15 de enero de 2014

Estimada Mª José ... recuerda que aunque a veces hay malas experiencias, nunca debes retroceder ni rendirte, quien persevera alcanza.
Joan Busquets i Verges. Exmaqui libertario del Berguedá 28/12/2013
"Muero contento, porque equivocado o no, muero por una idea" Manuel Barreiro dos días antes de ser fusilado 12/3/1939

viernes, 27 de enero de 2012

Un antiguo fascista al frente de la Guardia Civil

Por Ernesto Gutiérrez -Redacción Canarias Semanal 23 de enero de 2012
Durante la Transición patrullaba las calles del Ferrol con otros ultraderechistas a la búsqueda de "rojos"
Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, parlamentario ferrolano del PP y hombre de confianza de Mariano Rajoy, ha visto recompensada esta fidelidad al actual presidente del Gobierno con su nombramiento como nuevo director general de la Guardia Civil.  En los últimos días del pasado 2011, cuando el nombramiento estaba a punto de hacerse público, la prensa gallega recogía la noticia realizando una edulcorada semblanza de Fernández de Mesa.  La Voz de Galicia, por ejemplo, destacaba que "está en posesión de la Gran Cruz del Mérito Naval" y aseguraba que se trata de "una persona de carácter dialogante, profundamente católico, apasionado del mar y más partidario de lograr acuerdos que de imponer sus posturas".  La reseña biográfica se completaba con una breve alusión a su trabajo como funcionario del Estado, concejal del Ayuntamiento de Ferrol, Diputado del PP en cuatro legislaturas y delegado del Gobierno en Galicia durante la crisis del Prestige.  Cualquier lector de la nota informativa podía extraer la conclusión de que el hombre situado al frente del Instituto Armado era un ciudadano de trayectoria ejemplar de acuerdo a los cánones de la ideología dominante en nuestra sociedad.  El pasado de Arsenio Fernández, sin embargo, es bien diferente.

CACHORRO "ULTRA" DURANTE LA TRANSICIÓN
Uno de los medios digitales de la órbita del PSOE, El Plural.com, se encargaba de airear el pasado fascista de quien, a partir de ahora, dirigirá la Guardia Civil.  Pero el testimonio sobre estos antecedentes políticos de Fernández de Mesa lo ofrecen algunos de los que fueron sus compañeros en el Instituto Concepción Arenal de El Ferrol, allá por los años 70.  Según estos testimonios -recogidos por el citado medio digital - el director general de la institución armada fue uno de aquellos cachorros ultraderechistas que se dedicaban a sembrar el terror por las calles del Estado español con la connivencia de la policía.  Hoy, los ex alumnos del Concepción Arenal recuerdan como el hombre "más partidario de llegar a acuerdos que de imponer sus posturas" se reunía en el patio exterior del instituto con otros cabecillas de los grupos ultraderechistas para presumir de sus hazañas y planear nuevas correrías.  De acuerdo a la información recogida por El Plural, los jóvenes fascistas "repasaban actividades que habían protagonizado durante el fin de semana y preparar las que protagonizarían".  Esas actividades consistían, básicamente, en salir a buscar a los "rojos" que en aquellos años luchaban en las calles contra los últimos coletazos de la dictadura franquista.

Durante los fines de semana el actual director general de la Guardia Civil y sus "camaradas" patrullaban las calles de la ciudad gallega, las discotecas y las zonas de reunión de los jóvenes ferrolanos, de la misma forma que hoy hacen los grupos de skinheads que agreden salvajemente a inmigrantes, izquierdistas, homosexuales o transeúntes cuyo aspecto desaprueban.  Y Arsenio Fernández, al que todos conocían como "Cuco", era -según cuentan- un "joven que destacaba por sus modos".

DEFENSOR DEL HONOR DE FRANCO
El Plural.com recuerda -asimismo - el episodio coprotagonizado por Arsenio Fernández en 1977.  En esa fecha, el alcalde de Cedeira - una localidad cercana a El Ferrol- decidió construir un monolito en honor a Francisco Franco . Ante la oposición popular que generó esta decisión el primer edil no tuvo dudas sobre a quién recurrir para defender la figura del dictador recientemente desaparecido.  El día de la inauguración del monolito, que corrió a cargo del ministro de la dictadura Fernández de la Mora, el alcalde llamó a los jóvenes cachorros franquistas de El Ferrol.  El acto acabó dando lugar a un violento enfrentamiento entre los demócratas del pueblo y las huestes fascistas.

LA FULGURANTE CARRERA DE UN DIRECTOR GENERAL POCO APLICADO
El padre de Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río fue un Ingeniero de Obras Públicas muy adicto al régimen franquista.  El flamante director de la Guardia Civil, no obstante, según las informaciones recogidas por El Plural, no heredó de su progenitor el gusto por el estudio y el trabajo.  Al parecer, su aprovechamiento académico en el instituto de enseñanzas medias en el que organizaba su "actividad" política juvenil fue más bien escaso.  Por ello, tuvo que recurrir a la ayuda familiar para insertarse en el mundo laboral.  De acuerdo a su biografía oficial, reproducida por la mayoría de los medios, Fernández de Mesa es funcionario del Estado en excedencia. Esta condición la adquirió en 1979, cuando entró a trabajar en el Ayuntamiento de el Ferrol como auxiliar de jardinería.  Fue su propio padre, quien ya era funcionario del Ayuntamiento - afirma el Plural.com - "el que lo ayudó a abrir esa puerta, la más baja del funcionariado; eso sí, por oposición, aunque tal y como eran las oposiciones en aquel tiempo...". Pero Arsenio Fernández de Mesa - al que sus conocidos de entonces recuerdan como a un "joven díscolo" - no permaneció demasiado tiempo en ese puesto.  Dejando esa primera ocupación, logró que lo emplearan como encargado de una empresa británica que se dedicaba a pintar buques.  La International Marine Coatings.  Permaneció en este cargo hasta que en 1988, quizá dando con su verdadera vocación, pasó a dedicarse de lleno a la actividad política como concejal de El Ferrol.

Como principal razón de su meteórico ascenso en la carrera política El Plural apunta al apoyo que Arsenio Fernández obtuvo de dos influyentes familias de la burguesía gallega.  Los Suevos y los González Aller, uno de cuyos miembros llegó a ser edecán del Rey.  Con estos poderosos padrinos Arsenio Fernández de Mesa se vio impulsado en las filas populares hasta llegar a diputado en el Congreso.  Posteriormente sería designado Delegado del Gobierno en Galicia con Rajoy de ministro de la Presidencia, coincidiendo en este puesto con el accidente del Prestige y siendo corresponsable, por tanto, de la desastrosa actuación del Gobierno de José María Aznar.

Pese a su meteórico ascenso cuentan que Fernández de Mesa no ha visto satisfecha su ambición personal con su nombramiento como director general de la Guardia Civil.  Y, según las informaciones suministradas por El Plural, sus valedores de la familia González-Aller y otros círculos influyentes del 'PP gallego' estuvieron presionando hasta el último momento a Mariano Rajoy para que lo designase ministro de Defensa.  Un objetivo al que "Cuco", al parecer, aún no ha renunciado.

jueves, 26 de enero de 2012

El fiscal: "No he visto nada igual en 36 años de carrera"


El abogado de Garzón pide la nulidad del juicio por investigar los crímenes del franquismo y la Fiscalía ve "insostenible" la acuación del juez instructor del caso, Luciano Varela
PUBLICO.ES / AGENCIAS Madrid 24/01/2012 
"No he visto nada igual en 36 años de carrera". Con esta contundente frase del fiscal puede resumirse la primera sesión del juicio contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, que comenzó este martes en el Tribunal Supremo.
La jornada se dedicó al trámite de las cuestiones previas. La defensa del juez, ejercida por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, solicitó la anulación de todo el procedimiento por ser aplicable a este caso la denominada doctrina Botín, que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa en la Fiscalía no presenta acusación alguna.
La aplicación de esta doctrina —llamada así por haber sido instaurada en el denominado "caso de las cesiones de crédito", en el que estaba imputado el presidente del Banco Santander— se justificaría, según el abogado de Garzón, en el hecho de que en este caso el juez suspendido se sienta en el banquillo con la única acusación del sindicato ultra Manos Limpias y la asociación de corte ultraconservador Libertad e Identidad, sin que hayan presentado cargos contra él ni el Ministerio Público, ni ninguna parte directamente perjudicada por sus actuaciones.
La Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa y sostuvo que la actuación del magistrado del Tribunal Supremo que la instruyó, Luciano Varela, fue "absolutamente insólita e insostenible". Solicitó también la aplicación de la doctrina Botín.

Críticas a Varela 

"No he visto nada igual en 36 años de carrera", afirmó el fiscal Luis Navajas en referencia a la providencia en la que, en abril de 2010, Varela dio una "segunda oportunidad" al sindicato ultraderechista Manos Limpias para que subsanara los defectos advertidos en su escrito de acusación, orientándole además sobre cómo hacerlo. Según el fiscal, el magistrado instructor "devolvió el toro a los toriles porque el morlaco (...) no estaba bien presentado para torearse en una plaza de primera", y lo hizo pese a que la ley no se lo permite.

La providencia, añadió Navajas, "transmuta un escrito de acusación que por sí mismo no se salvaba, y el juez colabora y coadyuva a reconstruir lo absolutamente irreconstruible".

Aunque la decisión del instructor fue inmediatamente recurrida por Garzón, la sala de lo penal avaló a Varela, según el fiscal "con cierto sarcasmo", ya que su argumento fue que las correcciones iban en beneficio del derecho de defensa. "La única resolución que no hubiese lesionado los intereses del imputado era la exclusión de la acusación y la extinción de la causa", sostuvo Navajas. 

El representante de la Fiscalía explicó que fue ese aval dado a Varela por la sala lo que decidió al Ministerio Público a respaldar la recusación planteada por Garzón contra los magistrados que firmaron ese auto. Se trataba, añadió, de apartarlos del juicio "para evitar el bochornoso espectáculo para el Supremo de que un tribunal internacional de derechos humanos dijera luego que se habían vulnerado los derechos del acusado". "Gracias a Dios, la sala del 61 (que aceptó las recusaciones) nos respaldó", concluyó Navajas.
Ese argumento también fue esgrimido por la defensa. El abogado de Garzón planteó también la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas por el instructor del caso, el magistrado Luciano Varela, desde el 20 abril de 2010, que fue la fecha en la que se dio la oportunidad a las acusaciones, que en principio eran Manos Limpias y Falange —posteriormente expulsada del procedimiento—, de subsanar determinados defectos que presentaban sus escritos de acusación.
Según Martínez Fresneda, ninguno de los escritos presentados inicialmente por los acusadores cumplía las exigencias legales mínimas, por lo que ambas partes deberían haber sido dadas por "decaídas" y el procedimiento archivado. No obstante, Varela "optó por hacer todo lo contrario", concederles trámite para presentar otro escrito, e incluso en el caso de Manos Limpias le indicó cuál debía ser el contenido concreto del mismo.

"Un corta y pega lleno de erratas"

Según explicó el abogado de Garzón, el escrito de acusación presentado por el sindicato terminó siendo una mera copia de los argumentos incriminatorios de un auto anterior del propio Varela, incluyendo incluso algún "gazapo" que el instructor había dejado caer en su resolución, según esta parte.
"Fue un corta y pega, ni siquiera se tomaron las molestias de corregir las erratas", manifestó Martínez Fresneda ante la Sala de lo Penal, para añadir que los efectos de estas decisiones fueron "devastadores" para su cliente, que fue suspendido cautelarmente en sus funciones. En este punto, el abogado de Garzón aludió al caso Nani, en el que la acusación popular se retrasó un día en dictar su escrito de acusación, por la que el tribunal encargado del caso la dio por decaída.
Cuando el Tribunal Constitucional revisó el asunto señaló que no cabía "indefensión" porque el error, en este caso, no fue culpa del tribunal. Martínez-Fresneda cree que este precedente también puede aplicarse a este caso.
Finalmente, el abogado del juez central de Instrucción número 5 denunció la vulneración de los derechos fundamentales de su cliente por la decisión del Supremo de rechazar más de la mitad de los testigos solicitados para arbitrar su defensa en este juicio. Apuntó que tres de los testigos citados por esta parte no podrán acudir por haber fallecido uno de ellos y por problemas familiares y de salud otros dos, por lo que solicitó su sustitución por otras personas pertenecientes también a asociaciones de desaparecidos por el franquismo que denunciaron estos hechos ante el juez.
En su escrito de acusación, Manos Limpias sostiene que en todas sus actuaciones, Garzón "era perfectamente consciente de su incompetencia; de la retroactividad sancionadora que adoptaba; de la prescripción de los delitos que perseguía; del fallecimiento de víctimas y autores; de la creación de una causa general en contra de los principios de legalidad, culpabilidad y personalidad; de la inaplicación del derecho consuetudinario internacional, y de la infracción en suma de los más elementales criterios de legalidad".

La acusación recusa a Perfecto Andrés Ibáñez

El abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, insistió durante su turno de exposición de cuestiones previas en la recusación del miembro de la Sala, Perfecto Andrés Ibáñez, que consideran carece de imparcialidad necesaria por dirigir una publicación en la que se tildó a esta parte de "plataforma de la ultraderecha". La Sala ya rechazó esta petición sin necesidad de elevar el asunto a la Sala del 61, y esta misma mañana había inadmitido el recurso de súplica presentado por esta parte contra su decisión inicial.
Una vez se solventen hoy las cuestiones previas, y si la Sala no las acepta y no anula la vista, el juicio podría reactivarse el próximo 31 de enero, que será cuando previsiblemente se interrogue al juez de la Audiencia Nacional, que fue suspendido cautelarmente en sus funciones en mayo de 2010. Las sesiones seguirán hasta mediados de febrero. La Fiscalía no presenta acusación y solicita la libre absolución de Garzón.
La acusación por contra pide al Supremo que imponga a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acusación popular.  

martes, 24 de enero de 2012

35 Aniversario del crimen de los Abogados de Atocha

Un comando ultraderechista penetró en un despacho de abogados en derecho laboral de Comisiones Obreras (CC OO) y militantes del Partido Comunista de España (PCE), situado en el número 55 de la calle de Atocha, abriendo fuego contra los allí presentes, matando a cinco personas y dejando cuatro heridos. El Tribunal que dictó sentencia el 4 de marzo de 1980 consideró que los procesados Francisco Albadalejo (secretario del Sindicato Vertical del Transporte Privado de Madrid y vinculado a FE de las JONS), José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Leocadio Jiménez Caravaca constituían un;

"...grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España".

El fallo condenó a José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a un total de 193 años a cada uno de ellos, y a Francisco Albadalejo, a un total de 73 años.

El periódico italiano Il Messaggero indicó en marzo de 1984 que neofascistas italianos habían participado en la matanza, algo que fue probado en 1990, cuando un informe oficial italiano relató que Carlo Cicuttini, un neofascista italiano próximo a la organización Gladio (una red clandestina anti-comunista dirigida por la CIA), había participado en la matanza. Cicuttini había escapado a España donde adquirió la nacionalidad española, después del atentado de Peteano de 1972, hecho con Vincenzo Vinciguerra.

En la actualidad hasta en 23 pueblos de la Comunidad de Madrid, existen calles y plazas, recordando a las víctimas de Atocha del número 55.

Los terroristas, al parecer, iban en busca del dirigente comunista Joaquín Navarro Estevan, dirigente del Sindicato de Transportes de CCOO en Madrid, convocante de unas huelgas anteriores que, en buena medida, desarticularon a la que llamaban mafia franquista del transporte. Al no encontrarle, ya que había salido un poco antes, decidieron matar a los presentes, concretamente dos jóvenes con armas de fuego, después de llamar al timbre del piso entre las 22:30 y 22:45 horas. Con ellos iba una tercera persona, encargada de cortar los cables del teléfono y registrar los despachos. En la misma noche, personas desconocidas asaltaron también un despacho del sindicato UGT, que se hallaba vacío.

Legalización del PCE
El PCE seguía siendo ilegal. El secretario general del partido comunista, Santiago Carrillo, había regresado del exilio en febrero de 1976 clandestinamente. Sin embargo hizo acto de presencia para forzar el reconocimiento y legalización del PCE.En los dos días anteriores habían muerto otras dos personas relacionadas con movimientos de izquierdas, una a manos de la misma Triple A y otra por un bote de humo lanzado por la policía a corta distancia durante una manifestación en protesta por la muerte del primero. Debido a todo ello, se temía una reacción violenta que ayudase a desestabilizar aún más la transición política.

Al entierro asistieron más de cien mil personas, la primera manifestación multitudinaria de la izquierda después de la muerte del dictador Franco, y transcurrió sin incidentes. Le siguieron importantes huelgas y muestras de solidaridad en todo el país, además de un paro nacional de trabajadores el día después del atentado. En estas muestras de fuerza se da la paradoja que las fuerzas de seguridad incluso protegen a los miembros de un partido ilegalizado, contribuyendo en buena medida, incluso algunos lo consideran como el momento decisivo, para la legalización del partido después. En abril, tres meses después, la legalización se oficializa durante el día conocido como Sábado Santo Rojo, por ser durante el sábado de la Semana Santa, festividad católica para así aprovechar y mitigar parte de la oposición política y militar en vacaciones. En febrero el gobierno de Adolfo Suárez ya había comenzado a legalizar otros partidos como el PSOE o el PNV.

La Matanza de Atocha es quizás el clímax o el momento más grave de los distintos sucesos violentos que van sucediéndose, poniendo en peligro un cambio político y social en el país, con atentados del grupo terrorista vasco ETA (responsable de 28 muertos en 1977), el maoísta GRAPO (en el mismo mes responsable de la muerte de dos guardia civil y un policía nacional) o por ejemplo de otras organizaciones como el Movimiento Para la Autonomía e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC). En junio se convocan las primeras elecciones generales democráticas posteriores a la dictadura franquista, en un ambiente de gran efervescencia o inquietud social y político que a muchos les recordó la proclamación de la Segunda República en 1931.



domingo, 22 de enero de 2012

300 presos del franquismo buscan en Argentina la anulación de sus juicios

"Queremos pedir allí la justicia que aquí se nos niega" explica uno de los impulsores de La Comuna
Los miembros de La Comuna piden la derogación de la Ley de Amnistia

El País 21-1-12 Charo Nogueira / Madrid
“Contra la impunidad del franquismo”, reza la pancarta. La colocan tres hombres canosos en el escenario del instituto de secundaria Lope de Vega. Es la puesta de largo de la asociación La Comuna, integrada por opositores encarcelados desde los años sesenta hasta 1977. Agrupa a cerca de 300 personas que pertenecieron a organizaciones de izquierda —Liga Comunista Revolucionaria, ETA VI Asamblea, Partido del Trabajo de España, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, y diversos partidos comunistas, incluido algún militante del PCE—. Una mezcla de viejos trotskistas, marxistas-leninistas, maoístas, anarquistas... que colmaba ayer en Madrid un salón de actos escolar para emprender la batalla contra el “punto final” que supuso la Ley de Amnistía de 1977 y el “desamparo” en que les deja la Ley de Memoria Histórica de 2007.
Los “represaliados” —como los define desde la tribuna Manuel Blanco Chivite, militante del FRAP condenado a muerte en 1975— tienen más esperanzas en la justicia argentina que en la española. De ahí que se apresten a reunir papeles para hacérselos llegar a la juez que, amparada en la justicia universal, investiga en Buenos Aires la represión franquista desde 1939 hasta junio de 1977. “Queremos pedir allí la justicia que aquí se nos niega”, explica uno de los impulsores de La Comuna, José María, Chato, Galante, ex dirigente de la LCR.
“Hemos estado en la cárcel por luchar contra Franco. Reivindicamos una época que no aparece, porque da la sensación de que la represión acabó a comienzos de los años sesenta y no fue así. Entonces fue cuando empezó el Tribunal de Orden Público”, detalla Galante a EL PAÍS. El TOP juzgó a 8.943 personas por delitos políticos. El 78% resultaron condenados a un total de 10.146 años, 18.870 meses y 4.758 días de condena, pero hubo unos 50.000 afectados si se suman los detenidos e investigados, enumera en rápido inventario.
Este tribunal juzgó los delitos políticos —incluidas las injurias contra el jefe del Estado, que llegaron a costar 10 años de cárcel— entre 1963 y 1977. Sustituyó a los consejos de guerra militares, limitados desde entonces a casos considerados como terrorismo y pródigos en penas de muerte. Muertes hubo también sin tribunal mediante: 214 a manos del aparato del Estado y de la ultraderecha entre 1962 y 1981, según el recuento de La Comuna —lleva este nombre en recuerdo de las comunas que organizaban los presos políticos para compartir, sobre todo comida y libros, en las cárceles de la dictadura—. “En España ha habido  terrorismo institucional y de Estado, no solo de ETA”, concreta ante el auditorio Víctor Díaz Cardiel, del PCE.
Un bagaje de lucha y represión que quieren airear frente a las polillas de la historia. “Debe formar parte de la recuperación de la memoria histórica. Somos víctimas que hemos desaparecido porque no se ha querido señalar a los verdugos. Ni siquiera se sabe cuánta gente pasó por la cárcel por oponerse a la dictadura”, plantea Galante. “Tan luchadores contra Franco somos nosotros como lo fueron los del maquis, pero mientras estos son ahora héroes, a otros todavía les llaman terroristas”, tercia en la conversación Josefa Martínez Sereno, obrera presa casi un año en Yeserías por pertenecer al FRAP. Una mujer, abuela ya, que al pedir el pasaporte hace seis años se encontró todavía “con una vieja orden de búsqueda y captura”.

Además de una investigación a fondo sobre la represión de la época, los miembros de La Comuna piden la derogación de la Ley de Amnistía, que puso a muchos de ellos en la calle. Acabar con aquella ley “de punto final”: esa sería la puerta para conseguir la anulación de sus juicios —la Ley de Memoria Histórica solo los declara “ilegítimos”— y, de paso, la persecución de los culpables de la represión franquista, plantean en La Comuna. Porque defienden que lo de aquella época fueron crímenes contra la humanidad, que no prescriben,  y quieren ver a sus responsables ante la justicia, aunque fuera en Argentina. “Me gustaría ver en el banquillo a Billy el niño [el policía Antonio González Pacheco], pero dudo que lo consiga”, tercia Martínez. “A mí me torturó”, lanza Ángela Gutiérrez Suárez, funcionaria y antes obrera trotskista presa varias veces.
Ese verbo abre un silencio, una tenaza que solo aflojará cuando el grupo que conversa con este diario haya menguado: entonces vuelve aquel policía de Vitoria —luego víctima reconocida del terrorismo de ETA— que se llevaba un grifo de su casa para introducir el dedo del detenido en él e ir apretando en busca de una confesión; la barra de la DGS en la que se golpeaba a los detenidos, los monos mojados “estilo Guantánamo”, el “sadismo”...
“Las torturas no se pueden pagar. Ni los años de cárcel, pero hay medidas para reparar a un inocente al que se ha metido en prisión. Como mínimo, tendríamos que tener derecho a eso”, apunta Sabin Arana, militante en la primera ETA y luego de la VI Asamblea —trotskista—, preso durante nueve años. Miembro de La Comuna, también forma parte de otra asociación similar en Euskadi, Goldatu (Remover), que abarca hasta la Transición.
La derogación de la Ley de Amnistía daría paso al derecho a una reparación pública, defienden en La Comuna. Pocos de sus miembros la han conseguido: eran demasiado jóvenes, según la normativa de reparación aprobada hasta ahora para los expresos políticos. Víctor Díaz Cardiel, de 77 años, sí lo logró: 6.000 euros por sus ocho años de cárcel. “Y el 40% se lo llevó Hacienda”, apostilla con ironía este veterano del PCE.

Ha muerto Fraga, pero quedan más

Ahaztuak 1936-1977 (Víctimas del golpe de estado, de la represión y del régimen franquista), por Marcelo Alvarez - 18 de Enero de 2012 noticiasdegipuzkoa.com

Desde Ahaztuak 1936-1977 (Víctimas del golpe de estado, de la represión o del régimen franquista) y ante la muerte de Manuel Fraga Iribarne, uno de los responsables políticos más conocidos del regimen fascista del general golpista Francisco Franco, queremos señalar en primer lugar que lo único que lamentamos de su fallecimiento es que la naturaleza nos haya arrebatado definitivamente a las víctimas del régimen franquista la posibilidad de llevarle ante los tribunales para responder, con base en la aplicación de la legislación internacional, por sus responsabilidades políticas durante dicho régimen. Responsabilidades concretas por su papel en crímenes como el asesinato del comunista Julián Grimau, fusilado en 1962, de la brutal represión de las huelgas mineras de 1962 en Asturias con decenas de torturados, del asesinato de los anarquistas Delgado y Granado, agarrotados en 1963, del asesinato del anarquista Salvador Puig Antich, agarrotado en 1974, del asesinato de los cinco obreros de Gasteiz en 1976, del de Vicente Antón Ferrero ese mismo año...
En segundo lugar, queremos resaltar que no ha sido solamente el lógico agotamiento de sus funciones vitales con el transcurso de los años el que ha permitido a Manuel Fraga eludir sus responsabilidades penales sobre los hechos comentados y otros muchos, sino la voluntad de permitirle hacerlo por parte de la práctica totalidad de instituciones, partidos políticos, sindicatos y representantes politicos de derecha e izquierda, mantenida hasta el mísmo día de su muerte, algo por lo que este hombre ha sido el icono más representativo del modelo de impunidad español para con los crímenes y criminales del régimen franquista. Por ello hemos de subrayar tambien que el día en que el modelo de impunidad español sea sentado en el banquillo para ser juzgado basándose en la legislación internacional contra los crímenes cometidos por un régimen fascista, no solamente habrán de ser juzgados los responsables de los crímenes franquistas sino tambien todos los que han hecho posible su impunidad, los que han construido, defendido y permitido desde 1977 hasta la actualidad dicha impunidad.
En tercer lugar y de la mano de lo anterior, volver a señalar lo vergonzante y una vez más esclarecedor de instituciones, formaciones políticas y sindicatos que no ahorran loas a Manuel Fraga y a su papel de democráta, cuando no lo ha sido nunca, si acaso un fascista que con algunas habilidades políticas propias y más complicidades ajenas -las de los que hoy le alaban entre ellas- supo cumplir con lo que los intereses profundos defendidos por el régimen franquista demandaron en cada momento, que todo estuviera atado y bien atado. En este sentido son de resaltar los encendidos elogios de la UGT y los tres días de luto decretados por la Xunta de Galicia en memoria de alguien que como este hombre fue durante años miembro de la élite dirigente y estratega de un régimen golpista, de ideología fascista, sustentado en la represión y la fuerza de las armas, y que llenó las cunetas de Galiza y de todo el Estado de cadáveres, las cárceles de presos, las calles de aterrorizados... muchos de ellos socialistas y miembros precisamente de la UGT.
Por último, señalar que Manuel Fraga no es ni el último eslabón del régimen franquista como dicen algunos medios ni el último responsable franquista vivo, como dicen otros. Entendemos que les puede resultar tentador intentar contentarnos y engañarnos con este señuelo ya muerto pero, al igual que cuando estaba vivo, sabemos que Manuel Fraga -por mucho que fuera el primero de esa cadena de mando que conlleva cada una de la decisiones represivas del régimen franquista y cada uno de sus crímenes- solo es, era, uno de ellos y que aún hay muchos más, comenzando por decir alguien por Rodolfo Martín Villa, otro ministro franquista aún vivo, y siguiendo por los responsables politicos de la Falange, los gobernadores civiles, los jefes de los cuerpos represivos, los miembros de estos cuerpos involucrados en los crimenes... y el propio jefe de Estado actual designado por Francisco Franco para servir a los mismos Principios del Movimiento y a los mismos intereses que propiciaron tanto el golpe fascista del 18 de julio de 1936, como la dictadura posterior y el modelo de impunidad -elemento clave de la continuidad de esos intereses y de su dominación- diseñado con la Transición y continuado hasta el día de hoy, y a los que tambien y tan bien han servido todos ellos.

sábado, 21 de enero de 2012

El Gobierno Vasco también reparará a las víctimas colaterales de la violencia policial

La medida suple el vacío de la ley de memoria histórica para con estos damnificados
El Ejecutivo presentará de forma "inminente" el decreto que resarcirá a los damnificados entre 1968 y 1978
noticiasdegipuzkoa.com Txus Díez - Sábado, 21 de Enero de 2012 Donostia. 
El decreto que establecerá las medidas de reparación a los afectados por abusos policiales registrados entre 1968 y 1978, y que según explicaron ayer fuentes del Gobierno Vasco a este periódico se presentará de forma "inminente", ampliará la actual cobertura a las víctimas colaterales de estas vulneraciones de los derechos humanos.
El borrador del decreto "supera los límites de la Ley de Memoria Histórica", que solo resarce a quienes combatieron activamente el franquismo, según explicó ayer la portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro. Así, una persona fallecida mientras participaba en una manifestación tiene derecho a ser reparada, pero si en esa misma protesta alguien se asomaba a un balcón y recibía un disparo mortal se quedaba sin ningún tipo de reconocimiento. "¿Aplicamos ese baremo a las víctimas del terrorismo?", se preguntó Ezenarro.
Ahora, con el decreto ya en poder de los agentes implicados en la reparación a las víctimas policiales, el Gobierno espera recibir las alegaciones de los partidos. El texto ha sido acogido con interés por los partidos presentes en la ponencia de víctimas de motivación política, pero no es del agrado de algunas asociaciones de damnificados. Ayer Ahaztuak denunciaba que no recoge las aportaciones de las víctimas, que "excluye a muchas" de ellas y que no contempla "ninguna medida contra la impunidad de cargos políticos, policiales, judiciales y militares", según informó Europa Press.
El texto se dará a conocer en un acto oficial al que asistirá la consejera de Justicia, Idoia Mendia; la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu; y la redactora del texto, Manuela Carmena, abogada laboralista en los años de la Transición que ahora tiene ante sí la más complicada tarea de gestar el segundo decreto, el que establecerá los baremos para resarcir a las víctimas que sufrieron abusos policiales ya bajo el estado de derecho.
Hasta 1978, la postura de los grupos parlamentarios es favorable al reconocimiento, pero a partir de ahí, y cuanto más se avanza en el tiempo, surgen las diferencias. PP y UPyD entienden que condenar los abusos por parte de las fuerzas de seguridad en democracia supone equiparar a los terroristas con sus víctimas, mientras que el PSE considera que a partir de mediados de los ochenta no se puede vincular al Estado con vulneraciones de derechos humanos que estiman aisladas. En todo caso, la equiparación no será tal, al menos en lo económico, pues se prevé que las víctimas policiales cobren según los baremos de la Ley de Víctimas del Terrorismo de 1999, y no de la recién aprobada en 2011 en el Congreso.
"transición fallida" Por otro lado, Ezenarro aseguró que tras el viaje de la ponencia de víctimas policiales a Chile y Argentina, la propia Aralar, PNV y PSE han concluido que no se debe repetir "una transición fallida" como la que a su juicio se aplicó en el Estado en los años setenta. Los partidos, dijo, "hemos discutido mucho, pero coincidimos en que la memoria sólo se debe vincular a los derechos humanos". Ezenarro defiende que en esta materia se empiece a aplicar el "lenguaje universal" utilizado en procesos similares.

viernes, 20 de enero de 2012

Fraga, candidato fracasado en Madrid y ministro de Franco en Galicia

(Un artículo del periodista Gustavo Luca).- Insurgente.org 17-1-12
A Fraga lo echó, como jefe de la oposición en Madrid, su propio partido. Se le habían agotado todos los recursos: el insulto a los nacionalistas, contar chistes en las Cortes, aceptar entrevistas en programas de humor, renovar por edad lo que el llamaba “el gobierno en la sombra”. El voto no llegaba. "Es el mejor pero no le votan porque asusta", decía su equipo.
Fraga sabía la verdad: “no me niegan el voto a mi, se lo niegan a Franco”. Otros candidatos marcaban distancias con la Dictadura mientras el buscaba un "franquismo sociológico", algo parecido a un peronismo sin Perón. Solía repetir que acabarían llevando a Franco a los altares.
Una canonización que tal vez lo alcanzase a él mismo como al perro de San Roque: había sido voluntario en la masacre de Vitoria, en donde daba órdenes a la tropa desde el Gobierno Civil, mientras mantenía el engaño de que se encontraba en Bonn; defensor de la tortura y asesinato de Grimau, de las palizas a los huelguistas de Langreo y del corte de pelo al cero a sus mujeres; falsificador de un perfil de suicida para el estudiante Enrique Ruano, arrojado por la escalera por los guardias; ordenante de una paliza de madrugada, casi mortal, para José Antonio Novais, por el delito de ser corresponsal de Le Monde, amenazado por el poderoso ministro en vociferantes ruedas de prensa; dinamitador del diario “Madrid” y responsable de asedio y multas insoportables para 550 publicaciones.
Cuando alguien recordaba estas medallas, su gabinete protestaba: “Es cierto que su carácter le ha traicionado muchas veces, pero es honrado”. Habría que recordar con que generoso desprendimiento saldaron el Sáhara en los Acuerdos de Madrid. No una industria del INI cedida a un banco, no uno de aquellos fabulosos contratos del BOE franquista, sino un país entero. Fraga presidía la mesa de liquidación.
El Estado no le cabía en la cabeza, como aún repiten los suyos, sino en un fichero del CESID al que tenía acceso directo. Fraga creó un gobierno paralelo conectado a los servicios de información. Estaba mejor informado que el entorno de confianza de Franco. Aún asi, el Dictador lo utilizó y luego se lo entregó a las fieras del Opus Dei.
Después de Franco mantuvo su esta red de información, pero eso no le conseguía votos. Hasta el día en que a Romay Beccaría se le ocurrió buscarle un destinito en Galicia. Antes, cuando ya estaba quemado como candidato a la Moncloa, le habían ofrecido la Alcaldía de Madrid pero él disolvió el consejo con voces y lanzamiento de ceniceros.
Al gobierno de su partido, le dijo: “Voy a Galicia con una condición: exijo mayoria absoluta”. Una mayoria que el mismo consideraba inalcanzable para la Moncloa le parecia fácil en Galicia. Su plan consistía en preparar una saca de 850 votos de emigrantes en Venezuela que aplicados al exiliado censo de Ourense prometían los 4-5 escaños de seguridad sobre encuestas. De hecho, Fernando González Laxe, candidato del PSOE, lo habrúa superado en votos de no haberse dado la trampa de Ourense. Cuevas garantizó a Fraga una campaña sin techo de gasto a cambio de la subvención de plantaciones de eucalipto y el bloqueo indefinido del Plan Forestal anunciado por el PSOE. Una pavorosa campaña de incendios cargaba de pólvora la campaña del ministro contra sus adversarios y extendía enormemente la especie ignífuga codiciada por la CEOE.
El voto anómalo de los emigrantes de Venezuela por Ourense en 1989. apareció colgado en la página del PP hasta que alguien del propio partido comprendió que era, más que un trofeo electoral atribuido al Jefe, el reconocimiento de un pucherazo.
Los fondos del FEDER facilitaron a Fraga sucesivas campañas millonarias con informativos y portadas comprados, transporte masivo de votantes de edad y nuevas sacas de voto emigrante. Un acta de diputado autonómico de la izquierda costaba cien veces más votos que un escaño del PP. Fraga no citó nunca en Galicia la palabra democracia. ¿Es que cabía esperar otro discurso de un ministro de Franco y de Arias Navarro que solía presumir de su biografía de fascista? La modernización propuesta a Galicia fue, de hecho una gran privatización con comisiones para el partido. El clientelismo de la Restauración fue reconstruido con prensa de una sola tendencia, contratas millonarias, deserción del parlamento autonómico. La recuperación del idioma propio de Galicia, objetivo central del Estatuto de Autonomía, se fue convirtiendo en una caza de brujas de los profesores galego-falantes.
Hoy Galicia tiene el indice de paro y emigración juvenil más alto de la UE. La población es la más envejecida del mundo. El nivel de asistencia sanitaria pública y las pensiones, son las más bajas de todo el Estado. Los medios de comunicación privados y los del Gobierno Autonómico están al servicio del Partido Popular. En un año cerraron todos los medios escritos de información diaria en Galego: tres periódicos y tres sitios electrónicos.

miércoles, 18 de enero de 2012

Minuto de silencio por las víctimas del franquismo en la Complutense

Más de un centenar de estudiantes han denunciado que Fraga fue participe de las muertes de estudiantes y trabajadores antifranquistas

Público.es Madrid 17-1-12
Con motivo de la muerte de Fraga estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid han celebrado un acto por la memoria de las víctimas de la lucha antifranquista.

Recordando, entre otros, los asesinatos de Enrique Ruano y de los cinco trabajadores de Vitoria, más de un centenar de personas han asistido al acto, en el que se ha leído un comunicado y se ha pedido un minuto de  silencio, en memoria y homenaje de los luchadores antifranquistas. El acto ha terminado entre aplausos y consignas por la democracia y la memoria histórica.

Los estudiantes han denunciado que "Fraga fue partícipe activo de estos crímenes y propagandista del régimen desde los ministerios de Información y Turismo y Gobernación" y sin embargo es recordado oficialmente como "Padre de la Constitución". Han añadido que "sólo en España un ministro de la dictadura puede ser recordado como uno de los artífices de la democracia". 

Manuel Fraga también fue profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, donde, según los organizadores del acto, "dejó de dar clases por la presión de los alumnos, luchadores antifranquistas a los que sí les debemos el fin de la dictadura".

En la pancarta que portaban los jóvenes podía leerse "Muere impune Manuel Fraga: Ministro franquista, responsable del asesinato de trabajadores y estudiantes. Que cada cual llore sus muertos".

Después del acto, los estudiantes han dicho que "sólo queda recordar a todos aquellos quienes dieron su vida por la democracia, la libertad y la justicia, y por ellos, continuar la lucha".

Nacionalistas vascos y catalanes huyen del coro laudatorio a Fraga


Anasagasti dice que ha muerto un franquista y las juventudes de ERC lamentan que no haya sido juzgado
Deia.com - J. Núñez - Martes, 17 de Enero de 2012 
Bilbao. La muerte de Manuel Fraga ha originado un coro laudatorio hacia su persona en el que, principalmente, la voz cantante la han llevado los miembros del PP, partido que fundó el finado, y donde han hecho el acompañamiento desde el PSOE. Sin embargo, no todo ha sido reconocimiento y parabienes para con la figura de quien fuese ministro de la Gobernación en los duros meses que sucedieron a la muerte del dictador Franco. Nacionalistas vascos y catalanes, especialmente, no se han sumado a ese coro que ayer resaltaba la figura política de Fraga.
El senador del PNV Iñaki Anasagasti señaló en su blog que "ha muerto un franquista" al que calificó como "manipulador de lo vasco". El dirigente jeltzale mostró su respeto por la "desaparición de un ser humano", pero lamentó que Fraga no hubiera tenido el mismo respeto por "Enrique Ruano, Julián Grimau y tantos muertos bajo un franquismo brutal del que fue ministro y propagandista". Más adelante, Iñaki Anasagasti señaló que "Fraga fue un auténtico manipulador de lo vasco que silenció toda la Guerra Civil y la posterior represión y jaleó cada una de las acciones de ETA con el cometido de decir que venía el lobo y los desastres anteriores a los 25 años de paz de Franco".
El recién reelegido presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Iñigo Urkullu, también se refirió ayer a la muerte de Manuel Fraga en la entrevista que le realizaron en Onda Vasca. El burukide señaló que "en cuanto a la muerte de Fraga me sitúo más en el plano humano, en la condolencia por la muerte de un ser humano. Pero de ahí a que junto a la condolencia por la muerte de un ser humano entremos en un laudatorio. Precisamente, los nacionalistas vascos no creo que estemos en el laudatorio de una persona como Manuel Fraga, no como político".
Desde Catalunya, las juventudes de ERC emitieron un comunicado en el que lamentaron que el fundador de Alianza Popular no hubiera sido juzgado: "Es una vergüenza que Fraga haya quedado impune por todos sus actos. Ministro de Franco, hombre fuerte de la dictadura que tantas muertes provocó y que descabezó las libertades sociales y nacionales de los Paisos Catalans, y responsable directo de crímenes de Estado".
El secretario general de ICV, Joan Herrera, por su parte, rechazó elogiar la figura de Fraga al considerar que no se le puede considerar un héroe si no condenó el franquismo. "Por respeto a la lucha antifranquista y a las víctimas de la dictadura, no entraremos en la exaltación de su figura, porque alguien que no la condenó no puede pasar por un héroe para la democracia", señaló.
Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, aseguró que "Manuel Fraga se va sin que su partido haya condenado el franquismo", al tiempo que recordó la figura de Julián Grimau.
En parecidos términos se expresó la Asociación de Víctimas del 3 de marzo. En un comunicado, este colectivo indicó que es una "mala noticia" que Fraga haya muerto sin haber sido juzgado "por su responsabilidad en la dictadura y en los crímenes franquistas". La Asociación aseguró, asimismo, que la "inmensa mayoría de la sociedad vasca ya ha juzgado para siempre a Fraga, lo ha condenado y lo ha situado como referencia del modelo de impunidad español".
La asociación Ahaztuak 1936-1977 de víctimas del franquismo también lamentó que el fallecimiento de Manuel Fraga haya "arrebatado" a las víctimas del franquismo la posibilidad de "llevarle ante los tribunales" para responder de sus "responsabilidades políticas". 


lunes, 16 de enero de 2012

La llamada de Juan Carlos Monedero a RNE para decir clarito quien era Fraga

Pancarta hoy en la Facultad de Cc.Políticas y Sociología de la UCM




Esta mañana del 16 de enero de 2012 un oyente llamado Juan Carlos Monedero ha llamado a Radio Nacional de España, cansado de escuchar alabanzas dedicadas al ex minitro franquista Manuel Fraga. Y lo ha dicho todo bien clarito.

Mi despedida al fascista

sábado, 14 de enero de 2012

La Fundación Yagüe pide en Estrasburgo reponer el monumento a un falangista

-Argumenta que 'se han vulnerado los derechos humanos'

-Solicita al Gobierno de Rajoy que derogue la Ley de la Memoria Histórica

Elmundo.es / Ical Soria 14/01/2012 La Fundación Yagüe ha pedido en el Tribunal Europeo de Estrasburgo la reposición del monumento al general del mismo nombre en su localidad natal de San Leonardo de Yagüe (Soria), por entender que la posición del Ayuntamiento de la localidad y la Ley de la Memoria Histórica "vulneran los derechos humanos".

En forma de demanda al Alto Tribunal europeo, la Fundación reclama que se declaren nulas las sentencias que hasta ahora han desestimado sus pretensiones de restaurar el monumento al general Yagüe en su pueblo de nacimiento.

Al respecto, sostiene que los tribunales nacionales no se han pronunciado sobre el fondo y añaden que su posición ha sido desoída por "supuestos defectos de forma procesales que presuntamente adolecían las demandas y recursos" presentados por la Fundación.

No sólo considera que esa forma de actuar "daña el derecho, sino que avanza la sospecha de que jueces y magistrados recurran a la cuestión de forma para evitar pronunciarse sobre temas polémicos y controvertidos y escapar de ser tachados de pertenecer a un bando político concreto".

Además, requiere al Tribunal europeo que se pronuncie sobre la Ley de la Memoria Histórica y estudie, en concreto, una posible vulneración de los Derechos Fundamentales recogidos en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, como el "elemental derecho a la libertad de expresión".

Por último, solicita de nuevo al Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe y a su alcalde que rectifique su postura e instaure el monumento al general y saluda la marcha del Gobierno del PSOE, si bien añade que reguirá con su reclamación ante el nuevo Ejecutivo para que derogue la Ley de la Memoria Histórica.


domingo, 8 de enero de 2012

Contra la impunidad de los que aprobaban fusilamientos en la Dictadura


Madrugada del 14 de Agosto de 1976 asesinado en Almería, 
Francisco Javier Verdejo por la Guardia Civil

Los tribunales argentinos cuestionan los acuerdos que garantizan la impunidad de los crímenes del franquismo

David Arrabalí Campos
Mundo Obrero
Rebelión 6/1/12
Hace unos días hemos conocido que la justicia Argentina investigará a Manuel Fraga, por haber formado parte del régimen franquista. El que fuera ministro de Información y Turismo (1962-1969) del Dictador Francisco Franco, a sus 90 años, deberá ver cómo su paso, del que nunca se ha retractado, por la dictadura se cuestiona desde un tribunal extranjero.

Así lo han pedido familiares de represaliados durante el franquismo y asociaciones para la recuperación de la memoria histórica a la jueza argentina María Servini, que está instruyendo una causa en ese país por los crímenes del franquismo bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar hechos de lesa humanidad ocurridos en otros países, tal como sucedió en España con represores argentinos.

La jueza federal María Servini libró un exhorto a España en el que solicitó nombres y domicilios de los integrantes del Consejo de Ministros y de los jefes de las fuerzas de seguridad que integraron el gobierno de facto del general Franco entre julio de 1936 y junio de 1977 y si se encuentran vivos, en el marco de esta investigación de crímenes relacionados con personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la represión franquista, el número de niños apropiados y las empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, entre otros datos, informaron fuentes judiciales.

Los tribunales argentinos cuestionan los acuerdos de la Transición española que garantizaron la impunidad de los crímenes del franquismo. Si las instituciones españolas respondieran a la petición efectuada desde el país latinoamericano tendrían que aportar información, entre otros, sobre el ex ministro franquista, fundador y presidente honorífico del PP Manuel Fraga, muñidor informativo del asesinato de Julián Grimau, o Rodolfo Martín Villa, responsable político de la muerte de activistas demócratas durante la llamada transición pacífica a la democracia y ex presidente de Sogecable.

Cuando hace unos años se presentó una propuesta en la comisión constitucional del senado en la que se pedía al Gobierno la rehabilitación ciudadana y democrática de la figura de Julián Grimau, víctima de la represión franquista, Manuel Fraga y todo el Grupo Popular se opusieron a la iniciativa, aprobada con los votos de los demás grupos políticos. El líder de la oposición antifranquista Julián Grimau, dirigente del Partido Comunista de España, fue torturado en la Dirección General de Seguridad donde intentaron asesinarle tirándole por la ventana tras su detención en 1962, luego fue juzgado por un tribunal militar sin las más mínimas garantías en un consejo de guerra por rebelión militar, unas horas después fue condenado a muerte.

El ministerio de Información desarrolló una intensa campaña de propaganda para contrarrestar la reacción internacional ante estos hechos tratando de identificar a Julián Grimau como un criminal. El ministro de Información era Manuel Fraga, que cuando desde las gradas del senado se le decía que pidiera perdón, no intervino en el debate, permaneció sentado en su asiento sin mover un músculo cuando él avaló aquel asesinato, ya que formaba parte del Consejo de Ministros presidido por Franco que no atendió ni la llamada del Papa. Fraga había dicho que justificaba el fusilamiento de Grimau al que tachó de sanguinario asesino.

Estos funcionarios, policías torturadores o ministros, se beneficiaron de la Ley de Amnistía aprobada en junio de 1977. Una auténtica Ley de punto final que garantizó su impunidad y cuyo contenido político sólo puede comprenderse recordando aquel célebre atado y bien atado con el que Franco tranquilizó a sus seguidores en los últimos días de su vida.

En los años finales de la Dictadura se produjo una escalaba brutal de la represión que coincidía con un ciclo de luchas de la oposición antifranquista, organizada y dirigida principalmente por los sindicatos clandestinos y el Partido Comunista de España todavía ilegal. En unas condiciones muy difíciles de persecución, estos movimientos políticos encabezaban las luchas obreras, el movimiento estudiantil y las movilizaciones vecinales.

Este ciclo arranca aproximadamente con la designación en 1969 de Juan Carlos de Borbón como sucesor del general Franco. Ese mismo año es detenido Enrique Ruano al que habían visto repartir en la calle propaganda de Comisiones Obreras, según la versión oficial se arrojó desde un séptimo piso. Los policías, hoy comisarios, no fueron juzgados por asesinado hasta 1997, le pegaron un tiro y luego lo tiraron por la ventana, y fueron absueltos por el tribunal supremo. En julio de 1970, mueren por disparos de la policía los albañiles Antonio Huertas Remigio, Cristóbal Ibáñez y Manuel Sánchez Mesa durante una manifestación organizada por Comisiones Obreras. Ese mismo mes el gobierno militariza el metro de Madrid tras el éxito de los huelguistas. En septiembre la huelga de la construcción en Madrid también es un éxito.

Pero el hecho histórico más relevante del momento fue el proceso de Burgos, en diciembre de 1970, en el que fueron condenados a muerte y luego conmutada la pena de varios militantes de ETA. El obrero metalúrgico Roberto Pérez Jáuregui muere en los días posteriores por disparos de la policía en el curso de una manifestación de protesta contra el proceso de Burgos.

En septiembre de 1971 es asesinado Pedro Patiño, por disparos de la Guardia Civil mientras repartía octavillas de Comisiones Obreras convocando una huelga de la construcción. En octubre de 1971 durante la huelga de la SEAT organizada por Comisiones Obreras, la policía ocupa la fabrica y dispara sobre los trabajadores, matando a Antonio Ruiz Villalba. El 10 de marzo de 1972 en la huelga de los trabajadores de Bazán, en el Ferrol, son asesinados por la Policía los trabajadores Amador Rey y Daniel Niebla.

En esos años se procedió a la detención y ejecución de numerosos líderes sindicales, el colofón a esta actividad represora es la detención de la cúpula de Comisiones Obreras en una reunión clandestina en junio en 1972, que dio lugar al Proceso 1001, y la posterior condena en diciembre de 1973 a largas penas de cárcel. Los asesinatos de obreros continúan; en abril de 1973 la Guardia Civil ametralla una manifestación de dos mil obreros, matando de una ráfaga a Manuel Fernández Márquez, militante del PSUC y de Comisiones Obreras, en la puerta de la central térmica de Sant Adrià de Besòs. En septiembre, Cipriano Martos, obrero de la construcción, es asesinado mediante la tortura por la Guardia Civil en Reus, fue obligado a beber el contenido de un cóctel molotov. En octubre, durante un reparto de octavillas en la fábrica de CASA en Madrid, es asesinado a tiros por la policía el obrero Victoriano Diego Gómez.

En agosto de 1974 es asesinado por la Guardia Civil en Carmona, Miguel Roldán Zafra, en una manifestación de vecinos del pueblo en la que pedían agua potable. En enero de 1975 es asesinado por un guardia civil Víctor Manuel Pérez Elexpe, cuando estaba repartiendo octavillas de apoyo a la huelga general en Navarra, recibió cinco disparos a quemarropa y por la espalda. El 27 de septiembre de 1975, tuvo un gran impacto el fusilamiento tras un consejo de guerra de cinco militantes de ETA y FRAP.

En noviembre de 1975 Juan Carlos de Borbón asume la jefatura del estado y el ejército para convertirse en dictador cuando desaparece Franco. Tras la muerte del general se recrudece la represión. En los meses posteriores decenas de obreros y militantes antifranquistas son heridos y asesinados por la policía y la extrema derecha. La lista es interminable; en febrero de 1976 durante una manifestación a favor de los trabajadores del calzado en Elda, Teófilo del Valle es muerto a tiros por la policía. El 3 de marzo la policía mata en Vitoria a 5 trabajadores, Francisco Aznar Clemente, Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, José Luis Castillo García y Bienvenido Perea, y hiere a más de cien.

En agosto de 1976 el estudiante de 19 años Francisco Javier Verdejo Lucas, muere en Almería por disparos de la Guardia Civil mientras hace una pintada: "Pan, trabajo y libertad". En septiembre de 1976 el estudiante comunista, Bartolomé García Lorenzo, muere en La Laguna acribillado a tiros por agentes de la policía. Ese mismo mes es asesinado Carlos González Martínez, estudiante de 21 años, durante una manifestación. En noviembre de 1976 es asesinado de dos balazos por un guardia civil José Javier Nuin, estudiante de 19 años. En diciembre Ángel Almazán Luna es apaleado en una manifestación a favor de la abstención en el referéndum de la Ley para la Reforma Política y muere por la paliza. En enero de 1977 muere José Vicente Casabany durante una manifestación. También muere Juan Manuel Iglesias, de 16 años, al huir de una carga policial y Arturo Ruiz es asesinado por la "Triple A", ambos en manifestaciones pro amnistía.

El 24 de enero de 1977 nueve abogados laboralistas de Comisiones Obreras, militantes del PCE, fueron ametrallados por un grupo de ultraderecha. Cinco resultaron muertos: Rodríguez Leal, Luis Javier Benavides, Enrique Valdevira, Serafín Holgado y Francisco Javier Sauquillo. Ese mismo día, en una manifestación de protesta por el asesinato de Arturo Ruiz, la policía mata con un bote de humo a Mª Luz Nájera y muere en Cartagena Pancho Egea, trabajador de la construcción, durante una manifestación conjunta de obreros de la construcción y del metal. En marzo muere José Luis Aristizabal Lasa, estudiante de 20 años, durante una manifestación pro amnistía, también muere Ángel Valentín Pérez, obrero de la construcción de 24 años, apuñalado por elementos de ultraderecha durante una manifestación.

Más tarde, en diciembre de 1977, se aprueba la Ley de amnistía y las cárceles repletas de presos políticos se vacían, esto supone cierto respiro pero continúa la represión y muchos más luchadores mueren en los años posteriores, como: Manuel García Caparrós, obrero malagueño militante del Comisiones obreras y el PCE, en diciembre de 1977 en una manifestación por la autonomía de Andalucía; Javier Fernández Quesada, estudiante comunista de 22 años, que muere ese mes en Tenerife por disparos de la policía; Francisco Rodríguez Ledesma, obrero sevillano asesinado en una manifestación de trabajadores; Elvira Parcero Rodríguez, de 22 años, asesinada en una manifestación de los trabajadores de la empresa Ascón; José Luis Escribano, militante de Comisiones Obreras, es asesinado en Soria por cuatro disparos de un policía en el transcurso de una discusión; Manuel Medina Ayala, militante del PCE, apuñalado por un grupo ultraderechista durante un acto en solidaridad con el pueblo chileno; Andrés García, joven comunista asesinado por miembros del Frente de Juventud.

Los luchadores asesinados después del 6 de octubre del 1977 no son reconocidos como victimas por las leyes, ni han percibido ayuda alguna. Estas matanzas y asesinatos permanecen impunes, la conculcación de derechos sigue vigente, y los máximos responsables no han sido juzgados y están presentes en la vida política, desde Juan Carlos de Borbón, jefe del estado y del ejército, a Manuel Fraga Iribarne o Rodolfo Martín Villa, ministros de Gobernación en esos años.

Han pasado más de treinta años desde que se produjeron estos crímenes, y los asesinos de centenares de defensores de la libertad no han sido condenados y siguen presentes en la vida política, algo impensable en una Democracia. Todos las afectados, víctimas, familiares y asociaciones, piden la anulación de los juicios de la dictadura y que se procese y condene a los responsables de estos crímenes para terminar con la impunidad en el estado español.

Existe una enorme deuda con las víctimas del franquismo y con las de la transición, ya que cuando se pudo no se hizo casi nada por las personas que fueron represaliadas durante la Dictadura, sólo pequeños pasos hacia la lenta y costosa rehabilitación de los luchadores y luchadoras por las libertades que se han dado en los últimos años gracias al esfuerzo de los familiares de las víctimas y de las organizaciones que reivindican la memoria histórica. 

La asociación La Comuna reivindica la investigación de las torturas del franquismo

El torturador Melitón Manzanas

"Amenazaban con llevarte a manos de Meliton Manzanas"

Público / DIEGO BARCALA- MADRID 08/01/2012 

Tan sólo dos años después de la caída del muro de Berlín, el escritor alemán Georg Dreyman acude a los archivos de la Stasi, la poderosa policía secreta de la antigua RDA, a comprobar quién era el policía encargado de espiarle, qué escribió sobre él, qué sabía de su vida... La conocida escena pertenece a la película La vida de los otros (Florian Henckel von Donnersmarck, 2006) y representa la ruptura con el pasado que España no hizo en su transición. Los expresos políticos españoles no sólo desconocen qué fue de sus informes policiales sino que los que ordenaron su elaboración, los utilizaron para condenarlos, los encarcelaron y hasta les torturaron siguieron en sus puestos o incluso fueron condecorados por el nuevo régimen democrático.

El próximo 21 de enero se presenta la asociación de expresos del franquismo La Comuna. Militantes de la Liga Comunista Revolucionaria, el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), el PCE o la prehistórica ETA VI Asamblea que reclaman la nulidad de sus juicios y sentencias como un hecho que va más allá de un simple reconocimiento moral a su lucha por la democracia. "Los tres presidentes que tuvo el TOP (Tribunal espacial de Orden Público o represión en vigor desde 1963 a 1977) se reintegraron en el Tribunal Supremo y los 11 jueces acabaron haciendo sus carreras en la Audiencia Nacional y en las Audiencias Provinciales", ejemplifica José María Galante, militante de la Liga Comunista Revolucionaria que fue detenido cuatro veces entre 1968 y 1973.

"Los presidentes del TOP se reintegraron en el Supremo", denuncia Galante

Como asociación tienen un símbolo. No es otro que la desaparecida cárcel de Carabanchel, por donde pasaron miles de presos políticos y ahora mismo no hay una simple placa que los recuerde. "Hace tres años apareció por ahí Rubalcaba diciendo que corría mucha prisa construir sobre la cárcel. Y hoy sigue siendo un solar. Tenían mucha prisa por hacer desaparecer los muros", explica Galante, conocido por todos como Chato.

"Lo mejor es que en la puerta del edificio una pancarta dice: Bienvenidos", recuerda sobre la sede de la Stasi de La vida de los otros Luis Roncero, de 69 años, exmilitante del FRAP y que pasó cuatro años detenido en la cárcel de Carabanchel. Miles de militantes antifranquistas como Roncero, condenados por los tribunales ilegales e ilegítimos durante los años sesenta y setenta, nunca han confiado en la Justicia española para reclamar responsabilidades por las tropelías franquistas. "Estamos encandilados con la querella de Argentina porque es la única vía donde puede haber justicia. Aquí ya sabemos que no la va a haber. Y ya se ha visto en casos como el de Grimau o Humberto Baena que se da por causa juzgada", opina Galante.

Las torturas sufridas por esta generación de entonces jóvenes que heredaron de sus padres derrotados en la Guerra Civil la dignidad, el coraje y la persistencia han quedado impunes. "Yo caí en Santander y me libré de las palizas porque me pusieron contra un muro y me pegaron un tiro en la espalda que me atravesó los pulmones. Como le gustaba decir a Franco, no hay mal que por bien no venga", ironiza el exmilitante de ETA de 68 años, Enrique Guesalaga.

"Me libré de las palizas porque me pegaron un tiro", recuerda Guesalaga

"En mi pueblo, en Eibar, donde todo el mundo hablaba en euskera, te castigaban si lo hablabas y antes de cada partido de pelota en el frontón te hacían cantar el Cara al sol. Esa es nuestra generación", explica Guesalaga, condenado en el proceso de Burgos a 50 años de prisión por un delito de terrorismo. Con la Ley de Amnistía de 1977 salió en libertad. "La gran trampa de la Transición", califica a esta norma su compañero Josu Ibargutxi, de 62 años. "Por 800 presos que había entonces en las cárceles, consiguieron aprobar una ley de punto final", añade Ibargutxi.

Detenido en coma

Una selección de expresos reunidos en un bar irlandés junto a la antigua sede del TOP, ahora Tribunal Supremo, en Madrid, describen a Público cómo fueron sus detenciones. "Yo caí detenido como activista en abril de 1968, antes incluso del mayo francés, por acudir a desactivar un artefacto que la organización había decidido poner en la delegación de uno de los aparatos de propaganda franquista más importante de entonces, que era el periódico El correo español. Fui a desactivarlo para evitar que hiriera a alguna persona que pudiera pasar y me explotó en el morro. Me quedé malherido y en coma. Por eso evité las torturas de la comisaría", describe Ibargutxi.

"La trampa de la Transición fue que el sistema perduró", opina Puig

Cuando recuperó sus facultades, Josu fue sometido a los temidos interrogatorios. "Como no cantaba todo lo que querían, me amenazaban con hacerme pasar por las manos de Melitón Manzanas, el temido torturador franquista, que en agosto la organización decidió ejecutar", recuerda. El Gobierno de José María Aznar condecoró en 2001 a Manzanas con la Medalla de Oro al Mérito Civil.

El grado de las palizas dependía del momento de la detención. Valentín García, de 68 años, fue detenido el 29 de enero de 1969, en pleno estado de excepción por la muerte días antes del estudiante antifranquista Enrique Ruano. "Estuve 15 días detenido e incomunicado. Me ataban a la silla y me desnudaban por el efecto psicológico. Me pegaron noche y día, aunque ni me acuerdo de qué horas eran", recuerda.

Los expresos del tardofranquismo se reconocen a sí mismos como una organización huérfana de padres políticos. El PSOE apenas contó con presos en la Transición y el PCE "se olvidó de los suyos", como destaca Galante. "La frase que define ese olvido es la de Santiago Carrillo cuando dice que el PCE ya ha enterrado a sus muertos", explica (Marcelino Camacho aseguró en 1977 que el PCE había "enterrado sus muertos y sus rencores"). "¡Con todos los que todavía tienen desaparecidos en cunetas!", exclama Guesalaga.

Aznar condecoró al torturador Manzanas en 2001 como víctima de ETA

Tres décadas después de la Ley de Amnistía, los expresos se preguntan por qué no la han debatido hasta ahora. "Cuando salimos, pensábamos en el futuro. Éramos gente joven, nuestra generación no es la que vivió la guerra y teníamos muchos proyectos por hacer. El objetivo era derrocar a la dictadura. Queríamos romper con el sistema y transformarlo. Buscábamos la emancipación social. La Transición fue una trampa que hizo perdurar el sistema", analiza Acacio Puig, de 63 años, exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria.

Puig pide un té y sonríe a Chato al recordar sus tiempos entre rejas. "Tomábamos siempre té. Era como un ritual", recuerda de sus días en Carabanchel. Acacio cayó en 1973 en un piso de Vallecas donde su organización tenía un almacén de propaganda electoral. Tras pasar por los calabozos de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, tuvo un juicio militar. "Me metieron 13 años por asociación ilícita, propaganda ilegal y añadieron terrorismo porque les interesaba por haber sido un juicio militar", concluye.

Si hay algún personaje de los calabozos que todos recuerdan es Saturnino Yagüe, jefe de la Brigada Político Social, excombatiente de la División Azul que falleció en 1978 después de haber recibido una medalla al mérito policial, entre otras condecoraciones. "Fue el que refinó las torturas. Hasta entonces eran muy borricos y este refina los métodos", añade Puig.

"Yagüe refinó las torturas en la Brigada Político-Social", dice un ex preso

Perfil del funcionario

"El perfil del jefe de las prisiones cambia. Ya no son gente acostumbrada a sacar a fusilar cada día a un puñado de presos. A partir de los setenta saben que no se puede hacer eso. Por ejemplo, el jefe de la prisión en Segovia nos permitía tener equipos de música. Bueno, y además, con tal de que no hiciéramos ruido, nos dejaba en paz hasta tal punto de que preparamos dos fugas consecutivas", apunta Chato. "Nuestra gran reclamación era el estatuto del preso político. Nunca lo conseguimos, pero éramos tratados como presos políticos", matiza Ibargutxi.

Con un proceso de anulación de una sentencia, los expresos aspirarían a tirar de la manta de miembros de la brigada político social, guardias civiles o incluso de jefes de prisiones. Acacio apunta a alguno de esos funcionarios de prisiones como represores: "Javier Cabezudo Hernández, director de Carabanchel, José Manuel de la Fuente, de Soria, Antonio Rodríguez Alonso, del Puerto de Santamaría, o Prudencio de la Fuente, de Burgos".

"El PSOE no tenía presos y el PCE se olvidó de ellos", denuncia Chato

Todos coinciden en señalar que las peores experiencias que se vivieron en las cárceles fueron sufridas por los jóvenes. "Éramos unos 15 presos políticos de menos de 20 años. Nos juntaron con el resto de presos comunes que nos hicieron la vida imposible dirigidos por los funcionarios. No podíamos mantener ni la comida por la mafias que se formaban. Cómo sería que, cuando me trasladaron al módulo de adultos, creía que eso era la libertad", recuerda Ramiro, ex del reformatorio de Carabanchel. 

Jesús Pueyo en el corazón

Hoy he conocido la triste noticia de que el entrañable Jesús Pueyo nos ha dejado, el pasado día 5 de enero de madrugada.

Desde estas líneas deseo trasmitirle a su familia la tristeza que me invade el saber que ya no esta entre nosotros.

Lo conocí vía correo electrónico hace ya cuatro años y desde entonces lo sentí como uno de los más entrañables dentro de este gran circulo de víctimas y familiares que estamos constantemente trabajando en busca de que en este país haya justicia por los crimenes del franquismo.

Desde donde te encuentres Jesús, seguiremos trabajando incansablemente...

¡Siempre en nuestro corazón!

MJBarreiroLG

Su web:

sábado, 7 de enero de 2012

Valle de los Caídos: dejen salir a los muertos


José Antonio Martín Pallín / ElPaís.com 06/01/2012
Como un árbol de piedra con dos ramas extendidas, se aparece a lo lejos rompiendo la armonía de un bosque frondoso, una descomunal cruz que se apoya sobre las entrañas desgarradas de la tierra. Cuando ya seamos el olvido que seremos, los habitantes de nuestra tierra seguirán contemplando, no sé si con resignación o fervor, ese monstruo petrificado por deseo de un dictador que acumula sobre su biografía la ingente cantidad de más de 200.000 asesinatos previamente anunciados y sistemáticamente ejecutados.

Las obras de la basílica sepulcral del Valle de los Caídos comenzaron el 1 de abril de 1940 con la significativa presencia de los embajadores de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Todo se desarrolló según la parafernalia del régimen, incluso el Caudillo activó el primer barreno. El decreto que acuerda su construcción es suficientemente expresivo. Se trataba de honrar a los que cayeron en el camino de Dios y por la patria, a sus héroes y sus mártires. Es difícil darle la vuelta a la historia.

Nuestro país ha demostrado tener una memoria selectiva. Los tiempos, las actitudes y las víctimas son evaluados conforme a criterios de pura oportunidad política. Se ha constatado de nuevo con ocasión del comunicado reciente de la organización terrorista ETA. Al conocer su texto, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos esfuerzos han sido decisivos para adelantar el final de la banda terrorista, pronunció una frase que comparto en su integridad: "Será una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria". Me hubiera gustado que cuando se inició la Transición, y sobre todo cuando entró en vigor nuestra Constitución de 1978, alguien hubiera proclamado: "Será una democracia sin franquismo, pero no sin memoria".

Una vez más nuestro país corre el riesgo de padecer una amnesia desgarradora que dificulte nuestra convivencia. Solo en España es posible una reacción semejante. En otros países el debate sobre sus convulsiones internas fue más maduro y transparente. ¿Qué ocultan o no quieren expresar los que se instalan en el desdén y en el reproche a quienes queremos rescatar la democracia de las ataduras del dictador? ¿Por qué no se posicionan de manera clara y sin tapujos en favor de la dictadura? Nada les impide sostener, con entera libertad, que su régimen fue una era prodigiosa que lanzó nuestro país hasta cumbres y metas nunca jamás alcanzadas. Si admiten generosamente que es posible que hubiera excesos pueden justificarlos acudiendo a la teoría de la legítima defensa. Si tienen problemas, su líder y san Agustín pueden sacarles del apuro: era necesario para salvar a España. No había otra alternativa que eliminar los miembros podridos.

Tapan sus vergüenzas dialécticas y sus carencias éticas bajo la demagogia más burda. Sostienen que es maniqueo decantarse por quiénes fueron los buenos y cuáles los malos. Para evitarlo se refugian en la más árida simpleza argumental. Con la más desenfadada demagogia, formulan preguntas que consideran demoledoras ¿A quién le importa esta antigualla? Lo que realmente importa a la gente es el paro. Doscientos mil asesinatos, previamente calculados y fríamente ejecutados, ¿a quién le importan? Nos importan a muchos que, como dice Thomas Mann, pensamos que "pasarlo todo por alto con elegancia, no siempre es lo más adecuado y les pone las cosas demasiado fáciles a los canallas".

No faltan los conformistas y los calculadores. Se sienten incómodos con los que solicitamos verdad, justicia y reparación. Consultaron a lumbreras demoscópicas que les dijeron que no era un buen negocio electoral. Según sus sabias previsiones perderían votos. Efectivamente, tenían razón, más de cuatro millones.

La comisión de expertos, nombrada por el anterior Gobierno, ha dictaminado que Franco debe salir de la montaña horadada y José Antonio ocupar un puesto junto a los restos de los republicanos desenterrados subrepticiamente por sus asesinos.

Me desconcierta que se conceda la última palabra a la Iglesia. No soy especialista en derecho canónico, pero me permitirán manifestar mi perplejidad ante la sumisión de la dignidad democrática a los mágicos efluvios de una posible sacrali-zación de las piedras. La Iglesia no tiene nada que decir, en todo caso, aunque tarde, pedir perdón por su complicidad decisiva para que esta tragedia se consumase.

Sigo pensando que nunca es malo ni tarde para rectificar un error. En todo caso, si los poderes públicos deciden seguir calculando y claudicando, que dejen salir a las víctimas. Es insoportable que reposen junto a su asesino. Sabremos buscarles un espacio de dignidad democrática, donde, como en los cementerios emblemáticos de los países que han luchado por la libertad, puedan recibir el homenaje de sus conciudadanos. La montaña horadada y el risco que soporta la cruz pueden ser ocupados, cada 20 de noviembre, por los cánticos fascistas hasta que la maleza los cubra piadosamente sepultándolos en el olvido.

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