15 de enero de 2014

Estimada Mª José ... recuerda que aunque a veces hay malas experiencias, nunca debes retroceder ni rendirte, quien persevera alcanza.
Joan Busquets i Verges. Exmaqui libertario del Berguedá 28/12/2013

martes, 31 de marzo de 2009

Acto en el Parlamento el 1 de abril, 12.30 h. Con motivo del 70 aniversario del final de la guerra (del golpe) contra la II República española

Acto organizado por el Grupo Parlamentario ER-IU-ICV sobre


“70 ANIVERSARIO DEL FIN DE LA GUERRA CIVIL”

Desarrollo de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica


Miércoles 1º de abril

De las 12.30 horas a las 14.30 horas

en la Sala de Columnas

del Congreso de los Diputados


PROGRAMA

12.30 horas Proyección de un DVD sobre la memoria Histórica (30 minutos de duración).


Al final del Pleno: Intervenciones


- Benjamín Prado, escritor.


- Marcos Ana, poeta y ex preso político.


- Víctor Díaz Cardiel, ex preso político.


- Carmen Arrojo, ex presa política


- Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.


- Joan Herrera, diputado ICV


- Gaspar Llamazares, diputado IU.


Duración máxima: Hasta las 14.30 horas.


Se adjunta interpelación del Grupo Parlamentario sobre medidas de desarrollo de la ley de Memoria Histórica, cuya presentación ante el Pleno del Congreso se producirá el 1º de abril.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de ER-IU-ICV presenta la siguiente Interpelación Urgente sobre las medidas que tiene previsto el Gobierno aprobar para hacer efectiva la aplicación y desarrollo de la Ley 52/2007, para su debate en el Pleno.

El próximo día 1º de abril tendrá lugar el 70 aniversario del final de la Guerra Civil Española que rubricó la derrota militar de la democracia y el inicio de la Dictadura franquista, preludio de la Segunda Guerra Mundial.

En esa fecha se habrán cumplido quince meses desde la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

La aprobación de esta Ley generó esperanza y satisfacción en muchos colectivos de represaliados políticos antifranquistas, de familiares de víctimas de la represión y de colectivos que dedican trabajo y esfuerzo por recuperar la historia y los cuerpos de muchos de los que todavía hoy continúan en fosas comunes clandestinas.

El Consejo de Ministros acordó el 31 de octubre de 2008 una serie de medidas de desarrollo de esta Ley, fijando los criterios para la retirada de los símbolos franquistas de los edificios del Estado y para el acceso a la consulta de los libros de actas y defunciones de los registros civiles; estableciendo el protocolo para la exhumación de víctimas y los criterios para la elaboración de un mapa de los territorios donde se localicen sus restos. También aprobó tres Reales Decretos, el primero regulando el procedimiento de indemnizaciones a favor de personas fallecidas o con lesiones derivadas de su lucha a favor de la democracia; el segundo fijando el procedimiento para obtener la declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron la persecución y violencia por las razones que fueran durante la Guerra Civil y la Dictadura; y el tercer Real Decreto regulando la concesión de la nacionalidad española a los voluntarios de las Brigadas Internacionales.

De otra parte, el Consejo de Ministros, en su reunión de 19 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo de creación de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.

Más recientemente, el Gobierno ha impulsado la digitalización de archivos, y muy especialmente, la reorganización del Archivo General de Guerra Civil.


Aunque la mayoría de estas medidas están en curso de aplicación, algunas de ellas están pendientes de aplicación y otras permanecen inéditas. La Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, que debe encargarse de impulsar y coordinar el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, todavía no existe ni funciona, como tampoco se ha puesto en marcha la confección de un mapa integrado de los lugares de inhumación consignados. El Protocolo de actuación que debe asegurar la cooperación institucional y el trabajo científico en las exhumaciones parece estancado. Tampoco se han tomado medidas para la elaboración del censo de obras realizadas mediante trabajos forzados.


La retirada de símbolos dependientes de la Administración central del Estado avanza a buen ritmo, pero permanecen intactos miles de símbolos franquistas dependientes de varias Comunidades Autónomas, de numerosos Ayuntamientos y de la Iglesia Católica, sin que ante estos incumplimientos se observe ninguna medida de presión por parte del Gobierno para que se aplique una ley de obligado cumplimiento.


Paralelamente, el Gobierno ha reducido la cuantía de las subvenciones acordadas a las Asociaciones de la Memoria Histórica, en particular a aquellas que trabajan en la búsqueda e identificación de los restos de las víctimas. Y tampoco está dispuesto a costear estos trabajos de exhumación, del mismo modo que el Gobierno rechaza la compensación económica a las familias a los ciudadanos a los que Franco expolió sus ahorros mediante la confiscación de los billetes republicanos.


Mientras tanto, los ex militares de la Unión Militar Democrática siguen esperando un reconocimiento oficial y las indemnizaciones que pudieran corresponderles por las medidas represivas de las que fueron objeto en castigo a su compromiso con el retorno de un sistema democrático en España.


Todavía no se han retirado de forma simbólica las condecoraciones que Franco concedió a Adolf Hitler y a Benito Mussolini el 1 de octubre de 1937. Y tampoco se ha abordado desde el Gobierno el problema de los niños robados por el franquismo, segregados de sus familias y dados en adopción a personas afectas al Régimen o internados en centros de reeducación en los ideales del llamado Movimiento Nacional.


Finalmente, y a modo de ejemplo, el Gobierno todavía no ha decidido el nuevo uso que ha de dar al Valle de los Caídos, después de haberse comprometido a estudiar las peticiones formuladas para cambiar su significado.


Por todo ello se presenta la siguiente


Interpelación Urgente sobre las medidas que tiene previsto el Gobierno aprobar para hacer efectiva la aplicación y desarrollo de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, todo ello cuando el próximo día 1º de abril se cumple el 70 aniversario del final de la Guerra Civil Española.


Palacio del Congreso de los Diputados

Madrid, 18 de marzo de 2009


Gaspar Llamazares,Trigo Joan Herrera Torres