas del orden. Obreros, que vuestra consigna sea: ¡No al compromiso! ¡Cobardes a la retaguardia! ¡Hombres al frente!"
El 1º de Mayo de 1886 la paralización de los centros de trabajo se generalizó. La huelga paralizó cerca de 12.000 fábricas a través de los EEUU. En Detroit, 11.000 trabajadores marcharon en un desfile de ocho horas. En Nueva York, una marcha con antorchas de 25.000 obreros pasó como torrente de Broadway a Union Square; 40.000 hicieron huelga. En Cincinnati un batallón obrero con 400 rifles Springfield encabezó el desfile. En Louisville, Kentucky, más de 6000 trabajadores, negros y blancos, marcharon por el Parque Nacional violando deliberadamente el edicto que prohibía la entrada de gente de color. En Chicago que era el baluarte de la huelga, paró casi completamente la ciudad. 30.000 obreros hicieron huelga, aunque empresas como en la fábrica de materiales de Mc Cormick y alguna otra se dieron a la tarea de contratar esquiroles. El día 2 se realizó un mitin de los obreros despedidos de Mc Cormick para protestar por los 1.200 despidos y los brutales atropellos policiales. Mientras Spies dirigía su discurso a un grupo de 6000 a 7000 trabajadores, unos cuantos centenares fueron a recriminar su actitud a los esquiroles que en ese momento salían de la planta. Rápidamente llegó la policía, cuya acción dejó seis muertos y gran cantidad de heridos. La indignación ganó los corazones de los trabajadores movilizados. Spies corrió a las oficinas del Arbeiter Zeitung y publicó allí un manifiesto que fué distribuido en todas las reuniones obreras: "(...) Si se fusila a los trabajadores responderemos de tal manera que nuestros amos lo recuerdarán por mucho tiempo (...)".

El 3 de mayo, el crecimiento de la huelga era "alarmante". En el movimiento participaban más de 340.000 trabajadores por todo el país, 190.000 de ellos en huelga. Solo en Chicago, 80.000 hacían huelga. En este momento candente, el Arbeiter Zeitung hizo un llamamiento a la lucha armada, como siempre lo había hecho, salvo que ahora tenía un claro tono de urgencia:
"La sangre se ha vertido. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. La milicia no ha estado entrenándose en vano. A lo largo de la historia el origen de la propiedad privada ha sido la violencia. La guerra de clases ha llegado.... En la pobre choza, mujeres y niños cubiertos de retazos lloran por marido y padre. En el palacio hacen brindis, con copas llenas de vino costoso, por la felicidad de los bandidos sangrientos del orden público. Séquense las lágrimas, pobres y condenados: anímense esclavos y tumben el sistema de latrocinio."
En las salas de reunión de los proletarios rugían intensos debates; "el tigre capitalista" efectivamente había atacado y miles debatían cómo responder. Importantes facciones querían una insurrección. Se convocó una reunión popular en la plaza Haymarket para la noche del 4 de mayo. Preocupados por la posibilidad de una emboscada, los organizadores escogieron un lugar abierto y grande con muchas rutas de escape. Después de una reñida disputa retiran su llamamiento a un mitin armado y en su lugar convocan un mitin con el mayor número de asistentes posible. El 4 de mayo, todo Chicago está en huelga.

Por la mañana la policía atacó una columna de 3000 huelguistas. Por toda la ciudad se formaron grupos de trabajadores. Al atardecer, Haymarket era una de las muchas reuniones de protesta, con 3000 participantes. Los discursos siguieron, uno tras otro, desde la parte de atrás de un vagón. Al comenzar a llover, la reunión se disolvió.

De repente, cuando solamente quedaban 200 asistentes, un destacamento de 180 policías fuertemente armados se presentó y un oficial ordenó dispersarse, a pesar de tratarse de un mitin legal y pacífico. Cuando el capitán de policía se volvió para dar las órdenes a sus hombres, una bomba estalló en sus filas. La policía transformó a Haymarket en una zona de fuego indiscriminado, descargando salva tras salva contra la multitud, matando a varios e hiriendo a 200. En el barrio reinaba el terror; las farmacias estaban apiñadas de heridos. Siete agentes murieron, la mayoría a causa de balas de armas de la policía.

La clase dominante usó este incidente como pretexto para desatar su planeada ofensiva en las calles, en los tribunales y en la prensa. Comenzó una caza de brujas en contra, principalmente, de los anarquistas. Se clausuraron los periódicos, se allanaron las casas y locales obreros y los mítines fueron prohibidos a lo largo y ancho de todo el pais. Los medios de comunicación se abalanzaron contra todo lo que tuviera signo de revolucionario o subversivo y a los mil vientos lanzaban proclamas a la horca y al patíbulo.

El 5 de mayo en Milwaukee, la milicia del Estado respondió con una masacre sangrienta en un mitin de trabajadores; acribillaron a ocho trabajadores polacos y un alemán por violar la ley marcial. En Chicago, se llenaron las cárceles de miles de revolucionarios y huelguistas. Arrestaron a todo el equipo de imprenta del Arbeiter Zeitung y la policía detuvo a 8 anarquistas: George Engel, Samuel Fielden, Adolf Fischer, Louis Lingg, Michael Schwab, Albert Parsons, Oscar Neebe y August Spies. Todos eran miembros de la IWPA (Asociación Internacional del Pueblo Trabajador), asociación de corte -de lo que años después se denominaría como- anarcosindicalista.

Los Mártires de Chicago - (De izquierda a derecha) George Engel,   Samuel Fielden, Adolph Fischer, Louis Lingg, Michael Schwab, Albert   Parsons, Oscar Neebey August Spies.

El juicio fue totalmente manipulado, en todos los sentidos, siendo mas bien un linchamiento. Se les acusaba de complicidad de asesinato aunque nunca se les pudo probar ninguna participación o relación con el incidente de la bomba ya que la mayoría no estuvo presente y uno de los dos que estuvieron presentes era el orador en el momento que la bomba fue lanzada.

No se siguió el procedimiento normal para la elección del jurado, que acabó siendo formado por hombres de negocios y un pariente de uno de los policías muertos, y en su lugar se nombró un alguacil especial quien se jactó: "estoy manejando este proceso y sé qué debo hacer. Estos tipos van a colgar de una horca con plena seguridad". Tuvieron lugar una infinidad de manipulaciones, amenazas y sobornos para que se dieran testimonios ridículos sobre conspiraciones. El asunto era simple y estaba todo muy claro; el mismo fiscal Grinnel lo dijo: "La ley está en juicio. La anarquía está en juicio. El gran jurado ha escogido y acusado a estos hombres porque fueron los líderes. No son más culpables que los miles que los siguieron. Señores del jurado, condenen a estos hombres, denles un castigo ejemplar, ahórquenlos y salven nuestras instituciones, nuestra sociedad". Todos fueron encontrados culpables y sentenciados a muerte, a excepción de Oscar Neebe, condenado a 15 años de prisión.
 
La cuestión de quién arrojó la bomba se ha debatido pero jamás se ha resuelto. Parece que fue un tal Rudolf Schnaubelt y que la fabricó Louis Lingg (quien ciertamente defendía a gritos el uso de la dinamita). Una importante pregunta es quien era realmente Schnaubelt, pero no se ha encontrado respuesta.

A los condenados los llamaron a hablar antes de sentenciarlos. No mostraron ni arrepentimiento ni remordimiento, era la sociedad la que estaba en juicio, no ellos:

August Spies, nacido en Alemania en 1855, era un orador ardiente:
"Hemos explicado al pueblo sus condiciones y relaciones sociales. Hemos dicho que el sistema del salario, como forma específica del desenvolvimiento social, habría de dejar paso, por necesidad lógica, a formas más elevadas de civilización. Al dirigirme a este tribunal lo hago como representante de una clase enfrente de los de otra clase enemiga. Podéis sentenciarme, pero al menos que se sepa que en Illinois ocho hombres fueron sentenciados a muerte por creer en un bienestar futuro, por no perder la fe en el último triunfo de la Libertad y la Justicia». Y concluyó con estas palabras: «¡Mi defensa es vuestra acusación! Las causas de mis supuestos crímenes: ¡vuestra historia! (...) Ya he expuesto mis ideas. Constituyen parte de mi mismo y si pensáis que habréis de aniquilar estas ideas, que día a día ganan más y más terreno, (...) si una vez más ustedes imponen la pena de muerte por atreverse a decir la verdad y los reto a mostrarnos cuándo hemos mentido digo, si la muerte es la pena por declarar la verdad, pues pagaré con orgullo y desafío el alto precio! ¡Llamen al verdugo!"
Albert Parsons, nacido en EEUU en 1848:
 "Yo como trabajador he expuesto lo que creía justos clamores de la clase obrera, he defendido su derecho a la libertad y a disponer del trabajo y de los frutos del trabajo. Yo creo que los representantes de los millonarios de Chicago organizados os reclama nuestra inmediata extinción por medio de una muerte ignominiosa. ¿Y qué justicia es la vuestra? Este proceso se ha iniciado y se ha seguido contra nosotros, inspirado por los capitalistas, por los que creen que el pueblo no tiene más que un derecho y un deber, el de la obediencia. El capital es el sobrante acumulado del trabajo, es el producto del trabajo. La función del capital se reduce actualmente a apropiarse y confiscar para su uso exclusivo y su beneficio el sobrante del trabajo de los que crean toda la riqueza. El sistema capitalista está amparado por la ley, y de hecho la ley y el capital son una misma cosa. ¿Creéis que la guerra social se acabará estrangulándonos bárbaramente? ¡Ah no! Sobre vuestro veredicto quedará el del pueblo americano y el del mundo entero. Quedará el veredicto popular para decir que la guerra social no ha terminado por tan poca cosa."
George Engel, nacido en Alemania en 1836:
"¿Por qué razón se me acusa de asesino? Por la misma que tuve que abandonar Alemania, por la pobreza, por la miseria de la clase trabajadora. Sólo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores, de acuerdo con lo que la historia enseña. ¿En que consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, la libertad, el bienestar. Yo no combato individualmente a los capitalistas; combato el sistema que da privilegio. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quienes son sus enemigos y sus amigos."
Adolf Fischer, nacido en Alemania en 1857:
"En todas las épocas, cuando la situación del pueblo ha llegado a un punto tal que una gran parte se queja de las injusticias existentes, la clase poseedora responde que las censuras son infundadas, y atribuye el descontento a la influencia de ambiciosos agitadores. La historia se repite. En todo tiempo los poderosos han creído que las ideas de pro se abandonarían con la supresión de algunos agitadores; hoy la burguesía cree detener el movimiento de las reivindicaciones proletarias por el sacrificio de algunos de sus defensores. Pero aunque los obstáculos que se opongan al progreso parezcan insuperables, siempre han sido vencidos, y esta vez no constituirán una excepción a la regla. Este veredicto es un golpe de muerte a la libertad de prensa, a la libertad de pensamiento, a la libertad de la palabra en este país. El pueblo tomará nota de ello. Si yo he de ser ahorcado por profesar las ideas anarquistas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo nada que objetar. Si la muerte es la pena correlativa a nuestra ardiente pasión por la libertad de la especie humana, entonces, yo les digo muy alto, disponed de mi vida."
Louis Lingg, nacido en Alemania en 1864:
"Para nosotros la tendencia del progreso es la del anarquismo, esto es la sociedad libre sin clases ni gobernantes, una sociedad de soberanos, en la que la libertad y la igualdad económica de todos producirían un equilibrio estable con bases y condición del orden natural». (...) «Me concedéis, después de condenarme a muerte, la libertad de pronunciar mi último discurso. Me acusáis de despreciar la ley y el orden. ¿Y qué significan la ley y el orden? Yo repito que soy enemigo del orden actual y repito también que lo combatiré con todas mis fuerzas mientras tenga aliento para respirar... Os desprecio; desprecio vuestro orden, vuestras leyes, vuestra fuerza, vuestra autoridad. ¡AHORCADME!"
Surgió un gran movimiento en su defensa y se celebraron mítines por todo el mundo: Holanda, Francia, Rusia, Italia, España y por todo Estados Unidos. En Alemania, la reacción de los trabajadores sobre Haymarket perturbó tanto a Bismarck que prohibió toda reunión pública. Al aproximarse el día de la ejecución, cambiaron la sentencia de Samuel Fielden y Michael Schwab a cadena perpetua. Louis Lingg apareció muerto en su celda: un fulminante de dinamita le voló la tapa de los sesos. Sin más opciones, este fue su acto final de protesta.

Al mediodía del 11 de noviembre de 1887 sus carceleros los vinieron a buscar para llevarlos a la horca. Los cuatro (Spies, Engel, Parsons y Fischer) compañeros de lucha y de sueños emprendieron el camino entonando La Marsellesa Anarquista en aquel día que después sería conocido como el viernes negro.

Foto mártires anarquistas chicago.

«Salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro... Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el del Parsons, Engel hace un chiste a propósito de su capucha, Spies grita: "la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora». Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable». (Relato de la ejecución por José Martí, corresponsal en Chicago del periódico La Nación de Buenos Aires)

Mucho antes, a finales de mayo de 1886, varios sectores patronales ya habían accedido a otorgar la jornada de ocho horas a varios centenares de miles de obreros.

Más de medio millón de personas asistieron al cortejo fúnebre. Años después, en 1893, Fielden, Schwab y Neebe fueron perdonados y puestos en libertad. Cada 1 de mayo, en muchos paises del mundo, los anarquistas de Chicago son recordados como símbolo de dignidad de la clase trabajadora, menos en Estados Unidos. En 1938 se impuso la jornada laboral de 8 horas en todo el pais.

Irónicamente, pasado más de un siglo, en los mismos Estados Unidos y en Europa, cuna del movimiento obrero revolucionario, estas conquistas obreras están siendo revertidas por gobiernos y multinacionales sin apenas disparar un solo tiro, y sin tener que llevar a nadie a la horca. Ahora todo es más sutil, los sindicatos subvencionados están a disposición del mejor postor, traicionando los mandatos y olvidando las luchas y el sacrificio personal de miles de trabajadores y trabajadoras y de quienes, desde el aciago 1886, se les conoce como "los mártires de Chicago".

El líder terrorista que ha causado más muertes en España es Francisco Franco

militantes de nuevas generaciones del PP
La policía detiene a 21 tuiteros acusados de enaltecer el terrorismo

El Jueves - Joan Lerroux |

martes, 29 de abril de 2014

'No me olvides', la historia de cómo Videla mató en España


El documental ahonda en la historia de la familia Molfino, cuyos miembros sufrieron de primera mano la dictadura en Argentina

Público - Madrid 29/04/2014
Noemí Gianotti de Molfino fue una madre de desaparecidos argentina. La asesinaron en 1980 en un hotel de Madrid . La razón: intentó salvar a sus hijos trasladándose a Europa, sola, y llegando hasta la Comisión Europea con intención de transmitir y concienciar del genocidio que se estaba cometiendo en su país.

Su hija Marcela había sido secuestrada y nadie conocía su paradero. Otro de los Molfino, Miguel Ángel, había sido torturado y encarcelado poco tiempo antes, y otra hija, Alejandra, había tenido que abandonar el país debido a su militancia en el sindicato de maestros.

Cuando Noemí llegó a España en busca de ayuda, nunca volvió a salir. Fue asesinada en Madrid, como parte de una operación propagandística de la dictadura para desacreditar las denuncias de los argentinos. La secuestraron y la llevaron en secreto a un hotel de la Calle Tutor, donde, tres días más tarde, una empleada encontró su cadáver.

Su muerte, a día de hoy, continúa impune, a pesar de que en la habitación de hotel donde apareció el cuerpo se encontraron huellas dactilares que permanecen sin cotejar. La familia de Noemí quiere saber la verdad y la justicia argentina investiga su caso.

El periodista Danilo Albin, en colaboración con el director vasco Karlos Trijueque, ha elaborado el documental No me olvides, que trata la historia de Noemí Gianotti y la familia Molfino, un reportaje de investigación sobre su asesinato en el que se cuenta que las huellas de los asesinos fueron archivadas por la justicia española y que el gobierno de Estados Unidos estaba al tanto del caso.

lunes, 28 de abril de 2014

¿Qué empresas usaron a esclavos del franquismo?

  • La explotación económica de los vencidos llevó a la dictadura franquista al extremo de emplear a más de 400.000 presos políticos como trabajadores forzados.
  • Compañías públicas y privadas –algunas cotizan en el IBEX 35– resultaron beneficiarias de mano de obra gratuita en la mayoría de sectores productivos.
  • El trabajo esclavo forma parte de la querella argentina contra los crímenes del franquismo y la Ley de Memoria Democrática prevé hacer "copartícipes" de la "reparación" de los reclusos a las "organizaciones" implicadas.
El franquismo llegó al extremo de usar presos políticos como esclavos. Fiel a la explotación económica de los vencidos como "botín de guerra". Había que "reconstruir" el país y... ¿qué empresas emplearon mano de obra gratuita durante la dictadura? La iglesia, el ejército sublevado e instituciones públicas. Pero no sólo. Entidades privadas de casi cualquier sector se beneficiaron del empleo de más de 400.000 reclusos en régimen limítrofe a la esclavitud. Algunas cotizan hoy en el IBEX 35, herederas de aquellas actividades primigenias o extirpadas de su germen económico.

Para sortear la muerte por hambre o enfermedad, plato diario en las cárceles franquistas, incluso había detenidos que solicitaban su traslado a batallones de trabajadores forzados. Banús Hermanos, San Román, Huarte, Agromán o Dragados y Construcciones. Estas compañías, y otras muchas, aprovecharon la oportunidad que ofrecía el entramado diseñado a lomos de presidiarios "para alzar sus imperios económicos durante la dictadura franquista". Unos redimían condena, otros obtenían réditos de otro modo impensables. Así reza en el marco de la querella argentina que María Servini de Cubría instruye desde el Federal 1 de Buenos Aires, a denuncia del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT. Y en la ley andaluza de memoria, que plantea hacer a estas y otras muchas empresas "copartícipes" de la "reparación" de esas víctimas.

"Botín de guerra" para los golpistas
"Ferroviarias como Norte, MZA, Renfe, constructoras como Entrecanales, San Román, Huarte o Banús, mineras como Duro, Babero, transformadoras de metales como Babor Wilckok, Astilleros de Cádiz, La Maquinista Terrestre". Una relación que el director científico del proyecto Todos (…) los nombres, José Luis Gutiérrez Molina, completa con "órdenes religiosas, ayuntamientos, confederaciones hidrográficas y diversas administraciones de Justicia o gubernativas". "¿Números? Más de 400.000 presos susceptibles de ser utilizados, en Andalucía más de 100.000", enumera. Los derrotados, "botín de guerra" para las fuerzas golpistas.

Eran "trabajadores, jornaleros y campesinos", en gran parte, y debían cargar con el "esfuerzo de la reconstrucción" del país. Una tarea abierta hasta 1956 que el coautor del libro El Canal de los Presos. Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica cuantifica en "al menos 800 millones de euros". "Desde el pequeño taller a la gran industria vasca, catalana o andaluza –cuenta Gutiérrez Molina–, no hubo sector industrial, comercial, agrario o de servicios que no contara, en mayor o menor número, con trabajadores esclavos".

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía señala (artículo 19): "Reparación por trabajos forzados. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará actuaciones para hacer copartícipes de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su beneficio". El Gobierno autonómico, con el nuevo marco legal que reconoce la mano de obra esclava en trámite, no desvela aún cómo motivará la participación de las empresas implicadas.

Empresas implicadas que no reconocen el "abuso"
¿Quién debe responder por esos delitos? "En el caso de Alemania las empresas pagaron, pusieron la mitad del fondo de indemnizaciones y la otra la puso el Estado", compara el coordinador de RMHSA, Cecilio Gordillo, que declaró por videoconferencia en febrero ante la justicia argentina y sugiere "candidatos a ser convocados por la juez Servini". Caso de "Florentino Pérez, de Dragados y Construcciones (ACS), José Manuel Entrecanales, de Entrecanales y Távora (Acciona), Gonzalo Ferre, de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Julio Gómez-Pomar, de Renfe y Juan Miguel Villar Mir, de Huarte (OHL)". Actuales responsables de empresas, "o sus antecesoras", señala, que nunca reconocieron el "abuso". Como publicó Financial Times Magazine en el año 2003.

eldiario.es/andalucia se ha puesto en contacto con estas empresas, que han declinado hacer declaraciones al respecto. "No haremos ningún comentario sobre ese tema", una respuesta repetida que se extendió en la mayoría de los casos al momento en que, en teoría, la ley andaluza de memoria les conmine a participar en el reconocimiento a los trabajadores forzados. En ningún caso se negó la participación de las "antecesoras" de estas compañías e, incluso, hubo solicitud de información a este periódico "para conocer un poco más en qué consiste todo eso".

En sectores como la minería y la construcción, los presos fueron "imprescindibles". "El número de pantanos inaugurados por Franco, sin la mano de obra esclava, hubieran sido muchos menos, lo mismo que las líneas férreas, carreteras o aeropuertos", relata Gordillo. Obras, también, como el Valle de los Caídos. Para administrar los campos de concentración convertidos en "empresas de trabajo temporal", el régimen creó –el 11 de octubre de 1938– el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo (PCRPT).

En su organigrama cabían, describe Gutiérrez Molina, "funcionarios de prisiones, de prensa y propaganda, un eclesiástico, un contable, varios ingenieros, auditores generales de los tres ejércitos y de los organismos públicos que más trabajadores empleaban". Como el Servicio Nacional de Regiones Devastadas, empresas ferroviarias intervenidas, el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas y la Compañía de Caminos de Hierros del Norte. Por cada día de trabajo, un preso redimía dos de pena. El Estado, que cobraba una cantidad a la empresa beneficiaria, pagaba un jornal –"aunque no siempre cumplía"– del que descontaba la comida y la ropa del recluso.

Empresas que solicitaron trabajadores forzados
En Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente, el investigador José Luis Gutiérrez Molina expone una relación de 90 empresas que solicitaron y les fueron concedidos penados como mano de obra forzada. Una treintena corresponden a organismos oficiales, once a la iglesia católica, ocho al Ministerio del Ejército y el resto a compañías privadas y una institución benéfica (Fundación Elorz).

Instituciones públicas que usaron presos: Secretaría General del Consejo de Estado, Astilleros de Cádiz, Consejo Superior de Protección de Menores, Sindicato Nacional del Espectáculo, Regiones Devastadas de varias provincias, gobiernos civiles, direcciones generales, ayuntamientos… además, entre otras, de la Fundación Generalísimo Franco y la Jefatura de FET de las JONS en Lérida.

La iglesia reclamó trabajadores esclavos para obras en parroquias, conventos y otros edificios de Madrid, Barcelona, Cuenca, Murcia o Valladolid. Como empresas privadas, aparecen relacionadas con la metalurgia (Múgica, Arellano y Cía., Babock Wilcok, La Maquinista Terrestre y Marítima, Talleres Mercier o Industrias Egaña), la minería (Carbones Asturianos, Minera Estaño Silleda, Duro Felguera, Minería Industrial Pirenaica o Minas de Sillada), la construcción (Sociedad Constructora Ferroviaria o Ibérica de Construcciones y Obras Públicas), agricultura, mecánica, zapatería, espartería y fábricas de muebles, cristal, guantes o alpargatas.

El propio autor, junto a Dolores Martínez, en El trabajo esclavo de los presos políticos del franquismo en Andalucía, repasan los campos de concentración y trabajo instalados en la región, con el número de reclusos que acogieron y las fechas en que estuvieron activos. Además, establecen un listado con la relación de obras en que intervinieron prisioneros, presos y penados en Andalucía entre 1936 y 1956. Una lista casi interminable "que no se ha estudiado a fondo".

sábado, 26 de abril de 2014

Memoria/Grimau

Ángela Martínez viuda de Julián Grimau
Francisco Pimentel - La Voz de Ronda - 26.04.2014
Recuerdo claramente aquellos días de Abril de 1963 en que las confusas noticias sobre la suerte de Julián Grimau me atormentaron. Su asesinato el día 20 influyó decisivamente en mi vida que desde entonces tuvo como prioridad y principal objetivo terminar con la dictadura de Franco.

Por las agresiones que el fascismo había infligido a mi familia y mis vivencias desde pequeño ahora está claro que tenía que ser así, pero en aquel entonces cuando yo llegué a Madrid a finales de 1962 tenía 18 años y la ley del desprecio impuesta por la dictadura para anularnos, la ley del cristianismo de la iglesia católica para atontarnos y la ley del silencio impuesta por la familia para protegernos habían creado en nuestras jóvenes mentes confusiones de las que yo intentaba escapar. Empecé a encontrar respuestas en una sociedad como la madrileña mucho más abierta, teniendo al poco tiempo la lectura del periódico clandestino Mundo Obrero, unas hojillas que pasaban de mano en mano muy manoseadas pero que tenían respuestas a nuestras preguntas y por eso eran peligrosas.

La detención de Julián Grimau y las noticias en voz baja sobre las palizas y torturas que le estaban dando me hicieron recordar las palizas y torturas que mi abuelo había sufrido en 1937 y que yo había oído relatar a mi familia también en voz muy baja. Aquellos días fueron para mí de una gran amargura. Deseaba ardientemente que de alguna manera un comando fuera a liberarle. Que el partido comunista asaltara el lugar donde lo tenían y lo sacaran. Tenía sueños en los que yo participaba en la liberación sin importar el riesgo. Pero pasaron los días y no pasó nada. Solamente la impotencia de saber y confirmar que estábamos en manos del fascismo franquista, amparado por el imperialismo yanqui.

La noticia del fusilamiento de Julián Grimau el día 20 de Abril corrió como la pólvora por todo Madrid con comentarios de todo tipo pero principalmente denostadores de su historia y comportamiento. Fue en ese momento, cuando recibí la cruel noticia de su asesinato, que decidí unirme de lleno a la lucha contra la dictadura.

En 1977 Juan Cañas, hijo de un concejal del ayuntamiento de Málaga asesinado también por los franquistas en 1937, ayudante durante muchos años de Santiago Carrillo me facilitó un viaje a Rumanía para estar un tiempo en la clínica de la doctora Aslan. Esta médico y sabia investigadora había creado un medicamento, el gerovital, que me ayudó a recuperarme de unas dolencias cuyo origen estaría entre el enorme esfuerzo físico de la organización política clandestina, el trabajo, la familia y las contradicciones ideológicas de eurocomunistas, conservadores, iluminados y arribistas, aparte la infiltración de los servicios secretos.

Estando en la clínica de la doctora Asland en Bucarest vinieron a visitarme importantes dirigentes para saber de mi salud, pero la visita que más impacto me causó fué la de Ángela la viuda de Julián Grimau. Ella residía en la capital de Rumanía y por dos veces, dos tardes, hablamos mucho. Venía acompañada de otra señora también española y en la cara de ambas se reflejaba el sufrimiento de sus vidas, pero no hacían mención de ello, como mi abuela, como tantas y tantas mujeres de todas las edades vestidas de negro, cuya pena sin embargo se traducía en palabras que eran más bellas que cualquier evangelio: Nosotros no podemos hacer igual que ellos, porque si no, nos convertimos en ellos y nada habrá valido la pena.

La tierra española es una gran fosa común ¡Que se rompa el silencio para la verdad la justicia y la reparación! Por suerte y por el cambio de los tiempos ahora tenemos la ONU de parte de los pueblos de España y el plazo de un año dado al gobierno para dejar sin efecto la ley de amnistía e investigar las desapariciones forzadas cometidas durante el franquismo ya empezó el día 15 del pasado mes de Noviembre. Hoy quedan 203 días.

Francisco Pimentel
Asociación Memoria Histórica de Ronda
Grupo Facebook: memoria historica de Ronda
asociacionmemoriahistoricaronda@yahoo.es

viernes, 25 de abril de 2014

La transición no terminó con el franquismo, lo camuflo. Alfredo Grimaldos en “El otro País"

Publicado en ¡¡ Hasta la victoria final !! 25/4/14
Son los propios franquistas quienes diseñan el cambio y se reparten los papeles en la obra que ellos mismos dirigen. 38 años después parece claro

El franquismo no es una dictadura que finaliza con el dictador, sino una estructura de poder específica que integra a la nueva monarquía”, escribe José Acosta Sánchez en su libro “Crisis del franquismo y crisis del imperialismo” (1). Y efectivamente, durante la Transición nunca se llega a producir una auténtica ruptura democrática, un corte histórico significativo con el Régimen del Caudillo. En ningún momento se aborda la depuración del aparato de Estado. Políticos que desarrollaron una carrera muy notoria durante la dictadura son los encargados de dirigir el cambio. Y en ese proceso de adaptación de las estructuras franquistas a los nuevos tiempos, policías, jueces y militares continúan siendo los mismos.

Los mandos del Ejército que  ejercieron de oficiales con Franco incorporan nuevas estrellas a sus bocamangas al amparo de la Monarquía, los implacables jueces del Tribunal de Orden Público prosiguen su ascenso en los nuevos tribunales de excepción que surgen, y los torturadores de la antigua Brigada Político-Social mantienen sus siniestras trincheras en los sótanos de la Dirección General de Seguridad. El habitual “aprobado por aclamación” de las Cortes franquistas se sustituye por el sacrosanto “consenso” y el silencio oficial continúa apoderándose de muchos asuntos esenciales de la vida política.

Series hagiográficas de televisión, numerosos libros e infinidad de suplementos impresos se encargan de mitificar la mentira y tergiversar los hechos históricos, otorgando un protagonismo estelar, el de incuestionables padres de la democracia, a turbios personajes cuyas elocuentes biografías también quedan convenientemente maquilladas. Pero los verdaderos protagonistas de la Transición no son los políticos profesionales, sino los detenidos y torturados, los miles de encarcelados y, sobre todo, los luchadores muertos.

Ya en 1977, el dibujante Carlos Giménez encabeza una de sus rotundas historias gráficas, publicada en la revista El Papus, con un título que hoy conserva absoluta vigencia: “Recuerda”. La doble página comienza  con una viñeta en la que los carteles electorales se enseñorean de la calle, mostrando a políticos sonrientes bajo el lema: “los hombres que hacen posible la democracia”. En los dibujos posteriores se pueden ver un fusilamiento, el interrogatorio de un detenido destrozado por la tortura, una galería de presos políticos, el asesinato de un joven, que es acribillado por la policía mientras realiza una pintada, y a manifestantes reclamando “amnistía y libertad”. En la última viñeta, “los hombres que hacen posible la democracia” ya han cambiado: no aparecen las caras sonrientes de los políticos, sino las víctimas de la represión.

La crónica de los primeros años de la Transición publicada en El Papus constituye una de los más certeros análisis de ese momento histórico que han quedado impresos. Para intentar acabar con la lucidez de sus cronistas, un grupo de extrema derecha hace explotar una bomba en la redacción de la revista, en 1978, asesinando a Juan Peñalver, conserje del edificio. Varios jueces del antiguo Tribunal de Orden Público franquista, instalados en los nuevos órganos judiciales de la Monarquía, se encargan de amparar a los criminales.

La imagen oficial de la Transición se ha construido sobre el silencio, la ocultación, el olvido y la falsificación del pasado. Una y otra vez se vuelven a dibujar las claves políticas de aquellos años como un juego de mesa, como una especie de partida entre destacados franquistas que, de repente, se transforman en demócratas y tienen que enfrentarse con el “búnker” fascista. En esa opereta, los miembros de la oposición controlada actúan como artistas invitados. Tras contemplar semejante cuadro, parece que la lucha en la calle nunca ha existido. Una y otra vez se renuncia a reivindicar una parte fundamental de la historia reciente: más de cien militantes de izquierda fueron asesinados, entre los años 1976 y 1980, en manifestaciones o atentados. Por la policía, la Guardia Civil y la extrema derecha instrumentalizada desde el poder.

Son los propios franquistas quienes diseñan el cambio y se reparten los papeles en la obra que ellos mismos dirigen. La Transición se convierte en la metáfora  de un interrogatorio policial. Eso que los funcionarios de la Brigada Político-Social sabían hacer a la perfección. Para apuntalar sus planes, los reformistas que ejercen de “policías buenos” piden constantemente sumisa colaboración a los opositores “sensatos”. Con un claro aviso añadido: en caso contrario, pueden intervenir los incontrolados “policías malos”. Y será peor para todos.

Ese sistema de presión resulta muy conocido para todos los detenidos que han pasado por la Dirección General de Seguridad y lo han sufrido. En su estrategia, los cerebros del cambio se sirven de la extrema derecha que asesina en la calle, del búnker político franquista y del miedo al ruido de sables. Y en caso de que algo se les vaya de las manos, utilizan el recurso habitual: la policía y la Guardia Civil. “El peligro de involución” les viene bien para exigir a la oposición que se doblegue una y otra vez, antes de haber llegado a alcanzar sus reivindicaciones mínimas.

Los franquistas con voluntad de perpetuarse en el poder saben que, por necesidad histórica, tienen que cambiar algunos elementos de la estructura política del Régimen, pero sólo están dispuestos a hacerlo después de haber desactivado previamente al enemigo. La dictadura aún puede seguir conteniendo, hasta cierto punto, el empuje del movimiento de masas, pero cada vez con mayor dificultad y a cambio del aislamiento exterior de la clase dominante. Así que muchos de los que han apoyado abiertamente, hasta ese momento, el totalitarismo franquista –desde Fraga o Pío Cabanillas, hasta Suárez y Martín Villa- se van despegando de él para reconvertirse en partidarios de la evolución controlada del propio Régimen.

Poco a poco, acreditados detractores de la democracia y el pluralismo se empiezan a manifestar a favor de iniciar el camino hacia un sistema parlamentario de corte europeo occidental, con partidos y sindicatos legalizados. Pero para llegar a ese punto, primero hay que debilitar a las fuerzas más organizadas de la oposición y al movimiento sindical. Cada paso en el proceso de apertura tiene que conllevar, necesariamente, una cesión por parte de los opositores que aspiren a participar en el nuevo juego. Y las reglas las imponen ellos, los franquistas. La consigna está clara: reformar el Régimen, pero impedir a toda costa que se produzca una ruptura. Eso podría acabar con los propios intereses de futuro de quienes apadrinan el cambio.

En 1973, el “opositor” monárquico Joaquín Satrústegui, que cuatro años más tarde se convertirá en senador por designación real en las primeras Cortes elegidas en las urnas, declara en Roma: “Esta táctica (sic) no tendría razón de ser si no existiera una oposición reformista, con la ayuda de la cual debemos tratar de controlar y evitar la movilización mayoritaria y la situación que se podría dar después como consecuencia de ella”. Y añade, con claras dotes proféticas: “Hay que domeñar, a costa de lo que sea, a los comunistas, sobre todo, y, más importante aún, hay que integrar a sus dirigentes en nuestro proyecto, para que sean ellos mismos los que controlen y eviten la  violencia de las huelgas y las revueltas estudiantiles, sobre las que tienen una gran autoridad e influencia. Hay que evitar a toda costa que se proclame la República de nuevo”.

Carrillo entiende perfectamente este mensaje y pronto acaba aceptando la Monarquía y haciendo de policía desmovilizador en su importante área de influencia. Por orden de su secretario general y por primera vez en la historia, las bases del PCE se ven obligadas a enarbolar la bandera de la monarquía borbónica, la misma que presidía los consejos de guerra franquistas, y también a enfrentarse con quienes se empeñan en seguir esgrimiendo la enseña tricolor. En más de una ocasión se puede ver a curtidos militantes comunistas cumplir esa insólita y amarga misión con los ojos empañados: “Por favor, compañero, vamos a intentar que no haya problemas... Tengo que hacer esto por disciplina de partido, entiéndelo”.

La Revolución de los Claveles portuguesa del 25 de abril de 1974 constituye una llamada de atención fundamental para los franquistas con mayor visión de futuro. Un hombre del búnker, Utrera Molina, ministro Secretario General del Movimiento en esa fecha y hoy suegro del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, confiesa a Victoria Prego en un capítulo de la serie sobre la Transición que la periodista elaboró para TVE: “Yo juzgué que había que tomar nota y anticiparse. O una de dos, o vigorizábamos nuestras instituciones y las modernizábamos, poniéndolas al día, o perderían definitivamente su espacio de futuro”.

En su libro “De Franco a Juan Carlos I” (2), José Luis Mendizábal señala que una de las condiciones básicas de la reforma es la de “recuperar  para esta singular derecha democratizadora el mayor número de servidores del aparato del Estado franquista. Y lo cierto es que, durante la Transición, las nuevas instituciones que van surgiendo coexisten con organismos engendrados por el franquismo. Y los personajes que han hecho carrera en éstos se trasvasan con toda naturalidad a los primeros. La alta burocracia, los jueces, la policía y los mandos militares permanecen en sus puestos. Y con ellos, una gran cantidad de hábitos antidemocráticos y de mecanismos represivos. Se mantienen los servicios secretos del fascismo, dirigidos por funcionarios que han hecho toda su carrera dentro de ellos, cambiándolos sólo el nombre. Y continúan espiando, sin ningún tipo de control, las conversaciones telefónicas y la correspondencia”.

Otro de los rasgos significativos del proceso de fabricación política de una derecha parlamentaria, a partir del franquismo de camisa azul, es la promoción simultánea de una extrema derecha violenta y golpista, sobre cuyas espaldas van a reposar todas las culpas del fascismo durante la Transición. Pero incluso en este caso, sin que tampoco se deriven  responsabilidades penales para los ultras por sus actos criminales, salvo en muy pocos casos. Policías y jueces les echan una mano. De ese modo, los “policías malos” de este gran montaje son, “exclusivamente”,  un puñado de locos marginales, encuadrados en grupos de fanáticos franquistas. Eso sí, dirigidos por los funcionarios policiales del antiguo régimen, que se perpetúan en la Transición, y por los servicios de información surgidos del propio aparato franquista. Los ultras asumen a la perfección su papel criminal y llevan a cabo decenas de asesinatos desde 1976 hasta 1980. La mayor parte de ellos quedan impunes.

Durante ese periodo, el movimiento popular afronta constantes y peligrosos pulsos en la calle, enfrentándose contra las fuerzas policiales para conseguir la ruptura democrática. Pero los franquistas renovados tienen claro que para que triunfe la reforma controlada hay que acabar con la resistencia organizada y buscan establecer un “consenso” con las direcciones de los grupos que tiene mayor influencia en la izquierda. No obstante, no les resulta fácil la tarea de desmontar las estructuras populares que se han ido creando durante los últimos años del franquismo, políticas, vecinales y sindicales, ni siquiera con el apoyo de tan acreditados colaboradores. La lucha por la amnistía y la ruptura sigue movilizando a un sector importante de la oposición.

La liquidación de los movimientos populares está en el origen de la partitocracia corrupta que se acaba imponiendo y que ahora está llegando a su máximo nivel de podredumbre. El sistema electoral diseñado y el propio funcionamiento del Congreso de los Diputados contribuyen decisivamente a provocar un corte entre los políticos profesionales y sus votantes. Eduardo Haro Tecglen, en su columna de El País, el 12 de mayo de 2004, escribe: “La ley D’Hont favorece los grandes partidos y disminuye los pequeños; es contraria al pluralismo y se adoptó para continuar el franquismo a base de dos partidos únicos”.

Las exigencias básicas de la Junta Democrática, organismo unitario presentado en París en 1974, con el auspicio del PCE, van perdiendo brío sólo dos años después de su creación, a medida que la Transición avanza. Se renuncia a la “formación de un gobierno provisional”; la “amnistía total” se consigue gracias a manifestaciones populares convocadas sin el apoyo de los partidos mayoritarios de la oposición, en las que  las calles se tiñen con la sangre de muchos jóvenes estudiantes y obreros; la “independencia judicial” se olvida para siempre y, por supuesto, no se vuelve a plantear uno de los puntos clave de la plataforma reivindicativa de la Junta: la “celebración una consulta para elegir la forma de Estado: monarquía o república”. Queda sellado un pacto en el que se acuerda no remontarse a la guerra civil y a los años de represión posteriores, se pretende enterrar la memoria histórica del periodo republicano y la ilegitimidad originaria de la monarquía juancarlista.

Los atentados de la extrema derecha y las amenazas de golpe son una constante durante la Transición. El fantasma de la involución convierte en “salvadores” del proceso de cambio a los franquistas reformistas y al Rey. García Trevijano, uno de los fundadores de la Junta Democrática, en su libro “El discurso de la república”, escribe: “Cuando se propaga el temor social a un peligro inexistente es porque la clase o el partido gobernante están en peligro real de perder el poder. Y echando sobre el pueblo el miedo propio consiguen una nueva legitimación para seguir dominándolo. Esto sucedió al final de la dictadura, con la cínica propaganda de un peligro irreal de guerra civil, para justificar el consenso moral de la transición contra la ruptura democrática”.

Efectivamente, las propias direcciones de los grandes partidos, que ya buscan su propio espacio político concreto, propagan de forma interesada el mensaje de que es necesario el pacto de las fuerzas predemocráticas con el régimen franquista para abortar el supuesto peligro de un nuevo enfrentamiento entre españoles o la instauración de una dictadura militar, cuando aún no se ha terminado la vieja. La Transición democrática se convierte en el silencio de los corderos.

Continúa García Trevijano: “Basta constatar que la clase trabajadora se encuentra hoy más alejada del poder político  y del poder social que cuando murió el dictador, y que el estatus de sus dirigentes ha subido, para saber que el Partido Socialista, el Partido Comunista y los sindicatos sacrificaron esos intereses sociales a la ambición personal de sus aparatos de entrar en el reparto patrimonial de los cargos y presupuestos del Estado, de los que han hecho su modo de vivir. Y todas las ambiciones se basaron, además, en la miserable mentira de la reconciliación nacional entre franquistas y demócratas para evitar una guerra civil imaginaria”.

A partir del referéndum que aprueba la Ley de la Reforma Política, millones de españoles se entregan  con entusiasmo a la tarea de mantener en el poder, en nombre de las nuevas libertades, a las mismas personas que las han reprimido durante muchos años, desde el Movimiento, la policía política, la judicatura, la televisión y la prensa de la dictadura. “Se fundieron en un solo cuerpo, como en el monstruo de las dos espaldas, el rostro atroz de la tiranía y la cara dura de la ambición clandestina. A ese monstruo se le llamó consenso”, concluye García Trevijano.

Los vaivenes que experimentan las trayectorias políticas protagonizadas por los principales diseñadores de la Transición  son casi idénticos. De origen falangista, flirtean con el Opus en el momento oportuno y no les afecta la debacle de MATESA, por su estratégica situación en puestos importantes pero todavía secundarios del sistema. Visten de nuevo la camisa azul y se la quitan justamente cuando la maquinaria franquista chirría por todas partes y se presagia su destrucción. Con juegos de manos tan admirables, esta generación de políticos consigue salvar para el futuro muchas piezas de la estructura del Régimen. Personajes que provienen del franquismo más azul, como Martín Villa y Fraga, han seguido detentando cargos relevantes en la vida pública hasta hace muy poco.

El primer gran acto de consenso “oficial”, después de las elecciones generales de 1977, lo constituye la firma de los Pactos de La Moncloa, que incluyen unos acuerdos de contenido político y otros de contenido económico. Se suscriben el 25 de octubre de 1977. Dentro de la lógica habitual del suarismo, la ceremonia de rúbrica, encabezada por el presidente de Gobierno, es solemnemente retransmitido en directo a través de RTVE. El peso de los acuerdos –en la práctica un plan de estabilización- recae sobre los trabajadores y hay numerosos brotes de contestación (3).

Los Pactos suponen la cesión de numerosas conquistas obreras conseguidas a lo largo de años de lucha. Se fijan topes salariales muy por debajo del aumento del índice del coste de la vida, y además se aplican con carácter retroactivo. También se facilita el despido. Desde entonces, la debilidad del movimiento obrero es cada vez mayor. Aquí se marca el punto de inflexión entre el sindicalismo reivindicativo y la burocratización subsidiada por el propio Estado. Carrillo vende la necesidad de apoyar los Pactos, como siempre, por “el peligro que se cierne sobre la democracia”, y uno de los suyos, Carles Navales, destacado sindicalista del CCOO en el Baix Llobregat, añade años más tarde: “A la clase obrera española hay que reconocerle que priorizara la necesidad de consolidar la democracia, aunque ello fuera a costa de perder muchos puestos de trabajo”. Las cifras son reveladoras: el número de ocupados españoles, 12,5 millones en 1977, desciende continuamente durante los doce años siguientes. José Luis Leal, ministro de Economía de Suárez, también agradece a los dirigentes de la izquierda su labor de neutralización del movimiento obrero, en un artículo publicado en El País, el 25 de octubre de 2002, con motivo del 25 aniversario de los Pactos: “El compromiso de los líderes políticos del momento hizo posible la neutralización política de los previsibles efectos sociales del ajuste económico”.

Se producen paros y manifestaciones en rechazo de los acuerdos y, como es habitual durante la Transición, las intervenciones de la policía provocan numerosos heridos. El día 12 de diciembre muere en Tenerife Jesús Fernández Trujillo, por disparos de la Guardia Civil, durante una jornada de huelga general.

Cada nueva muerte provocada por la ultraderecha o por la represión policial lanza a la gente a la calle y, paralelamente, arroja cada vez más en brazos de los franquistas reciclados a Carrillo y otros representantes de la oposición. La táctica de los reformistas, empeñados en desactivar al enemigo, funciona a la perfección. Al final, no hay ruptura, ni corte histórico, ni depuración de los aparatos represivos. Franco, a través de sus más directos herederos –el Rey, Suárez, Martín Villa...- comanda la Transición. Con la aquiescencia de los políticos opositores, se echa un telón sobre las innumerables víctimas del ilegítimo Régimen surgido del golpe militar del 18 de julio de 1936.

Las claves de la Transición 1973-86 (para adultos). Editorial Península

jueves, 24 de abril de 2014

El Gobierno justifica que se mantenga el Ducado de Franco

El Ejecutivo argumenta que la Ley de Memoria Histórica no habla de títulos nobiliarios, por lo que se pueden prolongar esos honores al franquismo.

Público.es - Iñigo Aduriz - Madrid 23/4/14
No hay ninguna ley que impida que se mantengan y, por eso, no hay ninguna justificación para acabar con los títulos nobiliarios del franquismo —como el propio Ducado de Franco—, que están en manos de los descendientes de algunos de los principales responsables de la dictadura, a pesar de que estos reconocen los honores que rinde el Estado a esas figuras. Esto es lo que viene a decir el Gobierno en una respuesta parlamentaria, en la que sitúa dentro de la normalidad la existencia de dichas condecoraciones casi cuatro décadas después de la instauración de la democracia. 

En el texto (ver PDF) al que Público ha tenido acceso y que contesta a una pregunta del diputado de Amaiur Jon Iñarritu, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy asegura que la vigencia de esos títulos vinculados —además de al propio Franco— a Emilio Mola, José Moscardó, Gonzalo Queipo de Llano, Juan Yagüe, José Antonio Primo de Rivera, Onésimo Redondo o Luis Carrero Blanco, se debe a que el Gobierno "se ha limitado a aplicar las vigentes normas para la transimisión de dignidades nobiliarias".

Tras recordar que actualmente en España "la tenencia de títulos nobiliarios no conlleva ventajas económicas o fiscales de ninguna clase", el Gabinete insiste en que aplica "de manera ordinaria las actuales normas" para la herencia de dichas condecoraciones, "reconociendo a los sucesores de los concesionarios" de los títulos "su derecho sobre la tenencia" de los mismos "siempre sujeto a posible revisión del mejor derecho por parte de los tribunales de Justicia".

"Siguen vigentes los pilares de la dictadura"
A renglón seguido, el Ejecutivo apunta a que "no se aprecia incompatibilidad" con la Ley de Memoria Histórica en el hecho de que existan esos títulos nobiliarios heredados de la dictadura, porque la mencionada normativa "no hace referencia alguna a la normativa nobiliaria ni a su modificación". Por eso concluye que "habida cuenta de que no hay norma legal alguna que aluda a la no validez de esos títulos" los herederos "están habilitados legalmente para ejercer y hacer efectivos sus derechos respecto a la sucesión" de los mismos.

Iñarritu ha considerado en declaraciones a este diario que "es una auténtica vergüenza la respuesta dada por el Gobierno del PP". En su opinión, el Ejecutivo "sigue dando cobertura al fascismo y, por supuesto, sigue dando la espalda a las miles y miles de víctimas de la dictadura franquista". "Esta respuesta es una muestra más de que muchos de los pilares que sustentaban la dictadura franquista siguen vigentes", ha remachado.

Los ultras que asaltaron la Librería Blanquerna, candidatos a las elecciones europeas

Pertenecen a las listas de Democracia Nacional y de la coalición «La España en marcha» que agrupa a La Falange, Alianza Nacional y el Movimiento Católico Español

Los listas a las elecciones europeas del próximo 25 de mayo incluyen entre sus candidatos a los ultras detenidos por el asalto de la Librería Blanquerna de Madrid en la Diada de Catalunya, el 11 de septiembre de 2013, y a otro que estuvo en prisión por tenencia de explosivos. 

Se trata de las candidaturas de Democracia Nacional y de la coalición «La España en marcha» que agrupa a La Falange, Alianza Nacional y el Movimiento Católico Español. Así, en la lista de «La España en Marcha» (LEM) aparecen cinco de los detenidos tras aquel asalto ultra: Javier Marcos Aroca en el sexto puesto, Víctor Diego Villalba (número 8), Jesús Pernando Fernández Gil (28), José Alejandro García Sancho (47) y Manuel Andrino Lobo (54). 

En esa candidatura también figuran Javier Ochoa Escobar, en el puesto 16, y Pedro Pablo Peña Muñoz, presidente de Alianza Nacional, en el 53, ambos encarcelados en 2006 por tenencia de material explosivo supuestamente destinado a cometer atentados en el País vasco. 

La candidatura de la coalición ultra, la número 33 de las registradas ante la Junta Electoral Central, está encabezada por Jesús Muñoz Martínez e Ignacio Ruiz-Larrea Aranda. Por su parte, en la lista de Democracia Nacional aparecen Pedro Chaparro Velacoracho, en el quinto puesto, y Paula Mijares, en el octavo, ambos también detenidos por los incidentes ocurridos en septiembre de 2013 en el centro cultural de la Generalitat en Madrid. 

La candidatura de esta formación ultraderechista la encabeza el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y tertuliano de televisión Luis Zapater Espí, que formó parte de otro frustrado proyecto 'nacional' denominado Soluciona.

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