25 Dic 2008 RAFAEL ESCUDERO ALDAYEl 26 de diciembre se cumple un año de la aprobación por el Parlamento de la Ley de Memoria Histórica. Un año en que se han confirmado los negros presagios que acompañaron su tortuoso recorrido parlamentario. La falta de interés por parte del Gobierno y el grupo socialista –atrapado por una promesa electoral a la que a duras penas quería dar cumplimiento– y la feroz oposición de un Partido Popular incapaz de marcar distancias con el franquismo lastraron su alcance y contenidos. Sólo gracias a la acción de grupos como Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya, junto con la incansable labor del movimiento asociativo, se pudo lograr la aprobación de la ley.
Era de esperar que tal panorama se trasladase al día después, cuando debía comenzar la tarea reglamentaria de su desarrollo. Desde entonces, ha pasado un año caracterizado por vacíos y silencios más que por la implantación de políticas de ejecución del texto legal. Un año en el que lo anecdótico ha sido elevado a la categoría de trascendental y en el que se ha pretendido –y, en buena medida, conseguido– sacar el tema de la memoria histórica de la agenda política. Y la responsabilidad recae de forma casi exclusiva en el Gobierno. Veamos las razones que sustentan esta afirmación. En primer lugar, la extrema lentitud con que ha puesto en marcha la ejecución de la ley: los primeros decretos de desarrollo están fechados el 3 de noviembre de 2008, casi un año después de su entrada en vigor. Merece la pena detenerse en esta coincidencia: la preparación de estos decretos fue anunciada por la vicepresidenta del Gobierno el mismo día de septiembre en que se hizo pública la ya famosa providencia de Garzón.....
Rafael Ecudero Alday es Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III y coeditor del libro ‘Derecho y memoria histórica’
Ilustración de Miguel Ordóñez
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